En Perú, abril de 2019, el expresidente Alan García se disparó un tiro en la cabeza cuando la policía fue a detenerlo por una investigación relacionada con sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Fue la reacción más trágica entre quienes estaban señalados por corrupción. Entonces, en ese mismo país, había otro exmandatario investigado e internado en un hospital, otro permanecía prófugo y otro más tenía prohibido salir del país. El impacto regional de este caso también generó inestabilidad política en Brasil e investigaciones en Argentina, Chile, Panamá y Ecuador, entre otros.

En Colombia ningún expresidente está en condiciones similares. Sí fueron condenados dos excongresistas, Otto Bula y Bernardo Elías; y un exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales; pero el caso Odebrecht aún respira impunidad. Un exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, ejerció el cargo y nunca se declaró impedido para investigar el caso, aunque fue abogado y hombre cercano a Corficolombiana, la empresa socia de Odebrecht en Colombia. En general no ha habido más sanciones en este caso. 

Durante varios meses la atención pública se centró en Odebrecht y sus coletazos. De forma similar hoy el ruido gira en torno al contrato de 70.000 millones de pesos que el Ministerio de las TIC le otorgó a Centro Poblados para llevar internet a zonas rurales, algo que nunca se cumplió. De tanto en tanto también se destapan ‘carteles’ de la hemofilia, del VIH, de los muertos, de los pañales, de la toga (justicia); ‘elefantes blancos’ en obras públicas y sobrecostos millonarios; desvío de recursos destinados a la salud, educación o alimentación escolar para beneficio de particulares, y una enorme variedad de modalidades de corrupción e irregularidades que también incluyen acusaciones de plagio de tesis (como en el caso de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias) o aprobaciones en el Congreso de iniciativas cuestionadas para favorecer la corrupción (suspensión de la ley de garantías) y penalizar la información relacionada con la veeduría a funcionarios públicos (artículo de ley anticorrupción). Y estos son apenas los casos más recientes.

Durante el último año La Liga Contra el Silencio y sus aliados rastrearon con el proyecto El Radar distintos casos de corrupción, de abuso de poder y crimen organizado. Nuestro objetivo no ha sido solo evidenciar los hechos, sino también revelar los modus operandi y evitar que estos episodios caigan en el olvido. La corrupción no es un fenómeno abstracto: afecta el bienestar de la población, pues se apropia de recursos que deberían invertirse en salud, educación, seguridad o infraestructura, por ejemplo.

El inventario de nuestras investigaciones, junto a varios medios aliados, incluye, entre otras, tres capítulos de la videocolumna La Pulla, donde figura el panorama de cómo se han robado a Colombia: ‘Así funciona la corrupción’, ‘Así se ROBAN la salud’ y ‘Así se ROBARON los narcos Colombia’. Además impulsamos dos investigaciones de Cuestión Pública y Vorágine: ‘Los negocios turbios del nuevo presidente del Senado’ y ‘Un audio compromete al alcalde de Medellín con apoyos a David Luna’. Ahora iniciamos con Mutante la conversación digital #HablemosDeCorrupción, donde revisaremos sus causas y efectos.

“De tiempo en tiempo conocemos un escándalo. ¿Significa que en los tiempos de silencio es porque las cosas están funcionando bien, o simplemente porque no se ha conocido el escándalo, no se ha conocido el hecho corrupto?”, se pregunta Iván Velásquez, exmagistrado que lideró investigaciones contra decenas de parapolíticos en Colombia, y que fue parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una iniciativa de Naciones Unidas.

“Hay prácticas más o menos constantes: lo que significa el tema del clientelismo judicial, de la falta de independencia, de la utilización de la justicia –como se ha visto tanto en el caso de la Fiscalía para afectar o beneficiar–. Si uno hace todo el recuento podría ver que la corrupción sí es un problema endémico en Colombia”, dice el abogado.

En general, en América Latina domina una percepción: la corrupción es alta y parece no tener remedio. ¿Cómo se maneja esa frustración desde la justicia, la política, el periodismo o la vida privada? No hay una respuesta única.

En el último informe ‘Radiografía de la corrupción en Colombia 2016-2020’, la organización no gubernamental Transparencia Colombia identificó 967 hechos de corrupción reportados en la prensa durante ese periodo. Entienden la corrupción como “el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular de actores legales y/o ilegales, o en posible asocio entre estos, en detrimento del interés colectivo. Este se realiza a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios, beneficios y/o favores, a cambio de acciones, toma o incidencia en decisiones u omisiones”.

En ese marco identifican cuatro tipos: el 44 % de los hechos tiene que ver con corrupción administrativa (de una autoridad o servidor público, la mayoría relacionados con contratación pública); el 27 % con corrupción política (abuso del cargo para sostener su poder, estatus o riqueza, tráfico de influencias); el 19 % con corrupción privada (sobornos, competencia desleal, lavado de activos, evasión de impuestos); y un 10 % con corrupción judicial (desviación de procesos judiciales, sobornos, abusos y toma de decisiones de manera discrecional). La mayor parte de los afectados son niños, adolescentes, estudiantes y población vulnerable.

El mayor número de hechos rastreados ocurrió en Bogotá y en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Santander y Valle del Cauca, lugares donde hay condiciones más favorables para reportar los hechos de corrupción y más medios de comunicación. “El reporte de hechos de corrupción dice tanto como la ausencia de los mismos: se debe analizar a mayor profundidad el silencio en territorios y sectores que presentan un bajo reporte”, dice el informe de Transparencia Colombia.

La percepción de impunidad parece ser la frase que prima en el país. Claire Launay Gama, directora programática de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia por Colombia, explica que muchas veces las investigaciones tienen tiempos muy largos para llegar a la sanción, y en otras ocasiones simplemente no hay. “Mucha corrupción es sancionada, pero no es suficiente para incentivar la denuncia”, dice. Hay desconfianza en las instituciones. “Para qué voy a denunciar si mi queja no va a ser atendida”, dice la experta, y se refiere al razonamiento instalado en muchas personas que evitan denunciar.

Incluso quienes denuncian la corrupción se enfrentan a riesgos, amenazas o exilio. Es el caso del juez Andrés Rodríguez Caez, quien rechazó sobornos del senador Eduardo Pulgar, hoy detenido; y luego se vio obligado a salir del país por amenazas de muerte.

“¿El acto de valentía y de honestidad de ese juez no habría merecido que el Estado saliera en su protección? Esos que deberían ser referentes positivos resultan aplacados por las consecuencias negativas que esas personas valientes sufren”, opina el abogado Velásquez.

El “no pasa nada” también lo dijo con resignación Paola Herrera, la periodista que reveló el caso de Centros Poblados, por el que ganó el Premio Simón Bolívar 2021 a Periodista del Año.

https://twitter.com/PaoHerreraC/status/1469023802650673158?s=20

Velásquez resalta la importancia del periodismo que investiga y señala actores, muestra conexiones y pone en evidencia probables responsabilidades de personajes influyentes. Pero muchas veces esos intereses no se tocan, y es poco el resultado real. Según el abogado, urge “un compromiso con el seguimiento de lo que se denuncia”, tanto por parte del periodismo como de la ciudadanía.

Cobramos cuentas de las autoridades y de la justicia para no caer en la impunidad, pero en la sociedad la corrupción también es vista con permisividad o se vuelve paisaje. Colarse en la fila, pagarle al policía para evitar una sanción, sacar tajada de donde se puede ver al “vivo” con admiración. Estas conductas ocurren a diario, mientras nos indignamos por el corrupto de turno.

 “Si no hay sanción penal, que al menos haya sanción social. Pero para que haya sanción social se requiere que la indignación no sea solo por el conocimiento de la noticia. La indignación debe producir un rechazo por la actuación de la persona que signifique que esa persona sienta que es vista por todos como un delincuente, y no pasa”, se queja Velásquez.

El 2022, que estará marcado por las elecciones presidenciales y del Congreso, será clave en la lucha contra corrupción: no solo para poner la lupa en el financiamiento de las campañas o el posterior pago de favores políticos con contratos, sino porque el voto sigue siendo una herramienta fundamental para no elegir a los corruptos: a quienes compran votos; a familiares y socios de condenados o señalados por corrupción y otros delitos; a los candidatos de clanes políticos cuestionables; o a simples herederos de escándalos de corrupción [aquí un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que puede ser útil para identificarlos].

La corrupción también puede combatirse con esas acciones individuales que no debemos normalizar. El voto es apenas una de varias herramientas ciudadanas disponibles. Aunque a veces el desánimo nos indique que no hay remedio, es preciso seguir trabajando en busca de transparencia y sanciones.