Desde el 2021 en Cali la llegada del mes de abril no es la misma. Hace dos años, a partir del 28 de un mes como este, el Estallido Social le cambió la vida a centenares de jóvenes y a sus familias. La capital del Valle del Cauca fue el epicentro de una movilización social atípica y numerosa, pero también de la acumulación de la ‘digna rabia’ –o la ‘digna putería– tras el accionar violento de las Fuerzas Militares y grupos ilegales armados, aún sin identificar por las autoridades. Por ejemplo, solo en Siloé, al oeste de Cali, durante 46 días de protestas sostenidas el resultado fue un total de 16 personas asesinadas, 48 personas heridas con armas de fuego y 74 víctimas de tortura o actos crueles e inhumanos, 6 víctimas de tentativa de desaparición, amenazas y 73 detenciones arbitrarias, de acuerdo con los datos recogidos por el Tribunal Popular de Siloé, un esfuerzo comunitario excepcional, popular y colectivo en un país donde se hace memoria mientras se siguen contando los muertos. 

Y es entonces cuando la memoria se convierte, otra vez, en un campo de disputa. También este abril, y en palabras de la concejala Ana Erazo “como una cachetada a las víctimas, los movimientos sociales y la ciudadanía caleña”, el concejal Carlos Andrés Arias del Partido de la U presentó una proposición ante el Concejo de Cali para hacer un reconocimiento a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). “Solicito otorgar medalla en grado Cruz de Oro por sus 24 años de labor y como reconocimiento a los servicios prestados, […] que han salvaguardado la vida e integridad de los ciudadanos garantizando sus derechos fundamentales, protegido y preservado las infraestructuras estratégicas de la región y los bienes públicos y privados”, se lee en el documento fechado a los 12 días de este mes. 

¿Cuáles vidas fueron preservadas? ¿Cuáles vidas importan realmente como vidas perdidas? ¿Qué derechos primaron en el accionar de la Fuerza Pública? 

Mientras estas preguntas van al aire, a las afueras del Concejo de Cali, el 17 de abril y en el primero de dos plantones convocados en rechazo a esta proposición, están Blanca, Jenny, Laura, Sandra, Abelardo, Gloria, Érika y otras personas más sosteniendo los carteles que muestran los rostros y nombres de sus hijos, hermanos y amigos asesinados dos años atrás en el marco del Paro Nacional 2021, o como hemos preferido llamarlo, del Estallido Social.

“Según su proposición no hay muertos. ¡Pues salga un momentico y se unta de pueblo para que se dé cuenta de que sí hay muertos y lesionados permanentes! Esto lo declara enemigo de la juventud caleña”, dice Laura Guerrero, la mamá de Nicolás Guerrero, asesinado el 2 de mayo del 2021 en el sector la 14 de Calima. Laura ha liderado Memoria Viva Colombia, el grupo de víctimas del Estallido Social, que reúne a los familiares de quienes fueron asesinados durante aquellos días de protestas y a jóvenes que perdieron un ojo o cuyas lesiones les partieron la vida en dos. 

La polémica proposición —cínica, a los ojos de muchos— fue aceptada en el Concejo de Cali por mayoría. La condecoración fue aplazada una vez y finalmente ocurrió el jueves 20 de abril. Ese día volvieron a darse cita las víctimas y los defensores humanos, pero su grito fue inaudible para el Concejo. Al final, el Esmad, hoy Undmo, recibió su premio. 

En el ensayo “Vida precaria, vida digna de duelo”, Judith Butler, la filósofa estadounidense, escribe: “Si ciertas vidas no se califican como vidas o, desde el principio, no son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales vida nunca se considerarán vividas ni perdidas en el sentido pleno de ambas palabras”. Vuelvo y me pregunto: ¿Cuáles vidas importaron en el Estallido Social? ¿Hubo entonces vidas ‘sin valor de vida’, vidas de segunda categoría, ‘vidas duelables’ y otras cuya pérdida no le importa a esta ciudad o a este país?

Las mujeres reunidas en Memoria Viva Colombia o en el Tribunal Popular de Siloé, dos de las varias organizaciones surgidas del Estallido Social y que hoy mantienen viva la llama de  memoria de este episodio en Cali, están disputándose la narrativa dominante sobre el acontecimiento que les cambió la vida a ellas, sus hijos, su familia y a esta ciudad del Pacífico colombiano. 

La socióloga argentina, Elizabeth Jeilin dice que “… las memorias son presente, una búsqueda de sentido del pasado en función de un horizonte futuro, se trata de procesos abiertos, no de cuestiones terminadas o acabadas”, lo que implica movimiento y, en este caso, capacidad de respuesta a un relato hegemónico sobre lo ocurrido, que en esta ocasión tomó forma de medalla, pero que en pocos meses podría encarnarse en un alcalde que justifique el asesinato de los jóvenes que salieron a protestar. 

Me pregunto, ¿qué clase de moral prima en un país donde poco o nada avanzan las investigaciones en contra de los presuntos responsables, a quienes, en cambio, se les celebra, conmemora y honra? No es la primera vez que ocurre. Como si se tratara de una necesidad de premiar antes de que pueda conocerse la verdad, la historia de las múltiples condecoraciones a los militares que participaron en ejecuciones extrajudiciales, o en los mal llamados “falsos positivos”, tiende a repetirse. Basta recordar al coronel retirado Jaime Pinzón Amézquita, que este 9 de febrero de 2023 devolvió la medalla de servicio distinguido en orden público que le entregaron hace 18 años por resultados en operaciones militares, luego de aceptar, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su culpa en las ejecuciones extrajudiciales en Medellín o los mal llamados ‘falsos positivos’. 

Entonces… ¿En Colombia seguiremos conociendo la versión de los vencedores? ¿Y no sólo escuchándola sino premiándola? ¿Quién escucha a los vencidos? ¿Cuál narrativa primará en el recuerdo colectivo? 

Esta condecoración resulta indigna ante los ojos de las víctimas que aún esperan que se esclarezcan los hechos sobre los asesinatos de sus hijos en medio del ejercicio del derecho a la protesta, o ni siquiera, sino en el mero ejercicio del derecho a vivir. Habrá que hacerse, entonces, la pregunta que se hacía Gonzalo Arango en su microcuento “Elegía a Desquite”: “¿no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?”. Yo por mi parte me pregunto: ¿Habrá manera de que después de quitarles la vida, por lo menos, les respeten la memoria?