El 3 de abril de 2016 se conoció la mayor filtración de documentos confidenciales realizada hasta entonces: los Panama Papers o Papeles de Panamá, una investigación basada en 11,5 millones de archivos filtrados sobre multimillonarios y multinacionales evasores de impuestos. Un mundo lejano, quizá, para la mayoría de personas, pero que retrataba bien un comportamiento normalizado y cuestionable. Quienes parecían intocables fueron tocados, y tal fue el escándalo que con su nombre incluso se bautizó a un caballo alemán pura sangre que se convirtió en competidor de carreras.

Publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), los Panama Papers expusieron la osamenta deshonesta del abuso fiscal y de poder que permite que un pequeño grupo de poderosos alrededor del mundo esconda su riqueza con tratos financieros ocultos a través de bufetes de abogados y paraísos fiscales, mientras que un peatón de un país latinoamericano tiene que cruzar la calle sin semáforo maldiciendo porque la municipalidad no tiene con qué hacer mantenimiento a la red semafórica.

Ese 3 de abril de 2016, Adrian Falco sintió euforia. “Fue como salir de la caverna y ver el mundo real de las finanzas y su manera impune de manejarse”, dice el sociólogo argentino que es el actual secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Falco estaba sentado en el lobby de un hotel en Buenos Aires cuando se enteró de los Panama Papers. “Por fin algo de lo que veníamos denunciando salía con mucha fuerza a la luz y, además, no lo estábamos diciendo nosotros; lo decía un consorcio de periodistas, alejado de sospechas ideológicas o partidarias”, cuenta.

Y esa revelación fue tanto o más importante para millones de personas en el mundo, solo que quizá demasiado deslumbrante para asimilarla completamente. No solo por venir del mundo financiero y político, del que muchas personas se sienten distantes cuando no aisladas, sino porque sacó a flote un término técnico con el que poco o nada estamos familiarizados: el abuso fiscal.

¿Qué era el abuso fiscal y cómo una noticia sobre ricos escondiendo su riqueza podía tener algo que ver con cualquiera cruzando una calle en América Latina? La respuesta era corta y también dramática. El abuso o fraude fiscal es la columna vertebral del desfalco que los ultraricos del mundo hacen a los Estados, especialmente a los más vulnerables y pobres, y la causa de gran parte de las carencias que viven la mayoría de personas de América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y otras organizaciones dedicadas a estudiar el impacto de la recaudación de impuestos. Esos ultraricos eran en 2021 unas 264.200 personas en el mundo, con un patrimonio neto superior a 50 millones de dólares, según un informe de la compañía de servicios financieros Credit Suisse.

El abuso fiscal alude al “otro virus” de nuestros países, como llamó la Internacional de Servicios Públicos (PSI por sus siglas en inglés) en otro informe de 2021 –en plena pandemia– a la estructura tributaria de América Latina que privilegia a los más ricos y a las grandes empresas, haciendo que la clase trabajadora pague más impuestos. 

En otras palabras, era una de las razones más poderosas e infames por las que América Latina se ha convertido en la región más desigual del mundo.

‘¿Qué hiciste, abusador? ¿Qué hiciste?’

Para Sergio Chaparro, un economista e investigador colombiano, que trabaja como líder de política internacional y promoción de Tax Justice Network (la Red para la Justicia Fiscal), el abuso fiscal es la sombrilla que engloba dos tipos de conductas relacionadas con los impuestos: la evasión (pagar menos impuestos con trucos directamente ilegales) y la elusión (reducir su carga fiscal o pagar menos, con prácticas que no necesariamente van en contra de la literalidad de la ley, pero que sí son contrarias a su espíritu).

Aunque ambas son comportamientos transversales a toda la sociedad, lo cierto es que quienes más acuden a ellas son aquellos que más riqueza concentran, justamente porque son quienes tienen los recursos para contratar a las poderosas firmas de abogados y contabilidad que ofrecen servicios de planeación tributaria agresiva. “Lo que en la práctica significa lograr evadir las obligaciones que los países, mediante sus mecanismos de democracia representativa [como las Constituciones], han decidido que los individuos y las empresas deben tener”, explica Chaparro. 

En 2018, la Cepal calificó las pérdidas por la evasión y elusión en América Latina y el Caribe como “asombrosas”. En ese momento, la elusión y evasión de los impuestos al consumo (IVA) y a la renta sumaron 325.000 millones de dólares en la región (6,1 % de su PIB), según un informe que el organismo publicó en 2021. “El incumplimiento asciende a un monto equivalente al 2,3 % del PIB [de la región] en el caso del IVA y al 3,8 % del PIB en el caso del impuesto sobre la renta”, subrayó. Más de lo que la región invierte anualmente en salud  (4 %).

Por eso es que para Chaparro el hecho de manipular las finanzas de personas naturales, como magnates, o jurídicas, como multinacionales, para que se deslicen fácilmente en los vacíos o lagunas de los códigos tributarios es algo antidemocrático y “antisocial”, en el sentido de ir en contra de las normas que rigen la vida en una sociedad, de “romper el contrato social, burlar las decisiones y obligaciones que se han establecido en materia tributaria”.  

“Pensamos que es importante denunciar tanto la elusión como la evasión fiscal y esta planeación tributaria agresiva, pues es un eufemismo para esconder prácticas que tienen el efecto de trasladar la carga fiscal [el pago de impuestos] a otros sectores de la población [los trabajadores, por ejemplo], de reducir el recaudo y erosionar con eso la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones y garantizar los derechos de la gente”, subraya el investigador y miembro de Tax Justice Network.

Hay una palabra clave para él en todo este asunto: opacidad. “Cuando salieron los Panamá Papers pensé que era el momento en que la gente podía ponerle nombre a quienes con sofisticadas maniobras para no pagar impuestos los privan de valiosos recursos para financiar su salud o su educación”. Y ese es el punto verdaderamente crítico. Pocas veces las personas más sencillas tienen a la mano las palabras y los hechos transparentes e irrefutables para señalar las causas estructurales que ponen sus vidas cuesta arriba.

Además del abuso fiscal, los Papeles de Panamá pusieron en el radar del sentido común a países considerados paraísos fiscales (ver mapa), o territorios offshore donde se oculta y lava riqueza de todo tipo de proveniencia, desde evasores de impuestos, hasta narcotraficantes o gobernantes corruptos. 

Al tiempo, esas filtraciones descomunales de archivos contribuyeron a posicionar una lucha poco popular hasta entonces, pero que ha ganado visibilidad en los últimos años, la lucha por la justicia fiscal, en la que se encuentran Falco, de Argentina, y Chaparro, de Colombia, pero que en general involucra a muchos países y organizaciones civiles del Sur Global, esa parte del mundo de donde periódicamente salen noticias de represión y estallidos. Como las de Chile, con el estallido social de 2019, y las de Colombia, con el Paro Nacional de 2021, ambas desatadas por ajustes o reformas (la tributaria en Colombia, presentada por el gobierno de Iván Duque) consideradas injustas por la parte de la población que se sentía asfixiada social y económicamente.

Y eso, ¿qué tiene que ver conmigo?

“¿Qué tiene que ver conmigo toda esta cuestión de la justicia fiscal o las reformas tributarias, que a veces parecen temas que están totalmente alejados de nuestra vida cotidiana? Me parece que lo que hay que pensar en primer lugar es en el Estado, en el Estado como garante de derechos”, dice Adrian Falco. Con todo y que la respuesta no resulte muy revolucionaria o atractiva a primera vista, es la respuesta más realista.

“Cuando uno piensa al Estado como garante de derechos, entiende que el Estado necesita recursos económicos para financiar derechos existentes y para ampliarlos”, explica el sociólogo argentino y activista por la justicia fiscal global. “Porque si yo voy a mi escuela y no tengo pizarra, y el semáforo de la esquina está roto y nadie lo repara, bueno, todo eso tiene que ver con el sistema tributario”, señala.

Esos recursos económicos necesarios para ofrecer calidad de vida a la mayoría de personas se reducen dramáticamente cada vez que un político, influencer, empresario multimillonario o una multinacional que crea su riqueza en un país simula operaciones o traslada sus ganancias a otro con menores o nulas tasas de tributación (obligaciones de impuestos), como una isla a 30 kilómetros de la costa del norte de Francia. Tal como hizo Apple en Jersey, en 2013, según revelaron los Paradise Papers (2017), otro capítulo periodístico transnacional de la ICIJ sobre el abuso fiscal y de poder.

“Es como que les dijeran: vení a mi país que vas a pagar menos impuestos de los que pagarías en Colombia”, anota Falco. “A ver, no es que sea ilegal, es inmoral lo que estas corporaciones están haciendo. Y lo que es legal o no tiene que ver también con el momento político que se vive en los países. El Apartheid en un momento en Sudáfrica fue legal, pero todos sabemos que es inmoral. Sin embargo, el momento político lo hacía legal. Y acá pasa lo mismo o algo parecido”, dice.

Pero, ¿cómo opera todo este elaborado entramado de abuso fiscal que deposita millones y millones de dólares en los famosos paraísos fiscales? Con operaciones de alta complejidad que involucran un cóctel de economía globalizada, reglas fiscales obsoletas, hábiles figuras financieras e inescrupulosos bufetes de abogados. Cuando el mundo estaba prestando mucha atención a todo esto con las investigaciones de la ICIJ, quedó en evidencia que se trata de una jugada indignante, especialmente si eres una persona trabajadora que paga sus impuestos cumplidamente y espera, no sin poca frustración, que estos se vean reflejados en mejor infraestructura, más hospitales, educación y servicios sociales de calidad que te respalden.

Sin embargo, nada ha impedido que los extremadamente ricos, que en América Latina y el Caribe se hicieron un 21 % más ricos durante la pandemia, “un incremento cinco veces más rápido que el PIB de la región durante el mismo periodo”, según el informe La ley del más rico publicado por Oxfam a principios de este año, hayan amasado fortunas con maniobras de abuso fiscal, entre ellas el traslado de beneficios o ganancias. 

En ello, el sistema tributario global, creado hace 100 años, tiene todo que ver, dice Alejandro Rodriguez Llach, un economista colombiano que trabaja en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). “El sistema global de normas tributarias está totalmente desactualizado. El abuso fiscal de los ultramillonarios solo puede existir dado el sistema internacional”.

Las fallas sistémicas del sistema tributario mundial han permitido, según la ICRICT,  “que hasta el 10 % del PIB mundial —literalmente billones de dólares— se oculte en paraísos fiscales”. Y que el 1 % más rico, que posee hasta el 40 % de la riqueza en algunos países, “pueda evadir hasta el 25 % de sus impuestos sobre la renta utilizando estructuras extraterritoriales u offshore [paraísos fiscales]”. 

Esto hace que los verdaderos propietarios de esa riqueza sean indetectables para las autoridades fiscales y para la mayoría de las personas. Por eso, una de las propuestas más insistentes de la ICRICT desde hace unos años ha sido la creación de un sistema global de activos que permita identificar, rastrear y gravar (fijar impuestos) la riqueza oculta.

Rodríguez Llach, el líder de defensa de la ICRICT, explica que las personas más adineradas y las empresas son quienes más sacan provecho de la incapacidad del sistema para controlar los impuestos en un mundo y una economía globalizados. “Sobre todo las multinacionales. Y lo hacen con estrategias de traslado de ganancias”. 

Apple es una de las empresas de las que se conoce que más lo hace. También Amazon, Facebook, Google, Netflix y Microsoft, según Fair Tax Foundation (Fundación Impuestos Justos), que las ha agrupado como ‘The Silicon Six’ (las seis de Silicon Valley, la zona de Estados Unidos donde tienen sus sedes principales) para señalar sus conductas abusivas de elusión fiscal.

“Como son multinacionales, tienen muchas subsidiarias por el mundo. Y la subsidiaria de algún paraíso fiscal es la que recibe todo ese traslado de ganancias. En últimas no terminan pagando impuestos ahí y tampoco en donde están teniendo la actividad económica real”, apunta Rodriguez Llach. 

Lo ilustra así: “Apple Colombia hizo muchísimas ganancias en Colombia pero, para no pagar el impuesto de renta del 35 % sobre ellas, opera con Apple Irlanda, que bajo el sistema legal internacional actual se entiende como dos empresas separadas. Apple Irlanda le prestó servicios a Apple Colombia de algún tipo e infla ese costo”, explica Rodriguez Llach .

Y continúa: “Digamos que un servicio técnico de tecnología de Apple Irlanda a Colombia puede costar 100 dólares, pero, como son la misma compañía, la de Irlanda pone una factura que no dice 100 sino 10.000 dólares. Y Apple Colombia le paga esa cantidad. Esa diferencia del ejemplo, entre 100 y 10.000, que son todas las ganancias que se han hecho en Colombia, se traslada a Irlanda, detalla Rodríguez Llach como si pusiera en orden todas las cartas de una baraja. 

Entonces, redondea su ejemplo. “Cuando Apple Colombia va a pagar impuestos en Colombia, dice que casi no tiene ganancias porque se fueron en este servicio técnico de 10.000 dólares”. Mientras tanto, en Irlanda todas esas ganancias pagan tarifa cero o muy cercana a cero. “Esa es una de muchísimas formas en las que las multinacionales evaden impuestos”, afirma.

En América Latina… hay más

A finales de junio pasado, al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), Juan Carlos Reyes, le preguntaron si eludir era evadir. Respondió que “los ricos eluden y los pobres evaden”. Las cifras en América Latina le dan la razón.

En su último informe sobre desigualdad y riqueza oculta en América Latina y el Caribe, Oxfam señaló que la tributación a los más ricos es un reto político y económico en la región. Entre otras cosas, indicó que poco a poco la región se ha ido convirtiendo “en la región con el tipo marginal sobre la renta personal a los más ricos más bajo del planeta”. Es decir, el lugar del mundo donde los más ricos pagan menos impuestos por su riqueza y ganancias.

Esto es posible porque el sistema tributario regional (y global) lo favorece y promueve, cobrando menos impuestos directos, como el impuesto a la renta y la propiedad. Pero, también, porque hay un aberrante flujo financiero ilícito (FFI), o maneras en que las ganancias y operaciones de las empresas de comercio exterior se pierden como si estuvieran en un Triángulo de las Bermudas. 

Según la Internacional de Servicios Públicos (PSI por sus siglas en inglés), los FFI incluyen valores, dineros e instrumentos monetarios obtenidos legalmente, pero que son transferidos de manera ilícita.

En 2017 la Cepal dijo que en la última década “se verificó un notorio aumento de los montos de FFI procedentes de la facturación fraudulenta del comercio internacional”. En un informe del mismo año, indicó que los FFI crecían en la región un 9 % cada año y que representaban el 1,8 % del PIB regional, casi la mitad de lo que se invierte en educación.

De acuerdo a sus estimaciones, las facturaciones y operaciones fraudulentas de este tipo de flujos en América Latina y el Caribe acumularon un total de 765.000 millones de dólares entre 2004 y 2013 (76.500 millones anuales), dos tercios como resultado de la sobrefacturación de importaciones y un tercio a la subfacturación de exportaciones.

En Colombia cada año se fugan 6.537 millones de dólares por falsa facturación, según estimaciones de la Cepal de 2018. En promedio, un 16,51 % del comercio exterior del país hace falsa facturación de sus operaciones. Cobrar impuestos sobre esto se convierte en una tarea prácticamente imposible.

Todo esto es preocupante porque, como dijo Tax Justice Network en su informe de marzo pasado (y durante años varias otras organizaciones civiles que luchan por la justicia fiscal), “los flujos financieros ilícitos constituyen una de las principales causas del subdesarrollo e inestabilidad económica de la región”.

Como el sistema tributario global que rige la recaudación de impuestos fue creado hace un siglo, cuando el comercio exterior era incipiente, y no ha tenido cambios profundos en sus reglas, esta situación ha alcanzado niveles extravagantes. “Muchos actores se dieron cuenta de que podían sacar beneficio en secreto”, subraya Alejandro Rodríguez Llach. 

Contrario a lo que podría pensarse, no es un problema del siglo XXI. La fuga de capitales hacia los principales centros financieros del mundo, como dice Tax Justice Network en su documento, “es un rasgo estructural y permanente” de las economías de América Latina y el Caribe desde mediados de la década de los setenta. 

Esos niveles extravagantes de abuso fiscal se hacen extremadamente visibles cuando una prestigiosa firma de abogados como Baker McKenzie, salpicada en el escándalo de los Paradise Papers (2017) por haber desempeñado un papel en la creación de 440 empresas en paraísos fiscales, dispone de ejército de 5.000 abogados en 77 oficinas en todo el mundo, 800 de ellos en oficinas de América Latina.

Cumbre a la vista: en la raya contra el abuso fiscal

Con el objetivo de discutir el tema de impuestos justos, Colombia será sede y líder de un evento sin precedentes: la Primera Cumbre de América Latina y el Caribe para una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa, que fue propuesta y anunciada en enero de este año por el gobierno colombiano en el Foro Económico Mundial de Davos.

Una oportunidad única, como lo creen activistas de la justicia fiscal y defensores de los derechos humanos, para consolidar una visión unificada latinoamericana sobre el modo de cobrar los impuestos en el continente. También para frenar el abuso fiscal que permite a los ultraricos y de las multinacionales no pagar impuestos o pagar pocos en los países latinoamericanos donde producen parte de su riqueza. La cumbre representa la posibilidad para poner fin a los abusos fiscales que dejan sin recursos a los Estados para invertir en servicios sociales e infraestructura, incluso sin tener que acudir a reformas tributarias, solo saneando las normas del sistema global.

“Si vemos el sistema de normas internacionales como un código, el tema es que el código está viciado, sesgado hacia ciertos intereses”, explica el investigador y líder de política internacional y promoción de Tax Justice Network. “Y en parte eso tiene que ver con que desde hace más de 60 años el control de esas normas lo ha tenido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). O sea, un club de países ricos, principalmente”, dice.

Lo que Colombia, Brasil, Chile y los otros vecinos intentan con esta cumbre es formar un club de países más similares entre sí que privilegie sus propias recaudaciones de impuestos. “¿Por qué necesitamos justicia tributaria en nuestros países? Para recaudar más, redistribuir mejor y reparar aquello que hemos destruido o que hemos dejado que se destruya como sociedad. Y sobre todo después de la pandemia”, afirma Falco, de la Red de Justicia Fiscal.

“Por fin hay un espacio de alto nivel político”, dice por su parte Alejandro Rodríguez Llach. En un contexto político donde países de ingresos medios-bajos como Colombia aprietan sus normas fiscales para cobrar más impuestos a la riqueza, pero en el que al mismo tiempo es posible trasladarla a paraísos fiscales para esconderla de la Dian, los impuestos domésticos a la riqueza no terminan siendo tan efectivos.

Paralelamente a la cumbre, América Latina y varios países del mundo ya están considerando acciones y medidas que afilen los dientes de los Estados para retener los impuestos en sus territorios y desterrar los mecanismos de abuso fiscal, como un registro global de activos (un inventario de todos los tipos de activos relevantes y las estructuras creadas para poseerlos legalmente), un registro de beneficiarios finales (o los dueños de carne y hueso de la riqueza) y un sistema actualizado que reconozca las realidades el mundo de hoy (como la economía digital). Todas ellas necesitan un fuerte nivel de cooperación internacional, una cualidad no tan popular en días de oleadas de ultraderecha y burbujas individualistas.

Rodríguez Llach está más que convencido de que la salida debe ser global, como el fenómeno mismo del abuso fiscal.  Es un esfuerzo que también necesita mirar hacia dentro. “Es verdad que hay una crisis de ese contrato social en países como los de América Latina, producto de fenómenos como la corrupción y la desconfianza en las instituciones, pero parte de esa desconfianza también se basa en percibir que el sistema es injusto”, dice Sergio Chaparro.

No es muy justo que mientras una persona deba pagar ineludiblemente y a tiempo todo lo que fijan las leyes, haya otras que usen su riqueza para evitar hacerlo. “Eso erosiona la confianza en el sistema”, agrega Chaparro. Y como en la práctica ha resultado tan ineficiente controlar que los ricos saquen provecho de sus fortunas para no pagar impuestos, lo que se ha desatado es una sobrecarga tributaria hacia el trabajo y el consumo, dos de los impuestos que más afectan a las personas con menos riqueza.

Si en abril de 2016 usted escuchó, vio o leyó sobre los Panama Papers con una sensación de haber tenido ante sí un asunto importante, pero inexplicablemente incómodo de incorporar en su vida, usted no está solo. También le pasó a expertos como Rodríguez Llach, economista que ahora se dedica a combatir el abuso fiscal. “En verdad no lo entendí muy bien”, confiesa. “No lo sentí muy cercano a mí. Y ese creo que es el problema de esto: es tan complejo, y al mismo tiempo tan lejano para la ciudadanía, que no se ve como algo que realmente le está afectando a uno, como en realidad es”.

Eso también es algo que tiene que cambiar. “Si vos le preguntás a cualquier colombiano o colombiana en qué lugar de Colombia se vulneran derechos, va a poder señalar mil. Bueno, para eso necesitamos un Estado presente que se ocupe de esas demandas, y para eso necesitamos recursos”, sugiere Adrian Falco. 

Quizás haga falta interiorizar mejor una idea en la que Falco insiste: “El sistema tributario es una herramienta, no un fin en sí mismo”. Eso, quizás, tiene mucho más que ver con nuestros derechos mientras cruzamos una calle en nuestra ciudad latinoamericana.