A pocos días de la efeméride del día del periodista, la Corte Constitucional colombiana da un espaldarazo al oficio, especialmente a quienes dentro de él hemos decidido caminar la –a veces– porosa frontera que nos separa y nos une al activismo, a quienes nos hemos declarado periodistas feministas y a quienes creemos que el abuso de poder en la intimidad de las relaciones humanas es un asunto público que, al denunciarse, pone en debate las discriminaciones históricas a las que las mujeres hemos sido sometidas. Es más, a quienes creemos que el periodismo, en un país como Colombia, no puede ser neutral ante la injusticia y la violencia. 

En la Sentencia T-452 de 2022, que conocimos públicamente este 1 de febrero, la máxima instancia constitucional del país negó al director de cine Ciro Guerra la tutela con la cual buscó la defensa de su derecho al buen nombre, y donde expuso un argumentario en contra del ejercicio periodístico de Catalina Ruíz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño; lo que abrió un nuevo capítulo de la repetida tensión entre los derechos a la libertad de expresión y al buen nombre. Ellas, fundadoras de la revista digital Volcánicas, publicaron el 24 de junio del 2020 un extenso reportaje en el cual reunieron, en principio, ocho denuncias de acoso y abuso que señalaban un comportamiento sistemático de Guerra; él, por su parte, pretendía una rectificación del medio feminista y que el documento periodístico fuera retirado del portal web, como quedó expreso en las pretenciones de su petición.  

Esta es una victoria compartida entre el periodismo y el feminismo. Y, como nos lo han enseñado otras luchas, una victoria parcial que nos exige movimiento para defender el terreno ganado. “Yo no puedo decir que estoy libre de esta vaina. Aunque hay una cosa importante de la Sentencia, y es que ordena que le manden copia a quienes están encargados de los otros dos procesos”, nos contó Catalina Ruíz- Navarro haciendo alusión a la denuncia penal en su contra y la de su compañera por la presunta comisión del delito de calumnia, y a la demanda civil donde, por demás, Ciro Guerra solicita un millón y medio de dólares como indemnización por todo lo que ha dejado de recibir en el mundo del arte y el cine después de las acusaciones en su contra. 

En efecto, el fallo de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, consideró que las periodistas hicieron un trabajo de investigación acorde con el estándar de veracidad, que “reflejó la decisión ética del periodismo feminista de trabajar por los derechos de las mujeres”.  Además, ordenó remitir copia al Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá, que tramita la demanda civil, y a la Fiscalía 292 Local adscrita a la Casa de Justicia de Kennedy, donde cursa la denuncia penal contra Londoño y Ruíz-Navarro. Es decir, y según me lo explicó la abogada constitucionalista María del Pilar Escobar: “la Corte insta a los jueces a que observen los lineamientos planteados en el fallo, que tienen que ver con aplicar la perspectiva de género y, también, a que consideren que el ejercicio abusivo del derecho puede llevar, en casos como este, al silenciamiento periodístico, cosa que sería profundamente grave en la construcción de una sociedad democrática”. 

El fallo de tutela es una clase de periodismo, feminismo y ética. Resuelve dos problemas que le interesan al oficio: el primero es “si las periodistas desconocieron los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia de Ciro Guerra” y, el segundo, “si el litigio iniciado por Ciro Alfonso Guerra Picón constituye un caso de acoso judicial o abuso del derecho”. 

Frente al primer problema, la Sala reiteró que “la división entre el relato y la opinión de las periodistas estaba plenamente diferenciada”, una cosa fue lo que expusieron en su reportaje —en el que además transcribieron una monisilábica entrevista con Ciro Guerra—  y otras las opiniones que dieron en medios de comunicación. La Corte califica el trabajo periodístico de riguroso al recoger denuncias reservadas y anónimas sobre violencia sexual, lo que según la misma Corte hace parte de un “un discurso constitucionalmente protegido” que es el escrache. Ante el segundo lío jurídico que asume la Corte, sentencia que existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes. Ciro Guerra invirtió su dinero y poder en una arremetida jurídica buscando silenciar cualquier sospecha sobre su comportamiento. 

Acá me detengo para resaltar un asunto en juego en esta discusión y el cual creo que es el corazón de las denuncias que puede y debe hacer el periodismo feminista: el poder; no solo para evitar que quien lo ejerce de forma opresiva se detenga, sino para que como sociedad nos pensemos estrategias colectivas para reparar a las víctimas de manera estructural, y eso, por ejemplo, implica pensar las posiciones que ocupamos las mujeres en los espacios artísticos y creativos.

Por ejemplo, el informe “No Es Hora de Callar”, publicado en el 2020 por la Fundación para la Libertad de Prensa, registró que el 60% de 160 mujeres comunicadoras entrevistadas denunciaron haber sido víctimas de violencia de género en su trabajo y que un 78% conoce situaciones de violencia basada en género (VBG) en contra de alguna colega. Además, que al menos 3 de cada 10 mujeres que sufrieron VBG tuvieron que abandonar sus trabajos. 

Ahora, Ciro Guerra cree que ha perdido mucho dinero por culpa de las periodistas y su investigación. ¿Será que alguna vez nos ha interesado la cantidad de dinero que deja de recibir una mujer que después de una situación de abuso o acoso decide abandonar su carrera y marginarse para sentirse más segura? Hablo de dinero, pero podría hablar también de autoestima, dignidad, salud e incluso de la vida misma. Quizá por ahí podamos empezar a entender que el acoso, aunque algunos lo califiquen como un problema menor librado por el feminismo blanco, sí que nos ha puesto en desventaja histórica a las mujeres, lo cual no solo es discriminatorio sino opresivo. 

El texto jurídico deja un estándar altísimo en varios asuntos: reconoce la protección constitucional del discurso que denuncia las violencias de género, así como las fallas en el acceso a la justicia para las mujeres; recuerda que Ciro Guerra, como otras figuras públicas —por ejemplo, Víctor de Currea, quien recientemente renunció con desidia a su designación como embajador del gobierno colombiano en Emiratos Árabes Unidos, después de ser escrachado—, deben soportar un mayor escrutinio sobre sus actuaciones; recoge el principio de la convención Belem Do Pará sobre el deber de los Estados de alentar a los medios de comunicación a difundir información que contribuya a erradicar la violencia de género; y, para quienes reclaman principios jurídicos ante el escrache, la Corte recuerda que los testimonios de violencia sexual y de género se presumen veraces y se les aplica el principio de la buena fe, además de que a la víctima no le es exigible un deber de neutralidad, ni de veracidad o imparcialidad. 

¿Y al o la periodista se le exige algo distinto? Sí. Según la Corte “en virtud de la responsabilidad social de la profesión, tienen tres deberes al transmitir información que involucre la posible comisión de hechos punibles: (i) ofrecer garantías de veracidad e imparcialidad; (ii) diferenciar entre información y opinión; y (iii) garantizar el derecho a la rectificación”. Además, no le exige al periodismo “estar más allá de la duda razonable, como sí ocurre con los jueces; ni establece la carga de la prueba en las investigadoras, como ocurre con la Fiscalía General de la Nación. La veracidad no es la verdad”. O sea, no se trata de la correspondencia fiel del relato con el mundo, sino de la pretensión expresa de acercarse a la verdad, donde es menester la mirada ética que viene acompañada de “técnicas de contrastación, triangulación, corroboración de la información”. 

Creo, entonces, que el resquemor que a algunos sienten cuendo el periodismo se declara feminista o, incluso, activista, viene de la confusión de los principios de la veracidad e imparcialidad con la falsa neutralidad. Yo, después de todo y como periodista, me pregunto: ¿acaso se puede ser moralmente neutral en Colombia? ¿Acaso la neutralidad no se parece a la mezquindad en un país donde las desigualdades entre mujeres y hombres son tan evidentes? 

Enhorabuena la decisión de la Corte, que nos permite trascender la discusión, ya anacrónica, sobre si el periodismo puede o no permitirse defender una causa. Lo que sí creo, como también lo dice el fallo, es que el periodismo no puede bajar sus estándares de veracidad e imparcialidad –aunque a este último yo le agregaría proporcionalidad entre “el opresor” y “los oprimidos”–, y es ahí donde tendremos que seguir trabajando para hacer mejor periodismo y mejor periodismo feminista, donde el escrache sea una herramienta, no un fin; tan sofisticado como se pueda, de manera que ponga con evidencia y en el debate público la discriminación de las mujeres, que señale el abuso de poder y que no revictimice a nadie.