“Las viejas de la cocina casi me dan garrote porque [la carne] está muy dura”. La frase la dijo una persona no identificada al comerciante Fernando Trujillo en un audio en poder de la Fiscalía que sirvió como prueba para detenerlo en 2020 por suministrar carne de caballo y de burro, haciéndola pasar por carne de res, al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander.

Gracias a las alertas de las cocineras de una escuela y de los padres de familia se empezó a investigar este caso, uno de los 967 hechos reportados en el informe Radiografía de la Corrupción 2016-2020 de la organización Transparencia por Colombia. Es un ejemplo de “corrupción privada” que se comete usando recursos públicos (el PAE se ejecuta a través de contratos que gobernaciones y alcaldías adjudican a privados) para obtener beneficios particulares e incurriendo en prácticas que afectan derechos, como en este caso, de niños, niñas y adolescentes.

Trujillo fue acusado de delitos de corrupción de alimentos, fraude procesal y falsedad en documento privado, pero su caso no es aislado. Hasta noviembre, la Contraloría General de la Nación adelantaba 154 investigaciones por irregularidades en el PAE en todo el país por 43.000 millones de pesos. La mayoría de estas investigaciones se dieron –nuevamente– gracias a alertas ciudadanas.

Pero muchas veces quienes se animan a denunciar –de forma voluntaria y sin más estímulo que el de reclamar por alguna irregularidad– atraviesan obstáculos y riesgos. Y el camino se puede hacer más difícil cuando tiene que persistir hasta lograr –y a veces no pasa– sanciones o cambios significativos, especialmente en los territorios más apartados, donde hay menos presencia del Estado y mayor influencia del crimen organizado.

El estudio Barómetro Global de la Corrupción en América y el Caribe (2019), de Transparencia Internacional, señala que denunciar los casos de corrupción ante las autoridades “es fundamental para luchar contra este fenómeno”. Sin embargo, en Colombia, el 78 % de los encuestados cree que si las personas denuncian hechos de corrupción sufrirán represalias. Además, el 58 % afirma que es poco probable que reportar un hecho conduzca a la adopción de medidas.

A esas percepciones se suma que en el país no existe un marco legislativo y normativo integral sobre la denuncia de corrupción y la protección a quien denuncia o alerta. Tampoco está reglamentado el ejercicio de las veedurías ciudadanas con espacios de participación claros y estímulos efectivos, ni existe una categoría oficial sobre la vulnerabilidad del denunciante de hechos de corrupción para que el Estado lo proteja en caso de amenazas, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los considera defensores de los derechos humanos.

Expertos aseguran que estas problemáticas se deben a la falta de voluntad política “o más bien, a la mucha voluntad política de impedir que los denunciantes sean protegidos y premiados”, dice Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, una organización sin ánimo de lucro. “Sin protección adecuada para los denunciantes, derrotar la corrupción es imposible. La gente teme por su vida, su integridad y la de sus familias, y teme sufrir represalias en el trabajo”, agrega.

También se ve lo que parecen ser intentos de amedrentar y amordazar,  según denunciaron varios sectores cuando en la Cámara y en el Senado se incluyó un artículo en el proyecto de ley anticorrupción que amenazaba con prisión y multa a quien cometa “injuria o calumnia” en denuncias contra funcionarios y exfuncionarios públicos, e incluso suspensión o cancelación de su personería jurídica en caso de organizaciones. El ‘mico’ finalmente fue eliminado luego de las críticas que recibió y del pronunciamiento del presidente Iván Duque, que sin mencionar explícitamente el artículo, aludió a la defensa de la libertad de prensa y a objetar cualquier iniciativa que vulnere ese principio. Todavía hoy un proyecto anticorrupción de origen gubernamental no se ha convertido en ley.

Antes, en junio del año pasado, la Cámara de Representantes rechazó el proyecto de ley 008 de 2019 que fortalecía los mecanismos de denuncia y de protección con la excusa de dar paso a otro proyecto de ley, el 341. Un año más tarde, en junio de 2021, el Senado eliminó de esa iniciativa el capítulo entero sobre la protección a denunciantes, repitiendo así la misma historia.

En el Plan de Desarrollo 2018-2020, el presidente Duque se comprometió a promover “los mecanismos de denuncia para actos de corrupción, y la seguridad para los denunciantes”. Sin embargo, a pocos meses de terminar su mandato, no existe siquiera un artículo aprobado sobre denuncia en los proyectos de ley anticorrupción que ha radicado. Además, tras la Consulta Anticorrupción de 2018, que contenía siete propuestas y obtuvo 11,6 millones de votos, casi medio millón menos de lo que requería para ser aprobada, “se radicaron múltiples proyectos de ley que hacían mención al tema, pero ninguno tuvo trámite legislativo. A la fecha, Colombia no cuenta con legislación específica en la materia”, indicó a mediados de año Transparencia por Colombia.

DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN: UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS

Casi cinco años después de la avenida torrencial que arrasó Mocoa, Putumayo, y dejó 335 muertos, 398 heridos, 53 desaparecidos y 7.892 familias damnificadas, todavía hay miles de millones de pesos que no se ven en obras concluidas. La Veeduría para la Reconstrucción de Mocoa, que reúne más de 80 juntas de acción comunal, denuncia que ni siquiera el acueducto, la obra más importante, está finalizado.

“Ya estamos cerca de un billón de pesos asignados, pero realmente los progresos no se ven. No tenemos agua potable después de una inversión muy valiosa de 32.000  millones de pesos para esto, y solo han entregado 300 de las 1.209 viviendas comprometidas”, asegura el veedor Ramón Apraez.

La Veeduría de Mocoa sigue demandando resultados, a pesar de los riesgos que corren por alzar la voz. Apraez detalla dos casos de amenazas relacionados con la reconstrucción: el primero, contra el exdiputado Euler Guerrero, a quien en el 2019 amenazaron con un arma y le dieron este mensaje: “Que se queden callados o los matamos a todos”, recuerda Apraez que Guerrero les dijo. El segundo caso fue contra una de las veedoras en el tema de vivienda. “A ella también la amenazaron por teléfono, y fueron a la casa a decirle que se callara, que no dijera cosas malas”, cuenta Apraez.

Las autoridades nacionales y locales admiten retrasos, pero no hay ningún responsable. Sobre el caso de Mocoa, Luis Carlos Pineda, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, dice que “las actividades que se tenían previstas no se encuentran ejecutadas dentro de los términos iniciales”. “Sabemos que hay dificultades a nivel social, geográfico, también por índoles propias de la pandemia y las movilizaciones sociales, pero en Mocoa se extralimitaron en los tiempos y esto está generando afectaciones a los servicios públicos”, señala.

En la Rendición de Cuentas Regional de la Contraloría de 2021, el gerente para Putumayo, Carlos Andrés Bonilla, anunció “un hallazgo con presunta incidencia fiscal” por 21.000 millones de pesos aproximadamente en la reconstrucción del acueducto de Mocoa, lo cual quiere decir que los funcionarios encargados (no mencionó nombres) habrían realizado una gestión fiscal deficiente, generando así un posible daño patrimonial al Estado.

A escala nacional la Contraloría también ha hecho seguimiento de los llamados ‘elefantes blancos’, como se conoce a las obras inconclusas, uno de los puntos que “la gente más denuncia”, dice Pineda.  En estos casos se estima que alrededor del 20 % se relaciona con “mala gestión” y el resto “tiene algún indicio de corrupción”, según el contralor Felipe Córdoba. En el caso de Mocoa no está claro cuál de los temas pesa más.

Según Apraez, las veedurías en Mocoa han puesto las respectivas quejas ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, pero no ha habido respuestas. Solo hace apenas un mes, la Contraloría decretó la vigilancia y control fiscal de los recursos invertidos en la reconstrucción de Mocoa por el “posible indebido manejo”, el incumplimiento en los cronogramas y la constatación de que hay obras adelantadas que no son funcionales.

“Pareciera que las Ías (entes de control) estuvieran esperando que les llegue el caso perfecto cuando la ciudadanía alerta, pero les corresponde a ellas investigar”, expresa Andrés Hernandez, director de Transparencia por Colombia, frente a la burocracia estatal.

Para Claire Launay, directora programática de iniciativas con sociedad civil de Transparencia por Colombia, el primer reto que enfrenta la denuncia ciudadana de la corrupción es la falta de pedagogía: desde entender que existe la posibilidad de alertar y denunciar; definir qué es y qué no es la corrupción, hasta la manera de cualificar la denuncia para que tenga peso. Para trabajar en estos temas existe el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, impulsado por Transparencia, al que la gente puede acudir de forma gratuita y segura (en términos de confidencialidad) si conoce un presunto caso de corrupción.

LA PRENSA, ENTRE REPORTEAR Y DEFENDERSE

En mayo de 2018, el periodista independiente Sergio Mesa, colaborador de medios como Universo Centro, Vorágine y Cuestión Pública, se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Un correo amenazante se lo confirmó y tuvo que resguardarse por seis meses en un lugar con fachada blindada. Sin embargo, le siguieron llegando mensajes diciéndole que en cualquier momento tenía que salir y lo iban a matar.

Por estas intimidaciones, Mesa cuenta desde 2019 con un esquema de seguridad asignado por la Unidad de Protección Nacional (UNP). “Pero ya estoy notificado de que me lo van a quitar”, señala. La notificación refiere un supuesto mal manejo del esquema y a que no existe evidencia de que continúe en peligro, ni denuncias ante las autoridades locales al respecto.

Frente a la posible desprotección de la UNP, Mesa interpuso una acción de tutela argumentando la incoherencia y el desgaste de alertar sobre las nuevas amenazas que ha recibido ante autoridades locales que considera sus “enemigas” porque han sido blanco de sus denuncias sobre irregularidades. “Es muy difícil estar haciendo trabajo de reportería, estar denunciando, estar publicando investigaciones, pero al mismo tiempo estar luchando con la UNP para que no lo desproteja a uno”, dice.

El periodista ha denunciado presuntos relacionamientos entre políticos y bandas criminales; entes de control cooptados por clanes políticos que dificultan las investigaciones fiscales, disciplinarias y penales; favores a cambio de beneficios judiciales; y presuntas irregularidades en el manejo de la salud pública; entre otros.

Una de las redes de presunta corrupción que Mesa ha visibilizado es la del ‘Clan Rodríguez’ en el Bajo Cauca antioqueño, liderada por los hermanos Rodríguez Álvarez (Gloria Virginia, Orlando José y Óscar Luis) y el senador del Partido de la U Germán Hoyos. Como lo cuenta Cuestión Pública, empresas de familiares de este congresista han contratado con hospitales de Antioquia como el de Caucasia, que fue gerenciado por Orlando José y que, por su gestión, en 2019, la Contraloría reportó 16 hallazgos administrativos, cinco disciplinarios y un detrimento acumulado de cuentas por cobrar por más de 6.000 millones de pesos.

Mesa también ha publicado denuncias contra quien fue por 18 meses el alcalde encargado de Caucasia, Félix Olmedo Arango, que antes había sido subdirector científico del mismo hospital investigado. “Durante esos 18 meses (de alcaldía encargada) hice más de 10 denuncias penales (contra Arango), interpuse más de diez quejas en la Procuraduría Provincial y también denuncié en la Contraloría General de Antioquia. El Procurador (Luis Fernando Restrepo) no hizo nada porque es del mismo equipo político, ¿cierto?. En la Fiscalía sí han avanzado y en la Contraloría salió hace 15 días el informe de Auditoría de la Administración en Antioquia que da cuenta de las denuncias que yo he hecho por presunta corrupción en la Alcaldía”. En el informe al que hace referencia Mesa se calcula un detrimento patrimonial aproximado de 4.438 millones de pesos en Caucasia solo en el 2020.

Lo que pasa con el periodista Mesa también refleja los casos de otros colegas que al denunciar corrupción de funcionarios públicos terminan con tutelas y juicios donde se alega el derecho a la honra y el buen nombre, lo que se conoce como acoso judicial.

En el caso más reciente contra Mesa, el exalcalde de Caucasia Félix Olmedo Arango pidió una rectificación al periodista y que borrara los trinos de Twitter donde lo mencionaba y, como este se negó a hacerlo, hace pocos días le llegó una acción de tutela en su contra que ya contestó.

UNA PROTECCIÓN EN DEUDA

En Colombia no existe un marco normativo especial para la protección del denunciante de corrupción y a pesar de los ofrecimientos, el tema sigue pendiente. “El gobierno Duque y su bancada llevan tres años engavetando el proyecto de ley de protección de reportantes de actos de corrupción, que dejó listo y radicado el gobierno anterior”, asegura Enciso, del Instituto Anticorrupción. Por su parte, Hernández, de Transparencia por Colombia, advierte que “la Unidad de Protección no considera sujeto de protección a los denunciantes de corrupción. De entrada hay algo que podría cambiar”.

Tampoco hay una normativa que reglamente el ejercicio de las veedurías “y pueda generar una serie de estímulos y canales efectivos de participación que hoy en día no existen”, complementa Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia. Bustos vivió exiliado en Canadá a finales de los 90 hasta 2010 por denunciar hechos relacionados con el ‘Proceso 8000’, contra el entonces presidente Ernesto Samper, acusado de recibir financiación del narcotráfico en su campaña presidencial. Hoy la Red le hace seguimiento al escándalo del Ministerio de las TIC, por las irregularidades en el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a los colegios públicos. También vigila la contratación en el sector de la salud en Antioquia y en las alcaldías locales de Bogotá, entre otras.

Expertas como Claire Launay llaman la atención sobre el hecho de que en Colombia “no hay una categoría oficial” que aluda a la “vulnerabilidad de personas que denuncian corrupción”, lo que se traduce en falta de protección en casos donde hay un riesgo innegable porque son denuncias que afectan a poderosos con gran influencia política y judicial o que incluso tienen relaciones con redes criminales.

Y la normativa relacionada con la protección a denunciantes sigue pendiente y los mensajes desde las autoridades son contradictorios y hasta llegan a defraudar. Para Launay y Enciso, fue una buena noticia que el Gobierno Duque haya presentado en su momento un proyecto de la ley anticorrupción con un artículo que protegía al denunciante, pero luego el Congreso no solo lo retiró de la iniciativa sino que hasta incluyó el criticado “mico” que lejos de proteger, amedrentaba, y que afortunadamente no pasó.

Buscamos una entrevista con la Oficina de Transparencia, encargada de gestionar las políticas públicas anticorrupción por parte del Gobierno Nacional, para profundizar en esos temas, pero hasta la publicación de este reportaje no obtuvimos respuesta.

Mientras tanto, las organizaciones que velan por la transparencia y la lucha contra la corrupción recalcan que denunciar debería ser una tarea menos engorrosa y más amparada. No debería ser un requisito tener la contratación sospechosa de corrupción a la mano y con todos los detalles, ni testigos que confirmen el chanchullo o grabaciones para alertar a las autoridades, eso no siempre es fácil de conseguir o probar, pero además es una acción que debe recaer en las autoridades y no en la ciudadanía. A veces la corrupción es tan visible como un elefante blanco, pero muchos prefieren mirar hacia otro lado cuando lo que hay que hacer es verla de frente y con garantías para poder enfrentarla.

*Desde Mutante impulsamos Retoma, una iniciativa para reunir a 3000 jóvenes voluntarios para formar una red de conversación y acción sobre democracia y protesta social. ¡Conoce más: aquí!

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