La corrupción en Colombia es uno de los temas que despierta más indignación y desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. También está reiteradamente en boca de los candidatos presidenciales y ocupa un lugar relevante en sus programas de gobierno. ¿Pero sus propuestas atacan efectivamente el problema y son realizables? Con la ayuda de Transparencia por Colombia (TC) analizamos qué tan útiles, detallados o limitados son los postulados de las candidaturas y qué tan fácil, difícil o imposible serán de aplicar.

Andrés Hernández, director del capítulo nacional de Transparencia Internacional, nos explicó que realizaron un análisis y clasificaron las propuestas según estas categorías: transformadoras (las más útiles), significativas (útiles, pero falta profundidad), moderadas (con un potencial impacto menos significativo) y limitadas (las que menos afectarían el problema).

En relación con la factibilidad, las calificaron según la capacidad y agilidad con la que podrían implementarse. Dentro de estas, son factibles las que podrían ejecutarse de inmediato (lo que no implica que sean positivas, porque algunas incluso “podrían ser contraproducentes”) y poco factibles a aquellas para las que no hay medios para su implementación –como capacidad, recursos y conocimientos en el Ejecutivo–, y aquellas para las que no bastan las competencias del presidente, y por lo tanto pasan por decisiones de otras ramas del poder público.

Hernández afirma que pese a la sensación generalizada de que esta ha sido una campaña de señalamientos y ataques, hallaron propuestas que sí tocan lo necesario. “Por supuesto que falta mucha profundidad, pero en los titulares de las propuestas uno encuentra cosas muy interesantes”, nos dijo. Es difícil saber si hay un candidato anticorrupción cuando todos dicen serlo. Los colombianos elegirán este domingo entre una baraja de aspirantes que se juran impolutos, decentes e incorruptibles, incluso cuando sus deudas del pasado y sus alianzas del presente indican lo contrario.

Aquí, por lo pronto, nos ocuparemos de sus ideas. Pero antes, les recordamos que Mutante construyó un pliego informativo con expertos, expertas y jóvenes de todo el país sobre cuáles consideran son los principales problemas y posibles soluciones frente a la corrupción en el país. Este pliego informativo lo pueden consultar aquí.

LO QUE LES FALTÓ A LOS CANDIDATOS

Después del análisis de Transparencia por Colombia, Hernández señaló tres problemas a los que candidatos poco o nada le apuntan.

Primero, las propuestas se dirigen mucho al nivel central del gobierno, pero aterrizan poco en el nivel territorial. “Se ha pensado tradicionalmente que una medida o ley nacional se decanta a los territorios, pero se ha demostrado que no es verdad”, explica Hernández. Además, resalta que es algo que se esperaría de presidenciables que han sido mandatarios locales.

En segundo lugar, aunque se avanza en hablar de las víctimas de la corrupción, reconocerlas y buscar repararlas, falta avanzar en procesos para diferenciar quiénes son y fortalecer canales de denuncia diferenciados (para mujeres, población LGBTIQ+, entre otros), que reconozcan que en cada caso los obstáculos que enfrentan son distintos.

Finalmente, el capítulo transnacional. “Varios plantean el tema de recuperación de recursos, pero ninguno habla de la cooperación transnacional”, explica Hernández, un tema sin el cual esta política de lucha contra la corrupción quedaría incompleta. Por ejemplo, no hay propuestas sobre el abuso de paraísos fiscales y de figuras jurídicas usadas para esconder movimientos financieros, problemas en los que Colombia no podría actuar sola.

Ahora vamos al análisis de las propuestas.

GUSTAVO PETRO: CAMBIAR AL CNE POR UN TRIBUNAL

En el caso del candidato Gustavo Petro se analizaron 17 propuestas. De estas, ninguna tendría un impacto transformador, pero tampoco hay alguna con un potencial limitado. Seis tienen un potencial moderado y las once restantes tienen un potencial significativo. La evaluación de factibilidad indica que son cinco las propuestas factibles, diez poco factibles por falta de competencia y dos más poco factibles por falta de medios. 

Entre las de potencial significativo, aparece la propuesta de sustituir al Consejo Nacional Electoral por un tribunal electoral que garantice independencia de ese poder respecto a las demás ramas, pues hoy es elegido por el Congreso. También se plantean reformas a la Procuraduría y la Contraloría para eliminar duplicidad de funciones y cambios al mecanismo de elección del Fiscal General, también con miras a su lograr su independencia. Todas estas son poco factibles por falta de competencia. Además, propone vincular a la ciudadanía en las decisiones públicas como forma de democratización y control social, así como mayor acceso a información pública –un tema señalado en el pliego de Mutante–. Ambos temas son factibles. En general, propone reformas al equilibrio de poderes para “restaurarlo” y que se respete el sistema de pesos y contrapesos.

Entre las de potencial moderado hay propuestas muy generales, como la exigencia de “limpiar” la política (factible), que los corruptos devuelvan los dineros robados (poco factible por falta de medios) o que se cuidará el voto como expresión de la voluntad popular (poco factible por falta de competencia). Otras más específicas proponen eliminar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y crear una “gran Fiscalía anticorrupción” (ambas poco factibles por falta de competencias), así como la financiación total de las campañas electorales por parte del Estado (factible).

FEDERICO GUTIÉRREZ: REGULAR EL LOBBY EN EL CONGRESO

De 28 propuestas de Federico Gutiérrez solo dos tienen un potencial transformador y otras ocho tienen un impacto significativo. La mitad, es decir 14, tienen un potencial de impacto moderado y las cuatro restantes son de impacto limitado. Sobre su factibilidad, 13 son factibles, nueve poco factibles por falta de competencias y seis poco factibles por falta de medios necesarios para llevarse a cabo. Detallamos algunas de las propuestas.

Las propuestas transformadoras abarcan la protección a denunciantes, y atienden uno de los problemas identificados en el pliego de Mutante. Al ampliar esto, el candidato propone estructurar un sistema de protección de denunciantes, informantes y reportantes de actos de corrupción que, a su vez, verifique la seriedad de las denuncias. Estas serían factibles.

Las de potencial significativo se concentran en el uso de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) para enfrentar la corrupción. Solo la propuesta de aumentar la transparencia del gobierno es señalada como factible. El candidato también propone el uso de inteligencia artificial para identificar “a los que le hacen trampa a la ley” y una justicia digital con ventanilla única para agilizar procesos. También plantea herramientas adicionales para complementar SECOP (sistema electrónico donde se publican y consultan los documentos y actos sobre contrataciones públicas), de forma que se produzcan alertas tempranas, todas poco factibles por falta de medios; además de extinción de dominio de propiedades “con plata que le robaron a Colombia”, poco factible por las competencias, según el análisis de TC.

Las propuestas de potencial moderado versan sobre varios temas: las factibles, sobre cabildeo, a través de la regulación del lobby; las limitaciones a las contrataciones interadministrativas en infraestructura, así como uso de una sola plataforma de contratación, y rendición de cuentas (audiencias trimestrales de rendición de cuentas y acceso a la información). Otros temas, poco factibles y limitados debido a las competencias son: sanción de la corrupción (por ejemplo, mayores penas para corrupción y muerte política a congresistas y empresarios condenados, y racionalización de trámites sobre normatividad (como eliminar las normas que obligan a ciudadanos a pagar revisiones. En cuanto a contratación pública (uso de pliegos unificados y tipo) el tema es visto como poco factible por falta de medios.

Las de impacto limitado incluyen que promete no desaparecer los órganos de control (factible), una “revisión previa del impacto de las leyes en la vida y el bolsillo de los ciudadanos” (poco factible por falta de medios), la ventanilla única de trámites y la creación de una red anticorrupción (factibles).

RODOLFO HERNÁNDEZ: ELEGIR AL FISCAL POR VOTO POPULAR

En el caso de Rodolfo Hernández, quien ha centrado su campaña casi exclusivamente en su discurso anticorrupción y anti “politiqueros”, hablamos de 20 propuestas presentadas y analizadas, de las cuales ninguna tiene un potencial transformador, cuatro tienen un potencial significativo, ocho son moderadas en su posible impacto y ocho más son limitadas. El candidato Hernández acumula diez propuestas factibles, siete poco factibles por falta de competencias y tres poco factibles por falta de medios para llevarlas a cabo.

Entre las limitadas hay declaraciones, más que propuestas. Por ejemplo, manifestar que los recursos públicos se defienden como si fueran los de la propia familia o que le exigirá a los entes de control entregar resultados tangibles de su trabajo. En otras líneas propone ejercicios de “magistratura moral” en los que visibilice a funcionarios que incurran en actos de corrupción y su propuesta de reforma frente a la Fiscalía es que el fiscal sea elegido por voto popular, propuesta poco factible por no ser de competencia exclusiva del presidente.

Las propuestas de impacto moderado de Hernández, en su mayoría poco factibles por medios o por competencia, contemplan una meta de “cero impunidad” frente a políticos corruptos; que todos los sectores implementen pliegos tipo, y además, plantea pagar recompensas por denuncias, provenientes del dinero recuperado de políticos corruptos. También menciona la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Tiene propuestas más factibles, como el incentivo a las veedurías ciudadanas y la implementación de auditorías internacionales a contratos de grandes cuantías, pero a discreción del Ejecutivo.

Por otro lado, las propuestas que tienen potencial significativo son en su mayoría poco factibles por falta de competencia. Como la promesa de fomentar autonomía, flexibilidad y competencias de entidades territoriales que cumplan mínimos de eficiencia y eficacia, y la idea de crear un sistema central de control fiscal y revisar las funciones y resultados de las contralorías que “cuestan mucho dinero a los colombianos”. La única calificada como factible en este grupo busca fortalecer a las entidades en sus capacidades de uso de las TIC para “acabar con el atraso tecnológico en el sector público” y disminuir el ocultamiento de información.

SERGIO FAJARDO: ELIMINAR LA PROCURADURÍA

En el caso de Sergio Fajardo, su programa es el único con un claro enfoque de género en el capítulo anticorrupción. De las 24 propuestas, la mitad (12) tienen un potencial significativo, mientras que dos más serían transformadoras. Nueve son de potencial moderado y una de potencial limitado. El candidato Fajardo tiene en total, 12 propuestas factibles, nueve poco factibles por falta de competencia y tres poco factibles por falta de medios para su concreción.

Comencemos por la propuesta limitada: organizar “contratistas al tablero”, eventos públicos para que rindan cuentas y respondan inquietudes ciudadanas, poco factible por falta de medios para hacerse realidad.

Las de potencial moderado incluyen eliminar la Procuraduría y que sus funciones las asuman la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General (poco factible por falta de competencia). También le apuntan, por ejemplo, a “acabar con la mermelada a través de control social” (factible), a hacer “libros blancos” (que recogen las anomalías detectadas en empalmes administrativos, algo que hizo Fajardo cuando asumió como gobernador de Antioquia)  de cada institución estatal (falta de medios), a “dignificar” el oficio de contratistas del Estado (falta de competencias), fortalecer veedurías, hacer seguimiento a compromisos anticorrupción y dar especial atención a las denuncias de corrupción de las mujeres (factibles).

En las propuestas de potencial significativo, aparecen varias de reforma a los órganos de control, todas poco factibles por falta de competencia: un concurso de méritos para elegir la terna de las que eligen al contralor y al fiscal, que tendrá que ser especialista en derecho penal, y eliminar contralorías territoriales y concentrar sus funciones en la Contraloría General, entre otras. Además, propone crear un Fondo Nacional para la Reparación de Víctimas de Actos de Corrupción (falta de medios) y recuperar activos robados, además de fortalecer la judicialización con la perspectiva de esas víctimas (falta de competencias).

Finalmente, las de un potencial impacto transformador, ambas factibles, son: reconocer a esas víctimas y emprender acciones ejecutivas para repararlas, sin detrimento de las judiciales, y transformar la Secretaría de la Transparencia en una Agencia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción con autonomía administrativa –es decir, sin línea de mando con la Presidencia– que lidere los procesos sectoriales y territoriales al respecto.

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