Dairo Urán destruyó con sus propias manos la casa que construyó veinte años atrás; por eso se le quiebra la voz cuando habla de ella. La casa se levantaba en el barrio El Pacífico, un asentamiento informal aferrado a lo más alto de las laderas del cerro Pan de Azúcar, al centro oriente de Medellín. Parado sobre los escombros y la maleza de lo que alguna vez fue su hogar, dice que solía sentarse en la sala, mirar por la ventana y decirle a su esposa: “mija, eso parece un cuadro”. “Es lo que más extraño”, enfatiza.

Urán es uno de los cerca de 100 habitantes de El Pacífico a quienes el desbordamiento de la quebrada La Rafita sacó de sus casas el 18 de septiembre de 2020. Ese día, los suelos del Pan de Azúcar, hinchados después de tres meses de lluvia incesante, no pudieron absorber el aguacero; como lo explicó el director del equipo técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre (DAGRD) de Medellín en entrevista con Mutante en 2021. A eso de la 1:45 de la tarde, la quebrada bajó bramando como nunca antes, con rocas y palos enredados en sus aguas. Se llevó cuatro casas por delante y dejó a 56 familias con una orden de evacuación inmediata. Quedarse implicaba renunciar a los subsidios de arriendo del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), la entidad municipal encargada de atender a los afectados por la inundación. 

Algunas familias buscaron refugio lejos del barrio y al menos dos de ellas se fueron definitivamente, dice la socióloga Hendys Guzmán Tenjo, quien hace parte del Proyecto Colectivo Tejearaña dedicado a promover y construir la gestión comunitaria del riesgo, acciones de justicia climática y la autonomía barrial con los habitantes de El Pacífico. Pero otros – la mayoría – regresaron cuando temporalmente se secaron los subsidios de vivienda y el calor del fenómeno del Niño amansó a La Rafita. Hoy, muchos arriendan en otras casas del barrio. Urán, presidente de la Junta de Acción Comunal, vive como arrendatario en una casa azul celeste cercana a las ruinas del hogar que construyó en 2004. Si tuviera el dinero para irse, lo haría sin dudarlo. “Si a mí me sale [el proceso con el Isvimed para una vivienda definitiva] yo me voy. Y lo mismo haría cualquiera”, confiesa.

El Pacífico es un caso “icónico” de una población atrapada– comunidades cuyas condiciones de vida son tan frágiles que ni siquiera pueden darse el lujo de moverse, viéndose cada vez más expuestas a fenómenos ambientales intensos, explica Guzmán Tenjo. “¿Qué pasa cuando sabemos que nos tenemos que mover, pero no hay condiciones para hacerlo?”, dice. 

En el 2011, el informe Foresight introdujo el concepto de poblaciones atrapadas y estimó que los también llamados ‘rehenes climáticos’ alcanzarán los “millones” en América Latina, Asia y África para el 2050, pero llamó la atención sobre el hecho de que estas poblaciones no aparecen en las estimaciones sobre migraciones ambientales que hacen los países y organismos internacionales dedicados a entender el fenómeno. Y aún más invisibles son las poblaciones atrapadas en los barrios periféricos de las ciudades, dice Ricardo Safra de Campos, un investigador de geografías humanas en la Universidad de Exeter, Inglaterra.

“La mayoría de gente asocia la migración climática a quienes tienen que salir huyendo o irse a vivir a otro lado. Pero la historia tiene muchos más matices”, añade Safra de Campos, quien trabaja con poblaciones atrapadas en el norte de Brasil. “En el espectro de la movilidad, tenemos la inmovilidad, la reubicación planificada, los reasentamientos. Hay migraciones circulares, o temporales. Es un asunto mucho más complejo que un movimiento puntual”, dice. Puede ser un vaivén, como en el caso de Urán, o, como muchos en El Pacífico, un quedarse quieto.

El vaivén de El Pacífico

Como tantos otros barrios en las periferias de las ciudades colombianas, a El Pacífico lo levantaron campesinos desplazados de distintas regiones de Antioquia por el conflicto armado a principios de los años noventa. A diferencia de sus vecinos, Urán no llegó huyendo de la guerra, sino agobiado por los precios de los arriendos en la parte baja de la ciudad. “Hablamos de desplazamientos rurales, pero pienso que la ciudad también te desplaza”, dice. Como hoy, se dedicaba a ser mensajero y, entonces, compró un rancho que, como todos los que lo rodeaban, no tenían agua potable, luz, ni alcantarillado. La Rafita era un hilito “de unos 50 centímetros de ancho” que serpenteaba por los callejones de tierra del barrio, cuenta Urán.

Con los años, las casas de madera y zinc dieron paso al cemento y ladrillo, se pavimentaron los senderos y, después de décadas de protestar, en 2015 convencieron a la Alcaldía y a las Empresas Públicas de Medellín de llevarles agua potable y alcantarillado. A su vez, la quebrada también reclamaba su espacio en el barrio, dice Jose Albeiro Ramírez, coordinador de obras de la Junta de Acción Comunal. Ramírez recuerda que cuando La Rafita crecía por las lluvias, él ya se había acostumbrado a quedarse atrapado en su casa, pues las aguas de la quebrada golpeaban su puerta. “Pero nunca, nunca jamás como ese día”, precisa.

Después de la inundación de 2020, el DAGRD ordenó evacuar inmediatamente y de forma definitiva a 56 familias, quienes podían aplicar a un subsidio de arriendo temporal del Isvimed y que sería el primer paso hacia un reasentamiento definitivo. Según cuenta Urán, además de requisitos como no haber sido beneficiarios de algún otro subsidio de vivienda familiar, “llegó un momento que nos dijeron: ‘si usted no tumba la casa pierde el arriendo’”. Los vecinos se opusieron. Exigieron estudios técnicos que demostraran que las viviendas no podían salvarse. Después de meses de insistir, el DAGRD determinó que solo 20 debían irse de manera definitiva, y que las otras 27 podían regresar a sus hogares después de que la secretaría de Ambiente hiciera obras para disminuir el riesgo de la quebrada. La casa de Urán, dijo el estudio técnico, era irrecuperable. Fue entonces cuando, en 2022, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio convocó un convite para echar abajo la casa que había construido a punta de cesantías y primas. 

Cuatro años después de la emergencia, las 56 familias evacuadas siguen sin recibir una respuesta definitiva. Solo 11 están el programa de arriendos temporales. Alrededor de 30 jamás pudieron entrar al programa, pues no cumplían las condiciones para ser aceptados. Las razones para no incluirlos en el programa fueron diversas, pero muchos, al ser desplazados por el conflicto armado, aparecían como beneficiarios de subsidios de vivienda (a pesar de seguir a la espera de un hogar), lo que los descalificó del proceso. Otros hogares ganaban más de dos salarios mínimos, que son el tope de ingresos para acceder al programa; y algunos afectados no aparecían en las facturas de servicios públicos y compra-ventas de terrenos que acreditaran como habitantes del barrio, pues todo estaba a nombre de familiares fallecidos o ex-parejas. A las dos familias cuyos hogares se los llevó la quebrada, quienes no accedieron a los arriendos, “nosotros mismos, como comunidad, tuvimos que reconstruirles la vivienda en otro lado en el barrio”, dice Ramírez. 

Las obras en la quebrada, que le permitirían regresar a algunos, no han comenzado. De acuerdo con el subdirector del DAGRD, Diego Peña, la Secretaría de Ambiente está gestionando los $7,000 millones necesarios con el Área Metropolitana, la autoridad ambiental en Medellín y sus alrededores. Sin embargo, aún no hay claridad sobre cuándo comenzarán las obras. 

A esto se le suma que desde el cambio de alcaldía el año pasado, el Isvimed dejó de pagar los auxilios de arriendo, según denuncian los vecinos. De acuerdo con la oficina de prensa de la entidad, la demora se debió a que la administración de Federico Gutierrez decidió cambiar el operador encargado de transferir el dinero a los beneficiarios.  Si bien los pagos represados ya fueron entregados, la demora causó un contraéxodo. Uno de los afectados tuvo que regresar a su casa, pues el dinero que gana como vendedor ambulante, en palabras de Guzmán, lo puso en la encrucijada de “comer o pagar el arriendo”. En 2023, Urán se unió al retorno, después de que el Isvimed dejara de girarle el subsidio por más de seis meses. “Yo siento que cuando usted no tiene el arriendo, es como una humillación”, dice. 

“El punto ciego de la migración climática” 

De acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), la mayor parte del desplazamiento ligado a causas ambientales ocurrirá en las ciudades – un riesgo especialmente pronunciado en barrios que, como El Pacífico, crecen rápidamente y sin planeación. “Los asentamientos informales representarán el epítome de las vulnerabilidades agravadas,” señaló la organización Habitat for Humanity en un informe publicado este año . El mismo documento llamó a estos barrios – en los que hoy viven más de mil millones de personas en el mundo – “el punto ciego de la migración climática”.

El informe Foresight estimó que para 2060 habrán 232 millones de personas viviendo en áreas con altos riesgos de inundación en zonas urbanas en el mundo, un número cercano a toda la población de Brasil. Muchas de ellas se quedarán atrapadas en los barrios informales, señalaron los autores. A pesar de estos hallazgos, existe un vacío en la investigación de los patrones de migración e inmovilidad en las ciudades, dice Sonja Ayeb-Karlsson, profesora en la University College de Londres que estudia la relación entre el cambio climático y la movilidad humana. La investigadora explica que la mayoría de estudios que existen sobre poblaciones atrapadas se centran en comunidades rurales y agrícolas, excluyendo a quienes viven en condiciones de riesgo en las ciudades. 

Este vacío se traduce en políticas públicas que omiten por completo a esta población, explica Safra de Campos. “Gran parte de la política actual se ha centrado en el movimiento. Los responsables políticos necesitan entender un poco mejor este espectro de la movilidad, e incluir a la inmovilidad allí”, señala. 

En América Latina, “poca o nula atención” se le ha prestado a la inmovilidad por razones climáticas, encontró una investigación sobre las leyes y políticas públicas de la región publicada este año. Los investigadores señalaron, no obstante, que el vacío podría abordarse desde algunos instrumentos legales que ya existen. Citan como ejemplos la Ley Marco sobre Cambio Climático en Perú, cuyo plan de acción para “prevenir y atender la migración forzada causada por el cambio climático” está siendo diseñado; el Plan Nacional para el Cambio Climático de Guatemala, que reconoció el vínculo entre la movilidad y el cambio climático en 2018; y  la última versión de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Chile, en la que el país  se comprometió a crear lineamientos sobre los efectos del cambio climático en la migración. Si bien ninguno de estos ejemplos menciona a las poblaciones atrapadas de forma explícita, “pueden ser una oportunidad única para atender las necesidades específicas de quienes se ven atrapados o que se quedan quietos”, escribieron los investigadores.

En Colombia, esa oportunidad podría ser el proyecto de ley que presentaron Duvalier Sánchez, del Partido Verde, y Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, a mediados del 2024 para reconocer la existencia del desplazamiento forzado por causas climáticas. Sin embargo, el texto actual define a esta población como “las personas, grupos de personas o comunidades grupos de personas que son forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual en particular como resultado o para evitar los efectos de factores ambientales, el cambio climático o catástrofes naturales” –una definición que omite a quienes se quedan atrapados. Si el proyecto de ley, que ya va para el último debate en Senado, prospera, significaría que las poblaciones atrapadas no podrán acceder a los programas estatales de atención a las víctimas del cambio climático.

Al preguntarle al Isvimed cuáles son las políticas de la entidad para atender a poblaciones atrapadas, respondió que todas sus viviendas se construyen con criterios de sostenibilidad ambiental y social; pero, no especificó la existencia de programas puntuales para atender a esta población. Tampoco respondió por qué si las recomendaciones de expertos sugieren incluir a estas comunidades en proyectos de mejoras del hogar, la posición de la entidad continúa siendo que no pueden “premiar con subsidio al que construyó de manera ilegal en un sitio de la ciudad donde era una zona de invasión”, como ya le dijo la directora de esa entidad a Mutante en 2021. 

Los expertos coinciden en que la mejor forma de atender a las poblaciones atrapadas es, primero, mitigar los riesgos ambientales que los rodean, incluyendo posibilidades de mejorar sus hogares. Para El Pacífico, existe un Plan de Mitigación del Riesgo para la Infraestructura, que es un estudio hiperlocalizado en el que el DAGRD y la Secretaría de Ambiente y Planeación de Medellín identificaron 25 obras clave que disminuirían los riesgos de toda la Comuna 8, en donde se ubica El Pacífico; sin embargo, la nueva alcaldía no destinó presupuesto para ejecutar este plan.

Ante la sensación de que “es más duro luchar con la alcaldía que con el fenómeno natural”, como dice Urán, los vecinos de El Pacífico han decidido actuar por su cuenta. Después de reconstruir el cauce de la quebrada pegando con cemento las piedras que se desparramaron por el barrio en la emergencia de 2020, levantaron un muro que creen encausará a La Rafita si vuelve a crecer descontrolada. Conformaron, además, un grupo de gestión del riesgo que se comunica a través de Whatsapp. En caso de fuertes lluvias, definieron dos rutas de evacuación iluminadas con páneles solares (por si el desastre ocurre en la noche) y señalizadas con flechas amarillas pintadas por los niños. El DAGRD los apoyó con la señalización de las rutas.

Además, se unieron al Panel Interbarrial de Cambio Climático, en el que organizaciones de la Comuna 8 se han dedicado a entender y documentar cómo afecta el cambio climático a sus barrios. Si bien hoy el calor sofocante del Fenómeno del Niño ha convertido a La Rafita en un fantasma que aparece de vez en cuando, el estrés medioambiental en El Pacífico no ha desaparecido. La caída de rocas desde lo más alto del cerro está latente, así como el riesgo del aumento de enfermedades por roedores, vectores como el dengue – ya hay dos casos, de acuerdo con Guzmán Tenjo –y enfermedades de la piel. La falta de agua para regar huertas comunitarias y los jardines en algunas casas ha aumentado la cantidad de dinero que gastan en alimentos, porque ya no pueden autoabastecerse, además tiene quieta a la rueda Pelton que la comunidad construyó para iluminar el salón comunal, dice Ramírez. Pero lo más preocupante, coinciden los vecinos, es que la temporada seca ha incrementado la construcción de viviendas informales en la parte alta del barrio por parte de actores armados ilegales. Estas casas se ubican en las zonas que más peligran en caso de deslizamientos, dicen. 

Cuando el riesgo de una población atrapada es demasiado alto para mitigarlo, la mejor respuesta es el reasentamiento colectivo previamente acordado con la población, coincidieron Safra de Campos y Ayeb-Karlsson. El Isvimed no respondió a nuestras preguntas sobre programas de reasentamientos en Medellín.

En El Pacífico, “uno comienza a hablar de ese tema [del reasentamiento] y ellos [los integrantes de la junta de Acción Comunal] son ilusionados”, dice Urán. Muchos sueñan con regresar al campo y construir sus casas con materiales ambientalmente sostenibles como la tapia y el bahareque. Él sueña con consolidar el trabajo colectivo de producción de arequipe, queso y mermeladas que empezaron hace unos meses. Ramírez, por su parte, sueña con escuchar la lluvia y seguir durmiendo tranquilo, en lugar de tener que “estar parado en la puerta por la noche esperando que escampe, para que la quebrada no se me vaya a crecer y no me vaya a ahogar allá encerrado”.

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