Hay personas trans y no binarias en Colombia que han logrado reflejar su identidad de género en sus documentos oficiales. Después de años de lucha, de trámites, de explicaciones repetidas, de insistir una y otra vez, consiguieron que el Estado las reconociera, al menos en el papel. Y, sin embargo, ese mismo Estado falla cuando por alguna razón tiene que buscarlas en sus propias bases de datos, o las encuentra mal, o las registra como alguien que no son.

Ese vacío no es un problema técnico. Tiene consecuencias concretas sobre la vida de las personas, sobre la manera en que acceden a derechos, sobre la forma en que son atendidas por el sistema de salud, sobre sus posibilidades de acceder a la justicia y de ser reconocidas adecuadada por la insititucionalidad, y sobre si sus experiencias aparecen, o no, en las decisiones de política pública. Por eso, en el centro de este Día de la Visibilidad Trans, hay una pregunta inaplazable: ¿qué significa realmente ser visibles?

En Colombia hay avances importantes en el reconocimiento legal de la identidad de género. Desde 2015, cambiar el componente sexo en documentos oficiales dejó de depender de requisitos médicos humillantes y pasó a ser posible mediante trámite notarial. La Corte Constitucional también ha dado pasos relevantes al reconocer identidades no binarias y actualmente hay discusiones normativas en curso que podrían ampliar aún más ese reconocimiento. Nada de eso es menor, son conquistas reales, logradas gracias al trabajo sostenido de activistas, organizaciones y comunidades que se han negado a aceptar que su existencia dependa de la tolerancia ajena.

Pero entre ese reconocimiento legal y la vida cotidiana existe una brecha profunda. Porque una cosa es que el derecho avance, y otra muy distinta es que las instituciones funcionen de manera coherente con ese avance. Los registros civiles, los formularios de salud, las estadísticas de mortalidad, las bases de datos del conflicto armado y tantos otros sistemas que organizan la vida social siguen operando, en muchos casos, con lógicas binarias, fragmentadas y desarticuladas. Lo que cambia en un documento no necesariamente cambia en el hospital, en el juzgado, en el sistema de información, en el formulario que una persona debe volver a diligenciar frente a un funcionario que duda, pregunta o simplemente decide no reconocerla.

Una investigación reciente liderada por la Liga de Salud Trans, realizada con líderes y lideresas trans de distintas regiones del país, documentó con claridad lo que esta fractura significa en la vida cotidiana. Varias personas describieron la sensación de tener que empezar de nuevo cada vez que actualizaban sus documentos: ir institución por institución, explicar una y otra vez, corregir registros que el mismo Estado ya había reconocido en otro lugar, insistir en que su nombre y su identidad no eran un error ni una anomalía. En algunos casos, el sistema de salud las seguía tratando como excepciones incómodas. En otros, por ejemplo en las estadísticas sobre conflicto armado, no ofrecían ninguna forma de nombrarlas, como si solo fuera posible existir dentro de categorías que nunca fueron pensadas para ellas.

“Lo que no está escrito no existe”, dijeron varias de las personas participantes. Cuando las personas trans y no binarias no aparecen en los datos, tampoco aparecen con claridad las desigualdades que enfrentan en términos de acceso a salud, empleo, de estrategias para eliminar la violencia, el acceso a derechos o la posibilidad de una vejez digna. Y cuando esas desigualdades no aparecen, es mucho más fácil que no reciban atención, ni presupuesto, ni respuesta pública. Eso es, en el fondo, una forma de injusticia estadística: no solo la ausencia de datos, sino la producción de sistemas que no saben reconocer a ciertas vidas y, por lo mismo, terminan empujándolas otra vez al margen.

Muchas personas trans quieren ser contadas y, al mismo tiempo, sienten miedo de serlo. No porque no quieran existir ante el Estado, sino porque saben que la visibilidad, cuando no viene acompañada de garantías, también puede convertirse en una forma de exposición. Cuando no hay reglas claras sobre quién accede a esos datos, para qué los usa y cómo se protegen, la promesa del reconocimiento puede volverse una fuente de riesgo. Esa ambivalencia no es contradicción; es la respuesta razonable de comunidades cuya memoria está marcada por la violencia institucional, la discriminación y el abandono.

Ninguna señal de cambio basta por sí sola si no se convierte en sistemas que funcionen, en protocolos que se cumplan y en datos que reflejen vidas reales. La inclusión de la identidad de género en las estadísticas y en los registros estatales no puede seguir siendo una promesa aplazada, una conversación técnica encerrada entre expertos, ni una decisión que siempre parece postergarse.

Este Día de la Visibilidad Trans debería servir para algo más que conmemorar. Debería servir para exigir que el reconocimiento deje de ser parcial, frágil o inconsistente. Que se traduzca en instituciones capaces de reconocer a las personas de manera digna, correcta y sostenida. Que las comunidades trans participen de forma real en el diseño de esas transformaciones. Y que el Estado deje de actuar como si ver fuera suficiente, cuando en realidad lo que hace falta es reconocer bien.

Porque ser visible no debería ser una apuesta. No debería depender de la buena voluntad de una oficina, ni del conocimiento excepcional de una funcionaria, ni de la energía que una persona tenga para insistir. Ser visible debería ser un derecho garantizado: en las calles, sí, pero también en los registros, en las cifras y en todos esos instrumentos, unos más conocidos que otros, desde los cuales el Estado decide todos los días, quién cuenta, quién importa y quién merece ser atendido.