Desde hace un mes, más de tres mil campesinos de distintos municipios del Catatumbo (Norte de Santander) llegaron hasta el municipio de Sardinata e instalaron un campamento desde el que se han preparado para las movilizaciones del Paro Nacional. Durante este mismo tiempo, otro grupo de campesinos ha mantenido bloqueos en las vías Cúcuta-Sardinata y Cúcuta-Costa atlántica.

Los primeros hacen parte del Comité de Unidad del Catatumbo, donde confluyen seis organizaciones campesinas de la región. Mientras tanto, los bloqueos de las vías se han sostenido por la organización de  la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) quienes mantienen exigencias de carácter más local, como el cese total de los operativos de erradicación terrestres a los cultivos de coca.

Este miércoles 2 de junio estos últimos organizaron una marcha en Cúcuta, a una hora y media de los puntos de concentración y bloqueo. A las 8:30 a.m., cuando  se movilizaban por la “Ye” de Astilleros, un paso estratégico y obligatorio para llegar a la ciudad desde ambos puntos, el Ejército les impidió el paso.

Esta situación ocurrió cinco días después de que el Ministerio del interior emitió el Decreto 575, con el cual ordena a gobernadores, de ocho departamentos y varias ciudades, tomar una serie de medidas para desbloquear las vías y “restablecer el orden”.

Se trató de uniformados de las Fuerzas Especiales del Ejército que, según varios testimonios de los campesinos que se encontraban en el sitio, estaban fuertemente armados y haciendo registro audiovisual de quienes transitaban por allí.

Gustavo Quintero, abogado e integrante de Ascamcat, habló con los uniformados y nos aseguró que estos últimos presentaron varios argumentos para justificar su presencia. “Primero dijeron que estaban de tránsito, después que solo iban por provisiones, y luego que nos habían mandado a custodiar a nosotros y que por eso había Ejército desde ese punto hasta Cúcuta”, contó.

Intentamos obtener una respuesta oficial de la Segunda División del Ejército, a cargo de todas las operaciones militares que se llevan a cabo en Norte de Santander, pero para la fecha de publicación de este texto no nos habían respondido.

Sin embargo, en una conversación informal a través de un chat de Whatsapp, un militar adscrito a esta estructura nos dijo “estamos cuidando porque vamos a intervenir”. Luego, borró el mensaje.

Finalmente, se suspendió la movilización en Cúcuta por “falta de garantías para la misma”, según la Defensoría del Pueblo, quienes evaluaron la situación en compañía de la comunidad.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

Entre las medidas que propone el decreto 575 se destacan la asistencia militar obligatoria, los toques de queda para recuperar el orden público y la celeridad en los procesos de judicialización contra quienes participan de los bloqueos.

Este documento ha recibido críticas de organizaciones sociales y de derechos humanos a causa de la falta de claridad en algunos de los puntos, lo cual podría dar pie para que la fuerza pública abuse de su autoridad. En Mutante, dimos otras pistas sobre el tema en este hilo de Twitter. De hecho, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo publicó esta semana un comunicado suscrito por 48 organizaciones sociales que rechazan el decreto y alertan ante los riesgos para el goce de los derechos humanos.

Las distintas organizaciones que se mantienen movilizadas en el Catatumbo también alertaron sobre las posibles facultades extraordinarias que este documento le daría a la fuerza pública. “Lo que le importa al gobierno es despejar vías, cueste lo que le cueste”, nos dijo Jorge Silva, vocero del Comité de Unidad del Catatumbo.

A pesar de la vigencia de este decreto, a las 8:00 a.m., minutos antes de que ocurrieran los hechos, uno de los líderes de Ascamcat, nos dijo que los manifestantes estaban tranquilos, pues el gobernador les había asegurado en varias ocasiones que él priorizaría el diálogo. Así, cuando los campesinos fueron retenidos por el Ejército, el mismo líder nos dijo que esta decisión no había sido tomada por el gobernador, sino que “están pasando por encima de él”.

En la noche, Serrano se reunió con los campesinos en una mesa de diálogo en el Club Comercio. Allí ratificó nuevamente a la comunidad que él no había dado ninguna orden y llamó a los altos mandos militares, quienes le aseguraron que en ningún momento habían bloqueado el paso de los campesinos, sino que simplemente transitaban por allí.

El campesinado considera que esta fue una excusa empleada por la institución. “A mi criterio todo eso hace parte de la asistencia militar. No es de gratis que la intensidad de los hostigamientos haya aumentado desde que está el decreto”, nos dijo Quintero.

La falta de claridad frente a este hecho deja en el aire preguntas por la autonomía que realmente pueden tener los mandatarios locales frente al Gobierno Nacional con el 575. En ese sentido, preocupa a los campesinos el posible accionar del Ejército en una región en la que en circunstancias “normales” ocurren violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados.

Tan solo el año pasado cuatro civiles, un indígena y tres campesinos, fueron asesinados presuntamente por miembros del Ejército en esta región. Dos de estos casos ocurrieron en medio de “asentamientos campesinos”, es decir, movilizaciones cocaleras en contra de la erradicación de matas de coca. Uno de ellos fue el caso de Alejandro Carvajal, un campesino de 22 años que fue asesinado por una bala del ejército. En este corto documental contamos su historia. Estos hechos le han costado cuestionamientos a Marcos Pinto Evangelista, actual comandante de la Segunda División del Ejército, y a quien se le acusa ante la fiscalía de estar implicado en más de 40 casos de falsos positivos.

Hace unos meses, en entrevista con Mutante, Pinto aseguró que siempre respetarían y garantizarían la protesta pacífica. Pero durante el paro nacional el ministro de defensa, Diego Molano, ha hecho hincapié en que los bloqueos no son una protesta pacífica, sino que por el contrario son ilegales.

El 29 de abril, el Comité del Paro aseguró que los bloqueos son parte del repertorio de la protesta social: “se trata de eso, de evidenciar los reclamos, llamar la atención, para abrir espacios y posibilidades que las instituciones no han permitido”. En términos legales, el artículo 353 del código penal precisa que para que un bloqueo sea considerado ilegal tiene que ser un bloqueo absoluto y/o que ese bloqueo se realice a través de medios violentos. El investigador de Dejusticia, Rodrigo Umprinmy, aseguró en un análisis publicado en su página que “la orden de levantar a la fuerza todos los bloqueos que trae el decreto viola el derecho a la protesta”.

De hecho, en la mañana de este 4 de junio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca llamó a Iván Duque para presentar un informe acerca de los motivos que lo llevaron a expedir este decreto de asistencia militar. 

Hoy, 4 de junio, ha continuado la mesa de diálogo entre la gobernación y las organizaciones campesinas que se están movilizando. Al tiempo, siguen los bloqueos en los sectores de Agua la Sal y Cascadas, por parte del campesinado de Ascamcat, así como bloqueos esporádicos del Comité de Unidad Catatumbo en Sardinata, quienes además aseguran que: “cada vez que el gobierno intente reprimir la protesta de los catatumberos saldremos aún más a las vías para exigir garantías de movilización y cumplimiento a los mínimos que los procesos sociales están planteando a nivel nacional”. 

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