Sobre la calle séptima con carrera 32 en Bogotá están las oficinas del Ministerio de Agricultura. En la puerta, usualmente, hay varios campesinos que llevan machete y sombrero en pleno centro de la ciudad. Esta semana no fue la excepción. Todos buscan lo mismo: conversar unos minutos con la Ministra, Martha Carvajalino Villegas.  

Carvajalino asumió el cargo en julio de 2024, y con él se embarcó en el reto de llegar a acuerdos sobre uno de los temas más álgidos en Colombia: la tenencia y el uso de la tierra. 

Distintos analistas sitúan en la cuestión agraria el centro del conflicto armado colombiano. ‘Tierra solo hay una y por eso es tan importante, porque es la que hay y ya no se produce más’, dijo Alejandro Reyes, uno de los investigadores del país con más trayectoria en este tema, en el podcast Padre, Tierra.

Los datos les dan la razón: por ejemplo que el 1% de fincas de mayor tamaño tienen el 85% de la tierra, según Oxfam; o que la justicia ordinaria tardaría 256 años en resolver los procesos rurales que hay en la actualidad, de acuerdo con información que le  entregó a Mutante, en el 2024, el Observatorio de Tierras. 

Justamente, para atender la ralentización de la justicia en el campo, se formuló la Jurisdicción Agraria y Rural. La aprobación del proyecto de ley ordinaria en las comisiones primera del Senado y Cámara ha sido uno de los principales logros de este Ministerio. Sin embargo, aún falta su aprobación en las plenarias de ambas cámaras. 

Mutante conversó con Carvajalino sobre la Jurisdicción, pero también sobre los retos y posibles escenarios de acción en un Gobierno al que le queda un año y medio de mandato pero varios temas agrarios por resolver.

NDV: Al final del año pasado el Gobierno Nacional trazó una meta de entrega de 600 mil hectáreas en 2025 para el campesinado. Es decir, se propone el doble de lo que se ha logrado en dos años de gobierno. ¿Qué tanto se ha avanzado en esta meta y, en términos realistas, cuánto cree que se podrá avanzar en lo que resta del año?

MCV: Hemos gestionado casi 500 mil hectáreas al Fondo Nacional de Tierras y es muy importante decir que teníamos una meta de 1.500.000 hectáreas de ingreso al Fondo. Seguramente no vamos a llegar al millón 500, tenemos 500 mil. Y yo creo que este año entre procesos agrarios y adquisición directa, podemos gestionar cerca de 150 mil hectáreas más. 

Eso nos daría un total, para 2025, de 650 mil hectáreas gestionadas, que después de ingresar al Fondo Nacional de Tierras deben ser adjudicadas de manera definitiva a los campesinos, a los pueblos indígenas y a las comunidades negras.

NDV: A partir de la experiencia que ha tenido este gobierno, ¿considera que es posible seguir avanzando en la redistribución de la tierra a partir de la figura de la compra? ¿O se requiere priorizar otras formas para la adquisición de tierras?

MCV: Yo creo que es importante poner en el centro lo que implica el programa de oferta voluntaria de tierras, que es el programa que ha priorizado el Gobierno Nacional. Tiene que ver con poder sentarnos y decir que la redistribución de la tierra es fundamental para el proceso de modernización del campo y que los propietarios entiendan que juegan un papel importante. Yo creo que eso ha desmitificado muchas prevenciones que se tienen con la reforma agraria.

Este es el gobierno que más ha colocado recursos para poder llegar a un acuerdo con los propietarios y poder redistribuir las tierras.

Pero también hemos comprado los bienes del Fondo de Reparación de Víctimas, estamos comprando los fondos del Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado). Allí hemos hecho un acuerdo muy importante en el marco de la enajenación temprana. Lo cierto es que los procesos de extinción pueden durar hasta 20 años, entonces lo que estamos haciendo con el proceso de enajenación temprana es poner rápidamente tierras, muy buenas, en manos de la reforma agraria.

Pero seguramente si este país toma la decisión de avanzar de manera decidida y sostenida en la reforma agraria, tendremos que buscar otros instrumentos. Nosotros hemos afianzado la adquisición directa por oferta voluntaria, hemos afianzado los procesos agrarios y avanzamos en una apuesta de Jurisdicción Agraria que nos permita consolidar esto a través de la vía judicial. 

También hemos suscrito el Pacto por la Tierra y la Vida con el campesinado, con los pueblos indígenas, con las comunidades negras, que es una apuesta para construir un gran Plan Decenal que permita en diez años saber cómo queremos transformar el campo en Colombia. Y allí se han puesto sobre la mesa otros múltiples instrumentos.

NDV: ¿Qué tanto se ha logrado avanzar en otras figuras como la formalización de predios? 

MCV: Este gobierno hizo un ejercicio para poner las cifras en orden. Aquí lo que debemos medir son los títulos efectivamente otorgados después del Acuerdo de Paz y los procesos de registro frente a los indicadores del gobierno. 

En los dos años que lleva, se han contado más de 1 millón de hectáreas en títulos efectivamente entregados, tanto a pueblos indígenas como comunidades campesinas y comunidades negras, y más de 200 mil hectáreas formalizadas a través del registro en actos de este gobierno, para un total de un poco más de 1.400.000 hectáreas en el proceso de formalización de la propiedad, que son personas que ya tenían una relación con la tierra y que requieren asegurarla a través de esos procesos el acto de registro.

NDV: El proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria se aprobó en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara en diciembre del año pasado. ¿Qué ha pasado desde ese entonces con el proyecto?

MCV: La jurisdicción agraria tiene tres pasos. El primero fue el Acto Legislativo 03 del 2023, por medio del cual se reconoce en la Constitución Política la existencia de la Jurisdicción Agraria Rural. 

Hoy podemos decir con absoluta seguridad, con absoluta certeza y con mucha alegría, que existe la Jurisdicción Agraria Rural en el régimen jurídico colombiano en virtud del reconocimiento constitucional.

Luego proyectamos una ley estatutaria que nos permita impartir los lineamientos generales de este proceso de justicia. Ya está en revisión por parte de la Corte Constitucional y ahora estamos discutiendo la ley ordinaria que establece los principios, la competencia y el procedimiento agrario y rural. Y el gobierno envió un mensaje de urgencia.

Yo creo que fue un ejercicio bastante importante porque nos sentamos con el conjunto de bancadas del Congreso y ante las diferencias, las preocupaciones y las discusiones, logramos llegar a un proyecto de ley que hoy esperamos sea discutido por la plenaria del Senado y de la Cámara.

NDV: ¿Cuáles considera que son en este momento los principales retos y obstáculos a los cuales se enfrenta la Jurisdicción? 

MCV: Hemos dicho siempre que se quiere imponer a la Jurisdicción Agraria fantasmas y miedos como el de la expropiación y hemos sido absolutamente claros en que la expropiación agraria no es modificada por este proyecto de ley. 

Tenemos un debate alrededor de los procesos agrarios, cuáles deben ser decididos en fase administrativa y cuáles deben ser decididos en fase judicial. Allí llegamos a un acuerdo. El gobierno cedió en que el proceso de extinción agraria del dominio fuese en fase judicial y también reafirmaron la necesidad de que los procesos de recuperación de los bienes baldíos indebidamente ocupados se mantuvieran en fase administrativa. 

El gran reto hoy es que prontamente el presidente del Senado y el presidente de la Cámara puedan convocar a las plenarias para sostener este debate sobre este proyecto de ley.

Y, finalmente, en el marco de la implementación, tenemos los retos para que la Rama Judicial pueda implementar prontamente los primeros jueces y los primeros tribunales para que, de forma progresiva, vayamos entrando a los territorios que requieren urgentemente la presencia de jueces agrarios y rurales. 

También que podamos tener garantías de seguridad para los jueces, garantías para la concurrencia de las comunidades campesinas a estos procesos judiciales y un acompañamiento muy importante de la academia para formar los abogados en derecho agrario y las diferentes disciplinas en la especificidad que requiere el tema agrario. 

NDV: La Jurisdicción ha generado múltiples debates, no solo desde la oposición absoluta al Gobierno, sino también desde el sector ambiental bajo la premisa de que no todo lo rural es agrario ¿Ha habido algún acercamiento con este último sector para limar asperezas? ¿Se ha llegado a algún acuerdo del que nos pueda hablar sobre la relación entre lo agrario y la protección de lo rural?

MCV: La actividad agraria está definida por esa relación de producción primaria, pero también su transformación y enajenación. Tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos de los cuales deriva la producción primaria; es decir, la actividad agropecuaria es la explotación de los recursos naturales, porque son los que producen los alimentos, particularmente del suelo.

¿Qué es lo que no debe estar en la Jurisdicción Agraria? Temas rurales que no son agrarios. La discusión sobre un condominio campestre en suelo rural o la realización de actividades en el condominio campestre sobre suelo rural no es una actividad agraria, o los temas estrictamente ambientales como el control de legalidad de lo que hacen las autoridades ambientales en el ejercicio de sus funciones.

Creo que llegamos a un acuerdo con quienes lideran la agenda ambiental en el Congreso para decir que, en efecto, todo lo que tiene que ver con temas estrictamente ambientales no son de la jurisdicción agraria. Y hoy el articulado tiene unos parágrafos que hacen las exclusiones de manera muy clara para salvaguardar las angustias que allí se tenían. 

NDV: En varias ocasiones se ha afirmado que sin Jurisdicción Agraria no puede haber Reforma Agraria ¿Cómo se relacionan ambas entre sí?

MCV: Lo que hemos dicho es que precisamente la ausencia de los jueces es lo que hace que los conflictos agrarios terminen sometiéndose al uso de la violencia. 

La reforma agraria, en efecto, lo que hace es cambiar la estructura social agraria en un territorio determinado. En ese sentido, avanzamos con apuestas de diversificación productiva y es connatural a ello que puedan existir conflictos. Es muy importante tener los jueces y los magistrados para que estos conflictos se puedan surtir en esas instancias. 

Si avanzamos en la transformación del campo, necesitamos avanzar de manera rápida con la justicia en el campo para que las actuaciones que se desarrollan en esa transformación sean sostenibles, sean seguras y sean justas.

NDV: ¿De qué manera se recogen las propuestas de la Convención Nacional Campesina y de la Comisión Mixta para Asuntos Campesinos en la ejecución de la Jurisdicción Agraria propuesta de Reforma Agraria que impulsa el gobierno?

MCV: Yo creo que hay un ejercicio permanente de diálogo que implica acuerdos y discusiones permanentes. Lo que hemos propuesto es que la Comisión, como instancia de interlocución, y los comités municipales, como instancia de concertación, puedan avanzar en la agenda de ese gran Pacto por la Tierra y la Vida hacia una apuesta decenal. 

Nosotros respetamos todas las instancias de concertación, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la Consultiva Afro y esta Comisión Mixta del Campesinado. Y allí atendemos no sólo las solicitudes que nos hacen, sino que llevamos las propuestas del Gobierno Nacional para lograr ese diálogo. 

Aquí es muy importante resaltar la importancia que tiene el diálogo que logramos entre pueblos indígenas, comunidades negras y el campesinado.

NDV: ¿Qué estrategias se están implementando para la efectiva territorialización de la reforma agraria en lugares donde, por ejemplo, no hay ni siquiera acceso a la tierra o a rutas seguras para participar en los Comités de Reforma Agraria?

MCV: La reforma agraria no es solo una apuesta de redistribución o una apuesta de formalización de tierras, sino la concurrencia efectiva de todos los sectores del Estado hacia el desarrollo rural.

El Sistema Nacional de Reforma Agraria es un sistema donde intervienen el conjunto de ministerios y entidades. Eso necesita aterrizar en una instancia donde nosotros podamos concertar con quienes están demandando las intervenciones. Esos son los Comités Municipales y Departamentales de Reforma Agraria. En estas instancias está el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades negras. 

Ya llevamos más de 450 Comités Municipales de Reforma Agraria y requieren el concurso y colaboración de los alcaldes, ojalá de los concejos municipales para darles vida porque es allí, en el territorio, donde nosotros logramos dinamizar la reforma agraria.

Hay territorios muy complejos que requieren otras instancias de articulación donde hoy tenemos, por ejemplo, desplazamientos masivos que requieren del Sistema Nacional de Víctimas. Donde tenemos presencia de comunidades étnicas, se requieren sus autoridades ancestrales. Lo que necesitamos es reactivar todos los instrumentos agrarios para lograr, no solo que desde la nación se llegue al territorio, sino que desde los territorios haya una voz en lo municipal y en lo nacional.

NDV: Para algunos, la actitud del Gobierno durante el evento del Pacto de Chicoral mostró un poco de “resignación” con respecto a lo que puede lograr y ofrecer en lo que le queda de gobierno, al menos en términos de la tenencia y redistribución de la tierra ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Cuál fue realmente el objetivo de este encuentro?

MCV: Nosotros siempre hemos dicho que la reforma agraria, el desarrollo rural y el ordenamiento y la justicia agraria son reivindicaciones fundamentalmente de los pueblos indígenas, de las comunidades negras y del campesinado. En ese sentido, no es posible avanzar en una política de redistribución, de recuperación y de restauración si no es con el movimiento agrario empujando. 

Aquí lo que queremos es que esa fortuna que hemos tenido en estos dos años de encontrarnos y empujar en lo que hemos podido, se consolide e, independientemente de lo que pase en el proceso electoral del 2026, las banderas agrarias sigan ahí.

Allí lo que hicimos al proponer un Pacto por la Tierra y la Vida es proponer un pacto que supere las dinámicas de los gobiernos y sea una apuesta a transformación de escenarios.

Yo creo que lo que podemos decir es que hay muchos obstáculos para poder avanzar pero debemos tener una ruta para superarlos. 

_

Únete a nuestro canal de WhatsApp  para recibir fácilmente los enlaces a nuestros artículos y herramientas.