Juan Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio (2020-2023), es el segundo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) del Gobierno de Gustavo Petro. Desde febrero, está al frente de una de las principales promesas del presidente: la entrega de tierras a campesinos sin propiedad. En dos años, se han comprado 135.000 hectáreas: solo el 4,5 % del total de 3 millones que establece el Acuerdo de Paz y que Petro se fijó como meta. 

Además, hay incertidumbre sobre el futuro de la reforma por una reciente decisión de la Corte Constitucional en la que tumbó el numeral del Plan de Desarrollo que le permitía a la ANT resolver administrativamente procesos agrarios*. Es decir, que le daba facultad para decidir en disputas sobre tierras cuando se tiene sospecha de que son baldíos del Estado apropiados ilegalmente por particulares. Ahora, esos procesos deberán ser resueltos por un juez, como se estableció desde 2017 con el Acuerdo de Paz.

Tras conocer la decisión, la ANT respondió, en un comunicado, que quedan en el limbo unos 20.000 procesos agrarios y anunció que, junto a la nueva ministra, Martha Carvajalino, presentarán un proyecto de ley para recuperar las facultades de la ANT que perdió por el fallo de la Corte.

En esta entrevista con Mutante, el director de la ANT explica por qué se ha retrasado la compra de tierras y dice que están evaluando un piloto de expropiación (ventas forzadas) que son permitidas por la ley. 

Juan Manuel Flórez: Se habla mucho de la reforma agraria, ¿pero qué significa hacerla en Colombia? 

Felipe Harman: La reforma agraria es un proceso de redistribución de la tierra. Pasar de un país en el que el 85 % de tierra lo tiene el 1 % de propietarios a una gestión democrática de la tierra. Eso tiene dos elementos, uno es la formalización: entregar títulos sobre 7 millones de hectáreas. El otro elemento es la compra y entrega de tierras que son 3 millones de hectáreas. En el tema de formalización vamos en 1 millón 300 mil hectáreas. Y en el tema de compra vamos en alrededor de 135.000 hectáreas compradas.

JM: Las 7 millones de hectáreas son tierras que la gente ya ocupa…

FH: Son tierras que la gente tiene de manera informal y eso limita muchísimos derechos: la posibilidad de créditos, de proyectos agropecuarios, articulaciones con alcaldías y gobernaciones para sacar adelante proyectos productivos.

JM: ¿Y las 3 millones de hectáreas nuevas que se espera comprar de quién son?

FH: La idea es que sean de grandes latifundios improductivos, grandes extensiones de tierra concentradas en pocos propietarios.

JM: El objetivo final es comprar 3 millones de hectáreas, pero estamos en la mitad del gobierno y han comprado 135.000 hectáreas: el 4,5 % de la meta. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo para acelerar la compra de tierras?

FH: Hay muchas dificultades. La primera de ellas es el levantamiento topográfico. Colombia es un país con amplia nubosidad, con una geografía accidentada, que no permite que tengamos imágenes satelitales a detalle. Por eso debemos mandar constantemente a la comisión topográfica a los lugares. La segunda es jurídica. Colombia ha sido un desorden en el registro y en la tradición de la propiedad de la tierra, entonces hay mucha gente que oferta tierras pero que no tiene la seguridad jurídica de que le pertenecieron, simplemente las tienen hace 20 años. Hay un sinnúmero de gente que se ha apropiado indebidamente de la tierra del Estado. 

JM: En febrero, antes de que usted llegara a la Agencia, se reportaron 150.000 hectáreas compradas. Pero hoy, en su administración, la cifra bajó a 135.000 hectáreas. ¿Por qué disminuyó la cantidad de tierras compradas?

FH: Hay una diferencia eterna entre la exministra de Agricultura Jhenifer Mojica con Gerardo Vega, el anterior director de la Agencia de Tierras. Gerardo lo que hacía era sumar en el contador los procesos agrarios: las tierras que el Estado recupera a personas que se las apropiaron indebidamente, pero que materialmente aún no las posee. El año pasado los procesos agrarios sumaron 1000.000 hectáreas. Hasta ahora hicimos un protocolo para ir y recuperar esas tierras realmente, con la Fuerza Pública y el Ejército. Entonces, claro, si usted quita esas 100.000 hectáreas, lo que compró realmente Gerardo fueron 50.000. Hoy vamos en 135.000 hectáreas compradas sin contar los procesos agrarios. Por eso bajó la cifra.

JM: La cifra de 135.000 igual sigue lejos de la meta de compra de tierras de este año, que es de 500.000 hectáreas. ¿Van a lograr cumplirla?

FH: Estoy convencido de que si no alcanzamos la meta, vamos a estar muy cerca. Tenemos varios carriles para lograrlo. Uno es el Fondo de Reparación de Víctimas, con el que avanzamos en estructurar la entrega de tierras de los paramilitares en Córdoba y Antioquia. Otro es la Sociedad de Activos Especiales [SAE,que gestiona los bienes incautados a la mafia], con la que tenemos un canal expedito. Hoy le hemos comprado a la SAE 100 % más de la tierra que le compramos el año pasado. El otro canal son las ofertas voluntarias de ganaderos y propietarios. Hicimos un plan para concentrarnos en avanzar en los 1.000 predios más grandes de esas ofertas, que suman 200.000 hectáreas.

JM: ¿En qué consiste ese plan de los 1.000 predios?

FH: Hay un universo de 20.000 ofertas de predios. Creo que fue un error. ¿Por qué? Porque el 70 % de las ofertas no sirven. Son pequeñas fincas de 50 o 20 hectáreas. ¿Qué hicimos? De las 20.000 escogimos los 1.000 predios más grandes y con mejor potencial. 

JM: La nueva ministra, Martha Carvajalino, ha recordado que la expropiación es legal en Colombia hace 30 años. ¿Están considerando usar la expropiación?

FH: Yo quiero plantear de forma abierta, primero, que la expropiación en Colombia existe jurídicamente. Segundo, no estamos hablando de despojo de esas tierras. Al contrario, es con una indemnización justa, con reparación de acuerdo con el avalúo comercial de una venta forzada. Eso también se establece para proyectos de infraestructura. Y tercero, definitivamente tenemos que implementarla. A finales de este mes vamos a hacer un piloto. Arrancaremos con 10 casos muy puntuales para declarar la utilidad pública de unos predios e iniciar la ruta de venta forzada, prontamente los pondremos en conocimiento de la opinión pública.

JM: ¿Con venta forzada se refiere a la expropiación que está en la ley 160 de 1994?

FH: La vamos a usar tal cual. Esperamos que a partir de eso podamos generar condiciones para avanzar en ese ámbito. 

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JM: ¿En qué predios van a hacer el piloto?

FH: Estamos analizándolo. Evidentemente va a ser en los núcleos de reforma agraria, en la costa Caribe. 

JM: ¿Hay una estimación de qué porcentaje de la meta de 3 millones de hectáreas esperan conseguir con esas ventas forzadas?

FH: Espero que al menos el 20 % de los grandes latifundios, que nos den área suficiente, los podamos hacer de esa manera. 

JM: En mayo, la Procuraduría les envió un informe que cuestiona la compra de varios predios: algunos por no tener vocación agropecuaria, otros porque pueden ser baldíos del Estado, otros porque se traslapan con humedales. Dice que en total hay 136.000 millones de pesos en riesgo en esas compras. ¿Qué opina de ese informe?

FH: Creo que el informe está equivocado en varias cosas y tiene razón en otras. ¿En qué tiene razón? Señala que en la anterior dirección cambiaron siete veces el procedimiento de compra. Tienen razón, eso no permite el sistema de calidad. ¿Qué hice? Reglamenté el proceso de compra vía acto administrativo [la decisión de la Corte puede obligar a modificar ese proceso, porque algunas de las tierras compradas estaban en disputa por procesos agrarios]. ¿En qué no tienen razón? Dicen que no podemos comprar predios con agua. 

JM: ¿Son predios que se cruzan con ciénagas o humedales?

FH: Pero la presunción de los humedales no la hace la Agencia Nacional de Tierras. Eso desconoce una realidad concreta y es que cualquier campesino con una visión artesanal de la producción agropecuaria entiende que una finca sin agua no es productiva. Eso no tiene sentido. Y no tiene sentido que, ante cualquier vacío en el estudio de títulos, la Agencia tenga que iniciar un proceso de clarificación, casi una investigación histórica de los últimos 100 años, y presumir que es un baldío ilegal. Si no, cada compra se va a demorar 2 años.

JM: ¿Pero si la Agencia tiene indicios de que un predio fue un baldío del Estado apropiado ilegalmente no debe parar la compra?

FH: Donde hay una presunción clara de que es un baldío. Le voy a poner un ejemplo práctico: en Mompox. Ayer [18 de julio] el equipo me dijo: pilas, porque todo parece indicar que es un baldío y que el propietario se adueñó indebidamente de la ronda del río Magdalena. O sea, de la tierra que surgió por el movimiento del río. ¿Qué hice? Paré la compra y les dije: vayan y recuperen esa tierra mediante un proceso agrario [esta facultad fue la que perdió la Agencia Nacional de Tierras con el fallo de la Corte Constitucional, del que solo se conoce su comunicado]. Esas alertas son claras. Pero decir que la Agencia va a comprar un baldío ilegal solo porque alguna inscripción en los folios no aparece, o por alguna otra dificultad, me parece que no es prudente ni sano para el país.

JM: El presidente dijo que el informe de la Procuraduría es un ataque político. ¿Opina lo mismo?

FH: Creo que hay un sinnúmero de factores en ese informe que harían imposible la reforma agraria en el país. Y en ese entendido sí coincido con el presidente en que tenemos que hacer un acuerdo nacional alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz. Repartir tierra no es por repartirla. Es para construir justicia y productividad. 

JM: El presidente también dijo que el anterior gabinete se dejó encerrar y se quedó en la facilidad de la inercia. ¿En qué inercia se quedó el sector de agricultura?

FH: El Estado está diseñado para no funcionar. La Agencia de Tierras está diseñada para no hacer la reforma agraria. No existe un antecedente de una compra de tierras como esta en la historia de Colombia. Adaptar las instituciones a las metas implica mucho rigor, esfuerzo.

JM: Usted informó que dos predios que compró la Agencia son improductivos: Los Cachorros, en Meta, y Santa Fe, en Sucre. Costaron 60.000 millones de pesos. ¿Qué falló en la Agencia para comprar predios que no sirven?

FH: Fallaron varias cosas. La primera es que no fue obligatoria la visita agronómica: que un agrónomo vaya a la finca y evalúe su capacidad productiva. Lo que hicieron fue simplemente que vieron una imagen satelital y a partir de eso dijeron que sí eran productivos. Eso es un gran error. La segunda cosa es que no tenían valores de referencia para evitar sobrecostos. Estamos poniendo toda nuestra capacidad jurídica de la Agencia para rescindir esos dos negocios y cuidar la plata de los colombianos. Y no los estamos sumando en el contador de la reforma agraria.

JM: ¿Y a quién se le compraron esos predios?

FH: A unos particulares que no tengo en el radar. Lo que sí es cierto es que jamás se debieron haber comprado. 

JM: ¿No hay una sospecha de que se haya querido beneficiar a los dueños?

FH: Eso ya será competencia de las entidades de control. Fue mi dirección la que las puso en conocimiento de esas denuncias. 

JM: ¿Han encontrado más tierras que no se debieron haber comprado?

FH: Hay un par de líos. A estas alturas he hecho 22 denuncias en la Fiscalía, no necesariamente por materialización de compras, sino por personal que hemos literalmente cogido con las manos en la masa intermediando por distintos predios. Hoy no hacen parte de la entidad.

JM: Jhenifer Mojica dijo que por esos dos predios, Cachorros y Santa Fe, ya se pagaron 30.000 millones de pesos. ¿Cómo se recupera esa plata?

FH: Usando todas las condiciones jurídicas, llegando a acuerdos, comprando un pedazo de esos predios que sea el más productivo. Estamos revisando las distintas alternativas a ver qué podemos hacer. 

JM: En este momento hay carpas de campesinos que protestan afuera de las oficinas de la Agencia de Tierras. Dicen que no les han cumplido los compromisos. ¿Cuáles fueron esos compromisos y con quiénes los firmaron?

FH: Hay una gran expectativa de que nosotros cumplamos con todo lo que significa la reforma agraria. ¿Qué va a quedar de este gobierno? Un tejido social organizado en función de la reforma, un avance significativo en la entrega de tierras y esperamos que queden los recursos asegurados en una operación de vigencias futuras que nos permita implementar el Acuerdo de Paz. Si esos tres elementos quedan, creo que vamos a definir el rumbo de una reforma agraria.

JM: Sobre el tejido social, ¿en qué consisten los comités de reforma agraria que usted promueve?

FH: Yo recibí 8 comités y hoy hay 180 comités. Están conformados por campesinos en los municipios. Hacen asambleas, organizan la base de beneficiarios, acuerdan las acciones de acompañamiento. La reforma agraria no es tierra, es organización y producción. 

JM: Para armar esos comités, usted contrató entre otras personas a Julián Conrado, exalcalde de Turbaco y firmante de paz. ¿Cuál es el trabajo concreto de esos contratistas?

FH: Ellos trabajan con la Agencia de Tierras desdoblando la propuesta organizativa. A Guillermo Torres (Julián Conrado) la agencia lo empodera para que vaya organizando comités municipales. Porque no estamos hablando de una reunión informal. Son comités claros con los alcaldes. También hace lo mismo Alexandra Pinedo en Cesar y otras personas.

JM: ¿Y en esos departamentos no había ya funcionarios de la Agencia de Tierras? ¿Por qué contratar más?

FH: Claro, incluso le quiero decir: en muchas partes he venido recortando personal. Aquí la gente se sostiene a base de resultados. Hay unidades de gestión territorial que no han sacado 10 títulos en 5 meses. ¿Qué hago yo? Pues recortar. 

JM: Pero no son equivalentes. Los equipos regionales tienen un perfil más operativo, técnico, y los comités de reforma agraria son más políticos…

FH: Los comités son mucho más políticos porque son organizativos. Pero las unidades de gestión territorial (UGT) en muchos casos no dan resultados. Le pongo un ejemplo: Tolima. Allá estamos cambiando prácticamente a todo el equipo, ¿qué hacemos con gente que lleva 6 años y no saca un título? No le están sirviendo al campesino. Nos interesa una agencia altamente técnica, pero que entienda que, después del Presidente de la República, aquí toca hacerles caso a los campesinos del país.

JM: Para terminar, me dice que se han comprado 135.000 hectáreas nuevas. ¿Cuántas se han entregado a campesinos y otros beneficiarios?

FH: Entregado de forma provisional, todas. El problema real que debo reconocerlo es la titulación. ¿Por qué? Porque mientras tenía un equipo de 300 personas comprando tierra, solo seis estaban titulando. ¿Qué estamos haciendo? Contratamos 50 personas para liberar esos procesos de parcelación. Ir a los lugares y preguntarles: cómo quieren dividirse, quieren propiedad colectiva o individual. 

JM: ¿Qué porcentaje de las tierras compradas se ha titulado?

FH: Ahí tenemos un enorme hueco. Debemos reconocerlo con honestidad. Podríamos decir que de lo comprado hemos podido titular solo el 10 %. El reto que tenemos es que en estos 6 meses titulemos a todos los demás y para eso hemos fortalecido el equipo.

*El fallo de la Corte Constitucional se conoció el viernes 19 de julio, horas después de la conversación de Mutante con Juan Felipe Harman. Le enviamos a la ANT dos preguntas adicionales sobre el impacto de la decisión de la Corte. Preguntamos si pone en riesgo las 100.000 hectáreas que ya fueron recuperadas por procesos agrarios. La ANT aclaró que “la decisión de la Corte entra a modificar los procesos agrarios que hoy están en gestión, no los que ya han sido finalizados”. El fallo de la Corte sí afectará la compra de predios que fueron ofertados a la ANT, pero que a la vez tienen un litigio agrario en curso. “En esos casos tendríamos que esperar a que termine el proceso agrario en una etapa judicial. Lo que creemos es que se va a demorar mucho más tiempo en tener una decisión definitiva”, señaló la ANT.

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