¿Colombia puede convertirse en un país más silencioso a través de una ley? Eso buscan los promotores de un proyecto contra el ruido que está apunto de aprobarse en el Congreso. Su objetivo es crear una política para reducir la contaminación acústica en el país, hacer mapas de ruido en las ciudades, identificar las zonas más problemáticas y prevenir nuevos focos. 

El autor de la propuesta es el representante a la Cámara Daniel Carvalho, y ha recibido el apoyo de otros congresistas como la senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde. El proyecto ya pasó los tres primeros debates en el Congreso y está a una discusión en la plenaria del Senado de convertirse en ley. Entre sus medidas está la creación de una comisión nacional, encabezada por el Ministerio de Ambiente, que le pida cuentas a las alcaldías sobre la calidad acústica en sus municipios. También incluye en los programas de  educación ambiental, que implementa el Ministerio de Ambiente en escuelas y territorios, un apartado sobre la calidad acústica. Finalmente, eleva el valor de las multas existentes por exceso de ruido.

En enero de este año, desde Mutante promovimos con nuestra audiencia una conversación sobre el ruido y comprobamos que es una inquietud social amplia y con posturas diversas. Algunas personas contaron cómo afecta sus vidas vivir en ciudades cada vez más estridentes, otras apuntaron a las dimensiones culturales del ruido y cómo en algunos sectores populares el silencio es un privilegio que no pueden permitirse. Es una conversación compleja que se amplía con la posibilidad de que se apruebe esta ley. Por eso leímos el proyecto y hablamos con el representante Carvalho. 

También abrimos un sondeo sobre ruido y te invitamos a participar:

Juan Manuel Flórez: ¿Cómo se ha gestionado el ruido en Colombia hasta ahora y qué cambia con este proyecto de ley?

Daniel Carvalho: En Colombia el ruido es un problema de salud pública y de convivencia. Este año el Ministerio del Interior hizo una encuesta sobre convivencia y seguridad, y resultó que las tres principales causas de riñas en Colombia que degeneran en violencia son el ruido, las basuras y las mascotas. La Policía habla de hasta 500.000 quejas por ruido en la línea 123. En Colombia hay normas, pero están muy dispersas. No hay una línea clara sobre cuál autoridad debe responder. Este proyecto de ley le da al Gobierno Nacional la tarea de definir una ruta clara de atención a los ciudadanos y obliga a cada municipio a dotarse de un plan de gestión contra el ruido. Y finalmente tiene un componente pedagógico, porque comprendemos que este es un problema cultural y que va a tomar un par de décadas cambiarlo.

JF: Es poco probable que cada persona tenga un medidor de decibelios para reclamarle a su vecino que hace ruido. ¿Qué ruta podría seguir una persona en un caso cotidiano?

DC: Aunque todos podemos instalar en el celular un medidor de decibelios, es cierto que una medición oficial es un procedimiento engorroso con equipos que son caros. Entonces la ley facilita la medición oficial por parte de las autoridades. Y en segundo lugar aclara las rutas: si tu problema es con un vecino ruidoso, le corresponde a la Policía Nacional; si es con un establecimiento comercial, le corresponde a las autoridades locales. En función de la fuente del ruido, a través de una línea única, las autoridades deben indicarle al ciudadano qué pasos seguir y cuáles sanciones se aplican al infractor.

JF: Además de los reportes ciudadanos, la ley crea un sistema de vigilancia de calidad acústica. ¿Cómo va a funcionar?

DC: Se trata de una gobernanza del ruido a través de un sistema, como se ha hecho con otros temas como el agua o la calidad del aire. Un sistema que arroje cifras con mediciones permanentes en terreno, algunas anunciadas y otras sorpresivas. Un ejemplo que me parece interesante es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que instaló una red de unos 300 sonómetros caseros en balcones y ventanas de la ciudad. Algo así permite entregar información a las autoridades y a los ciudadanos sobre cuáles son los niveles de ruido en diferentes sectores de la ciudad, los horarios y las posibles fuentes. Debe ser información pública, a través de una página web. Creo que el problema solo se va a resolver si los ciudadanos están empoderados y pueden exigirle con los datos en la mano a la Policía, a los concejos municipales, a los alcaldes.

JF: ¿Sería un mapa en una página web similar al de calidad del aire que existe en el Valle de Aburrá, en Antioquia?

DC: Exactamente. De hecho, el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá ya envía reportes de calidad acústica. Sería algo de ese estilo.

JF: Una parte de su proyecto se apoya en la ley que creó el Código de Policía de 2016. ¿El objetivo es imponer sanciones más estrictas?

DC: Sí, se ponen multas más altas y se acelera el mecanismo para que la Policía imponga sanciones. Hoy en día es muy difícil sancionar a un establecimiento comercial. El proceso toma mucho tiempo, la multa es muy baja y el infractor tiene muchas herramientas para sacarle el cuerpo. Para muchos establecimientos es más rentable hacer ruido toda la noche y con lo que ganan luego pagar la multa. Hay otro problema y es que la Policía es la que sanciona, pero quien hace las mediciones de decibelios es la autoridad ambiental. El Ministerio del Interior está en proceso de comprar entre 3000 y 5000 medidores para la Policía, para que aunque no hagan mediciones oficiales, puedan hacer un monitoreo y un mejor trabajo coordinado con la autoridad ambiental de cada municipio.

JF: El Código de Policía fue criticado en su momento por su visión restrictiva de las libertades. ¿Cómo evitar que esta ley imponga una visión policial al tema del ruido?

DC: Lo que se le criticaba al código de Policía era sobre todo por el tema del espacio público, por la facultad que le daba a la Policía de impedir, por ejemplo, el consumo de cerveza en un parque. Aquí estamos hablando de otra cosa, de personas o establecimientos que perturban completamente la vida de un barrio. En este caso sí nos está haciendo falta más autoridad. Yo no soy enemigo de la autoridad, soy enemigo de la restricción de libertades individuales. La libertad es un ejercicio colectivo y de sociedad; poner mi música a todo volumen no es libertad. En ese sentido me parece que es necesario fortalecer la autoridad de la Policía para este caso específico, no para perseguir a quienes consumen marihuana, no para impedir que te tomes un trago en un parque, sino para impedir que la música de alguien le dañe la vida a todo un barrio. 

JF: Hay personas que nunca denunciarían a un vecino por ruido por temor a represalias. ¿Esta ley tiene en cuenta ese hecho?

DC: Ahí tocas un problema que está mucho más lejos de los alcances de este proyecto de ley. Esta propuesta no puede resolver el problema de control territorial de ciertas estructuras ilegales, no logra resolver la inmensa falta de imperio de la ley en Colombia. No va a ser fácil y por eso he intentado ser muy sincero: no es que con la ley del ruido se acabe el ruido. Lo que plantea el proyecto es dotar a las autoridades de herramientas: faltará ver si a nivel local la Policía y el alcalde toman la decisión de enfrentar ese problema. Creo que si el problema de un barrio es, por ejemplo, una tienda que pone un parlante en la calle, eso sí se puede solucionar con esta ley sin poner al ciudadano denunciante en riesgo.

JF: El proyecto también aborda las fuentes móviles de ruido como los buses y las motos. ¿Cómo se puede evitar el ruido de una avenida?

DC: Hay una parte del ruido generado por la movilidad que es difícil de cambiar, pero el problema es que hay normas relativas a eso que no se están cumpliendo. Hoy el principal problema no son los buses, sino las motos que no cumplen con los silenciadores que se exigen en la revisión técnico-mecánica. Las autoridades de tránsito van a tener la obligación de revisar eso y vamos a tener que sancionar a las personas que están haciendo trampa.

JF: En un ciclo de conversación sobre ruido que hicimos en Mutante, algunas personas nos dijeron que consideraban que el silencio es un privilegio de clase. ¿Qué opina de esa visión? 

DC: El argumento de que los pobres son ruidosos y los ricos buscan silencio es absolutamente falso y clasista. Hemos recibido denuncias de ruido de todo tipo de ciudadanos: de estratos altos y bajos, de zonas urbanas y rurales, de jóvenes y viejos. Este es un problema de todos. Los principales focos de ruido nocturno en Medellín son El Poblado y la avenida 33, que están lejos de ser barrios de gente pobre. El tercero es Castilla y el cuarto es La Candelaria, donde hay todo tipo de poblaciones. Y de donde más salen denuncias en Medellín es de barrios populares donde infortunadamente hay menos autoridad. Pretender que esta es una preocupación únicamente de señoras ricas cansonas está completamente alejado de la realidad.

JF: ¿La ley contempla que existan socialmente espacios en los que el ruido esté permitido?

DC: Hemos estado en conversación con los organizadores de festivales de música, de eventos públicos como el fútbol. El objetivo no es eliminar ese tipo de espacios, sino que tengan conciencia del ruido que generan y establezcan medidas de control. Cosas como el diseño sonoro de un evento, el tamaño de los parlantes, los horarios. Hay otras manifestaciones espontáneas como una protesta o el ruido de un 24 de diciembre. No vamos a entrar a prohibir ese tipo de cosas, sería iluso. 

JF: ¿Qué es lo más costoso de una ley contra el ruido y en qué entidades recaen esos gastos? 

DC: Sin duda el mayor costo estará en los equipos para la medición del ruido y en la formación del personal que sea capaz de manejarlos. Estos costos recaerán principalmente, no en la nación, sino en las alcaldías y principalmente en las ciudades grandes que han sido partícipes de la elaboración del proyecto de ley. Hemos trabajado de la mano con funcionarios de Cali, Medellín y Bogotá, porque son quienes diariamente se ven enfrentados a este problema. 

JF: Tras su revisión de las experiencias de otros países, ¿considera que en Colombia vivimos en una sociedad particularmente ruidosa?

DC: La OMS ha determinado que, en general, toda América Latina es una región con mayores niveles de ruido. Sin embargo, no podemos creer que estamos condenados. Hacer conciencia del ruido y de sus efectos no significa renunciar a nuestra idiosincrasia. La cultura no es fija, es una construcción que va evolucionando y considero que debe hacerlo hacia un mayor respeto por los demás. Si como sociedad tenemos que renunciar a cierto número de decibelios, y a cambio de eso vamos a tener una disminución de las riñas, de los muertos, de las enfermedades físicas y mentales, creo que es una evolución cultural que vale la pena perseguir.

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