*Este texto fue modificado el 3 de noviembre para incluir las decisiones finales sobre DSI adoptadas al cierre de la COP16. 

Una semilla de fríjol alojada en un banco de semillas es un recurso genético. Pero cuando el material genético de esa semilla se extrae y decodifica para comprender cómo está compuesto y luego publicar esta información, pasa al territorio de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos. En ambos casos la información genética es la misma, pero el formato, la escala y el nivel de procesamiento de esa información son diferentes. 

La información digital sobre secuencias de recursos genéticos es uno de los temas más disputados, complejos y relevantes de esta COP16 del Convenio de Diversidad Biológica. De hecho, tanto en inglés como en español se refieren a él como DSI (digital sequence information), para abreviarlo. Pero DSI es apenas una sigla temporal para un concepto que no tiene definición consensuada, por lo que no se sabe exactamente qué incluye. 

Aún así, el DSI está incorporado en el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, la hoja de ruta para la proteger y detener la pérdida de biodiversidad resultado de la COP15 que ocurrió en 2022 y cuya implementación se está discutiendo en esta conferencia en Cali. La meta 13, de 23 que se pactaron para ser cumplidas a 2030, se refiere a este concepto y busca tomar medidas diversas para “lograr la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos, así como de los conocimientos tradicionales asociados”.

El uso de información digital sobre secuencias de recursos genéticos es útil para muchas industrias y, además, mucho más barato que trabajar ‘desde cero’ con los recursos genéticos. Según Nithin Ramakrishnan, representante de Third World Network en uno de los grupos consultivos sobre el uso del DSI en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, son cinco los principales sectores que usan esta información digital: biotecnología, academia, farmacéuticas, cosméticos y  agropecuario. El uso de esta información representa enormes beneficios comerciales para estas industrias. Un ejemplo claro, global y reciente es el caso del COVID-19: Moderna obtuvo 20.000 millones de dólares en ganancias por la vacuna en 2021 y 2022, que produjo gracias al uso de información digital sobre secuencias de recursos genéticos. 

Opaco, aún bajo los microscopios, y sin miras a esclarecerse

¿Qué incluye exactamente el DSI? No está claro. Según un estudio comisionado por el secretariado de la Convención de Diversidad Biológica en 2019, hay cuatro ‘escuelas’ de comprensión de este concepto en construcción. Se diferencian en la escala genética que incluyen dentro de la definición: el más estrecho entiende DSI solo como ADN y ARN, las moléculas base que contienen y transcriben la información genética. El más amplio incluye ADN, ARN, proteínas, metabolitos y hasta conocimiento tradicional e interacciones ecológicas. Es decir, considera muchísima más información, tanto genética como aquella que se deriva de la interpretación sobre esa información genética, dentro del concepto. 

El único común denominador entre ellas es que se refieren a la información digital disponible sobre estas secuencias, no al recurso genético. Volviendo al ejemplo del fríjol: la concepción más estrecha solo consideraría la información sobre la composición del ADN del fríjol. Del otro lado, la más amplia consideraría toda la cadena de conocimientos necesarios para entender que a ese fríjol se le puede dar un uso particular. Por ejemplo, la secuencia de la composición genética que muestra cómo una parte de su ADN se expresa en una característica particular de ese fríjol que le permite fijar más nitrógeno en el suelo, y además la identificación que las comunidades locales hacen de esa característica y que las lleva a interpretarla de tal manera que usan ese fríjol para restaurar terrenos degradados.

Este ejemplo demuestra que dependiendo de la definición que se establezca como oficial, las discusiones y consecuencias alrededor del DSI pueden ser muy distintas. Pero concretar esta definición no ha sido una prioridad en esta COP16. No obstante, esto será algo que el grupo de personas delegadas que discuta este tema, tendrá que solucionar en los próximos años para así resolver de una vez por todas el asunto del DSI como un término ‘placeholder’, o provisional, mientras se acuña el definitivo. 

“Es una discusión económica”

Para entender lo que es el DSI, cómo funciona, por qué es importante y qué es lo que se está discutiendo al respecto en la COP16, es indispensable su dimensión científica. Pero, como explica Jonny Castro, asesor técnico del delegado colombiano de los pueblos indígenas en las negociaciones sobre DSI, “es una discusión más económica y financiera que técnica”. 

A lo que Castro se refiere es que la discusión principal, alineada con las prioridades de esta COP sobre implementación del Marco Global de Biodiversidad —y en consecuencia, sobre dinero—, no es sobre qué escala genética abarca el DSI, sino sobre quién usa esa información digital genética, cómo accede a ella, cuánto debe pagar quien la usa a quien la tiene y cómo le debe pagar. 

Por ello, uno de los temas en los que invirtieron más tiempo discutiendo fue el mecanismo para pagar por el uso de DSI, pues antes de la COP16 no existía un fondo destinado exclusivamente a esto. Había habido acuerdos bilaterales en los que empresas y estados acordaron un pago por la provisión de DSI. Al cierre de la conferencia, una de las grandes victorias fue la creación del “Fondo de Cali”, un mecanismo multilateral de pago de beneficios monetarios, al que tanto empresas, estados, filantropías u otras organizaciones puedan contribuir. Esto garantizará mayor transparencia en los acuerdos que se hagan entre empresas y estados, por ejemplo, por el uso del DSI. 

Al grupo de trabajo de DSI le tomó 10 de los 12 días de la conferencia llegar al acuerdo de proponer este fondo, a pesar de que ya lo habían discutido en sesiones previas.

Biopiratas digitales

Aunque el mecanismo de pago tomó varios días de discusión, no está ni cerca de haber sido el punto más álgido: si el pago a este fondo multilateral es obligatorio o voluntario levantó aún más ampollas. Sobre la mesa estuvieron ambas opciones, cada una con defensores y detractores. Canadá, Suiza, la Unión Europea y China defendieron que fuera voluntario, mientras que Brasil y la Unión de Países Africanos propusieron un impuesto a las empresas por un porcentaje de las ganancias de los productos que resulten del uso de DSI. 

La decisión final indica que las entidades que usen DSI deben —mas no tienen que— contribuir al fondo con 1 % de sus ganancias o 0.1 % de sus ingresos. Sin embargo, aclaran que este porcentaje sería indicativo. Esto quiere decir que el pago no es obligatorio, pero es la opción más fuerte que se discutió dentro de las posibilidades del pago voluntario. Para ponerla en contexto, también se consideró como alternativa que el texto dijera que a las entidades “se les motivará” (be encouraged to) a contribuir. Al menos tener el deber de pagar implica que hay incentivos reputacionales, que el texto aprobado busca asegurar mediante un certificado de pago que funciona como reconocimiento para las empresas que usen DSI por haber “compartido de manera justa y equitativa los beneficios monetarios”. 

Para Nithin Ramakrishnan, del equipo consultivo sobre el uso de DSI, pensar en siquiera plantear la opción de un fondo voluntario “es legitimar la biopiratería digital”. La biopiratería es la apropiación ilegítima de recursos e información genética por parte de personas, entidades o empresas, frecuentemente con propósitos comerciales y a través de mecanismos como las patentes. Esto ocurre a costa de las comunidades que cultivan los conocimientos sobre esta información genética y que no reciben remuneración por ello. 

La biopiratería digital, en este caso, es facilitada por bases de datos abiertas que permiten el acceso libre a la información, tanto para subirla como para descargarla, por lo que no supone ninguna obligación para los usuarios. Esto implica también que en algunas de estas no haya una trazabilidad sobre el origen de los recursos genéticos de los cuales se extrajo la información digital ni sobre quién los sube o los descarga. Por este motivo, el uso de estas bases de datos no supone ninguna obligación para los usuarios. Es decir, cualquier persona puede tomar un recurso genético, secuenciarlo y publicarlo para uso público y abierto sin decir de dónde lo sacó ni revelar su información personal. Y, del otro lado, cualquier persona puede acceder a esta información, descargarla y usarla sin decir para qué ni quién es. 

Para Ramakrishnan, un fondo de aporte voluntario no solamente no garantiza que entre dinero para la participación equitativa en los beneficios derivados del uso de DSI, teniendo en cuenta que ya existe uno voluntario al que no está entrando el dinero prometido, sino que impide la regulación del acceso a la información digital de recursos genéticos. 

Pero las opciones no se limitaron solo al pago voluntario o pago obligatorio. Dentro del pago obligatorio también se discutió cómo hacerlo y quiénes lo hacen. Acá la discusión fue, nuevamente, sobre escala. Solo que esta escala no es genética sino corporativa. ¿Deben pagar todos los sectores que usan DSI? ¿Deben pagar solo las empresas más grandes? ¿Deben pagar las que más ganancias obtienen por el uso del DSI? ¿Deben pagar o retribuir con beneficios no monetarios también los sectores que no se lucran por el uso de DSI pero reciben otro tipo de ganancias, por ejemplo, reputacionales? 

En el documento final aprobado en plenaria se establece que son las empresas que excedan al menos dos de estas condiciones —tener un promedio anual en los últimos tres años de más de 20 millones de dólares en activos, o ventas por más de 50 millones de dólares o ganancias por más de 5 millones de dólares— quienes deben contribuir un porcentaje de sus ingresos o ganancias al fondo, pero todas las entidades que se beneficien del uso de DSI deben hacer contribuciones no monetarias. 

“Lo que tiene más sentido es que quien está obteniendo un beneficio comercial de la utilización de la información genética, entonces pague y así comparta una parte de los beneficios comerciales” dice Isabel López Noriega, especialista legal y de políticas en la Alianza Bioversity CIAT, sobre la postura oficial de este centro de investigación, que es uno de los líderes mundiales en investigación agrícola.

“Mi postura es que puede que no haya beneficios comerciales, por ejemplo, para el sector académico o para el sector científico, pero la utilización de la información genética genera toda otra serie de beneficios”, agrega López. Para ella, estos beneficios pueden ser financiación para investigación, reputación, capacidad de generar más tecnología, y eso también se puede compartir. Por eso cree que todos los actores que usen DSI deberían tener obligación de compartir beneficios no monetarios, “quizás también ver si hay algún beneficio que no sea comercial pero que también sea monetario y que se deba compartir”. 

Con el texto que se aprobó, el Fondo de Cali no es legalmente vinculante, por lo que no es una garantía de que su existencia contrarreste la biopiratería digital. 

En medio de las discusiones científicas y políticas, no olvidar el sentido común 

Isabel López cree que hay valor en el acceso abierto a bases de datos porque “la información genética es una herramienta fundamental para la conservación y para el mejoramiento de plantas o de animales domésticos. Cuanto más gente la use, mejor, porque vemos beneficios en la forma de responder mucho más fácilmente a las necesidades que surgen y derivadas de cambios climáticos radicales o de necesidades nutricionales que surgen en una determinada población”. Sin embargo, aclara que también hay muchos beneficios en saber cómo se usa esa información, entre otras razones, para poder rastrear sus beneficios derivados y compartirlos y por eso entiende los llamados de la sociedad civil hacia una mayor transparencia y trazabilidad en el uso del DSI.

Pero López también explica que el otro lado de la trazabilidad es un contrasentido. “Desde el punto de vista del sentido común, ¿qué es lo que quieres trackear?”. Si se obliga a quienes publican secuencias de información genética en entornos digitales a registrar de qué país viene esa información con el objetivo de que quien la use le pague a ese país de origen, ¿qué se hace con el uso de un gen que se ha sacado de una especie de Colombia y que además se encuentra en otras 250.000 especies que están en 28 países diferentes? 

Muchos seres vivos compartimos gran parte de nuestra información genética y, en consecuencia, una secuencia de información genética puede venir de muchos lugares similares. Establecer mecanismos de trazabilidad del origen de la información genética común a muchas especies de muchos países puede entonces derivar, bajo esta mirada, en que quien use el DSI elija secuencias que no provienen de países que exijan mecanismos de participación de beneficios, como explica la Red Científica de DSI. 

López entonces se pregunta: “¿Hasta qué punto el concepto de soberanía nacional que funciona tan bien para ecosistemas o especies se puede trasladar a genes o secuencias genéticas que están repetidas en muchísimos seres vivos que proceden y se desarrollan en lugares completamente distantes?”. Porque una cosa es hablar de una especie en su totalidad y otra muy distinta de una porción minúscula de su código de vida que probablemente está lejos de ser único. 

Y para Colombia ¿qué? 

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. “Tenemos la mayor biodiversidad por metro cuadrado”, dijo Petro en su discurso de apertura del segmento de alto nivel de la COP16. Esto significa que somos proveedores de recursos genéticos de los cuales proviene el DSI y, en consecuencia, podríamos recibir dinero del Fondo de Cali por el uso que en el mundo se haga de la información que tenga origen en este país. Pero este dinero no es de uso libre. Debe ser destinado a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

“La postura de Colombia es que las bases de datos deben ser públicas y todos los que las usen deben contribuir, pero no todas las contribuciones deben ser monetarias. También hay no monetarias”, explicó Jonny Castro, asesor del delegado colombiano de pueblos indígenas en el grupo de contacto que discute DSI, antes del cierre de la COP. El texto final indica que todas las entidades que usen DSI deben compartir sus beneficios no monetarios. En este caso, de nuevo, “deben” es diferente a “tienen que”. 

Castro, que también es asesor de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas, explica que la postura de los pueblos indígenas en Colombia sobre DSI es que debe haber bases de datos no solo públicas, también privadas. “El 80 % de la biodiversidad del mundo está en territorios indígenas”, dice. Las bases de datos privadas, a las que no cualquiera tiene acceso, pueden ayudar a revertir la injusticia epistémica con la que se han extraído materiales genéticos de territorios indígenas, restringiendo el acceso a esa información. “Hay mucha información de nosotros regada por fuera, que se ha hurtado. Sin el consentimiento, sin el derecho fundamental a la consulta, o sea, violentando muchos derechos. Hay una usurpación de nuestra información”, anota. 

Una posible victoria para los pueblos indígenas en el texto final es la asignación de al menos la mitad del dinero que entre al Fondo de Cali para “financiar las necesidades auto-identificadas de pueblos indígenas y comunidades locales”. En medio de la debilidad del texto hacia las entidades que usan DSI, al menos esta alocación monetaria es un reconocimiento al papel fundamental de estas comunidades en la conservación de la biodiversidad. 

Aunque DSI fue uno de los temas de alto interés durante la COP16 que sí se alcanzaron a discutir antes de que la plenaria de cierre fuera suspendida por falta de quórum el sábado 2 de noviembre en la mañana, aún hay temas que deben revisarse en el futuro. Las cifras indicativas del pago que las empresas deben hacer, por ejemplo, quedaron en el texto como un asunto a revisar y ajustar en la COP17 que ocurrirá en Armenia en 2026. La efectividad del Fondo de Cali y los criterios de alocación de recursos a los estados miembro también se discutirán en la próxima conferencia. 

El Fondo Global de Biodiversidad fue creado en 2022 para recibir y administrar los 200.000 millones de dólares que los países ricos pactaron en la COP15 para garantizar la implementación del Marco Global de Biodiversidad. Como en el nuevo Fondo de Cali, las contribuciones de los países al Fondo Global de Biodiversidad también han sido voluntarias. Aunque el monto pactado debía ser recaudado para antes de 2025, apenas a dos meses de la fecha de cierre, la meta no ha sido cumplida. Quizás esta experiencia, sumada a las contribuciones que entren —o no— al Fondo de Cali, sean un elemento para renegociar en la COP17 un texto vinculante para las entidades que se lucran de la biopiratería digital. 

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*Esta publicación fue producida como parte de la fellowship 2024 para la COP16 de la CBD organizada por el Earth Journalism Network de Internews.