Hace un año, en casi todas las regiones cocaleras del país, los campesinos hacían frente a una crisis sin precedentes: el desplome del precio de la coca. Debido a motivos como la sobreproducción y la reconfiguración de la renta en los territorios, quienes antes compraban la hoja o la pasta base con fines de narcotráfico dejaron de hacerlo desde finales del 2022. Entonces, los mismos campesinos empezaron a pensar en otras alternativas para generar  productos distintos basados en la hoja y  tener con qué comer. 

En este contexto, dejar atrás la idea de “la mata que mata” y abrir las puertas hacia otros mercados legales con la planta parecía una gran oportunidad para que las instituciones del Estado le arrebataran la mano de obra campesina al narcotráfico. 

Fue entonces cuando el presidente Gustavo Petro empezó a hablar de la coca, de otra manera, públicamente. En julio del 2023, durante un evento en el Cesar, dijo que “ la hoja de coca puede ser usada de manera diferente a como una serie de mafias vienen utilizándola en el mundo”. En septiembre de ese mismo año, le dijo al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que el auge del fentanilo abría la posibilidad para que sustancias como la coca y la marihuana “puedan salir definitivamente de ese prohibicionismo”. Más tarde, Petro mencionó ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, llevada a cabo desde el 14 de marzo de este año, que el sistema “no ha podido destruir el mercado de las sustancias ilícitas, ni fomentado el mercado de las medicinas lícitas”.

Petro retomaba así la lucha del expresidente de Bolivia y sindicalista cocalero, Evo Morales, quien exigió la desclasificación de la coca en la Lista I de la Convención de Estupefacientes de la ONU de 1961, la cual determina su prohibición como consenso a nivel internacional. 

Las declaraciones del presidente también han hecho eco internamente en, al menos, tres ministerios de gobierno, que adelantan iniciativas o propuestas para avanzar hacia un mercado legal de la coca.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología con su programa Ecosistemas de Ciencia y Paz para la Transformación Territorial convocó el 28 de junio una “Asamblea Científico Popular” en Mocoa con el objetivo de pensar “rutas de investigación científica para la transición de cultivos de uso ilícito hacia economías lícitas y alternativas”. Posteriormente, la convocatoria para ejecutar este proyecto cerró el 16 de agosto y estuvo dirigida a Instituciones de Educación Superior articuladas con organizaciones comunitarias, el SENA, entidades reconocidas por el MinCiencias o del sector productivo. 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura expidió en noviembre del año pasado la primera licencia para hacer biofertilizante con hojas de coca por parte de la empresa Power Leaves. (Este reportaje de El Espectador señala, sin embargo,  falta de monitoreo por parte del Ministerio o de cualquier otra entidad del gobierno en el proceso de extracción del alcaloide para la elaboración del biofertilizante. 

Y, tal vez, el intento más importante ha sido el borrador de decreto redactado por el Ministerio de Justicia para “regular la posesión, cultivo y uso de semillas de amapola, coca y cannabis con fines médicos, científicos e industriales”. A pesar de que está listo desde noviembre del año pasado, el decreto aún no ha sido radicado. 

Estas propuestas tienen su respaldo en la Política de Drogas oficial planteada por este gobierno, a través del Ministerio de Justicia. En ella se cuestiona la falta de investigación médica y científica sobre la planta y se resaltan los usos no psicoactivos de la misma, además se menciona los usos no psicoactivos de la hoja de coca como un elemento clave del componente “oxígeno” de la política, buscando el tránsito hacia la legalidad de la economía de los campesinos.

El capital privado también tiene propuestas

Por el lado del sector empresarial también hay algunas iniciativas en marcha. 

Greg Anahorian es un estadounidense que el año pasado financió el primer Simposio Nacional e Internacional sobre la Industrialización de la hoja de coca en Cali. A ese espacio asistieron empresarios del Valle del Cauca para hablar sobre el potencial negocio con la planta y la creación del Instituto Interandino de Ciencias de la Coca (IIC). 

Para Anahorian el negocio con la coca es “multimillonario”. “¿Por qué un recurso tan importante, las comunidades productoras de coca, está tan abandonado por Colombia? ¿Colombia quiere perder otra oportunidad si los inversionistas toman su dinero para comprar coca y se van a Perú y Bolivia?”, respondió a Mutante en un cuestionario. 

Lo que Anahorian, un experto en patentes, plantea es la necesidad de capacitar a las comunidades para que puedan solicitarlas, ya que  este proceso puede ser complejo y costoso para una comunidad indígena o campesina. 

Una vez es creada una patente, la Superintendencia de Industria y Comercio define que para mantenerla es necesario pagar la tasa anual, la cual varía entre $353.000 (COP) y $2.257.000 (COP). Además de los costos, los trámites presenciales y virtuales pueden resultar engorrosos.

Más allá del tema de las patentes, sin embargo, los privados también enfrentan un obstáculo en este sector: el marco jurídico vigente. “No sorprende que no haya habido avances en nuevas leyes para la coca, los planes actuales de Petro están mal concebidos; la mayoría de sus asesores sobre coca son idiotas”, dice Arahonian. 

La ley 30: un obstáculo para avanzar en los usos legales de la coca

Aunque estas propuestas, tanto del sector público como privado, empiezan a crear un ambiente en el cual la coca pueda dejar de ser vista más como una oportunidad que como un problema, todas requieren de un marco legal que permita su ejecución y que actualmente es el mismo que ha estado vigente desde hace casi cuarenta años: la Ley 30 de 1986, también conocida como Estatuto Nacional de Estupefacientes. 

Existe un único canal para tramitar estas licencias de investigación y producción. Según la Ley 30  y sus artículos 3, 4, 5 6 y 7, la única institución que puede otorgar licencias para el cultivo, producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de la hoja de coca para fines medicinales o científicos, es el Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. 

Estefanía Ciro, fundadora del Centro de Pensamiento AlaOrillaDelRío y experta en temas de drogas, dice que este procedimiento “no es fácil y puede inhabilitar a muchos participantes. Lo que debió haber hecho el CNE y la Dirección de Drogas es haber facilitado estos procedimientos. Como todos ya sabemos, eso no pasó”, pues hasta ahora, aunque el gobierno habla emocionado sobre esta posibilidad, los trámites para solicitar una licencia son los mismos.

Para Dora Troyano, coordinadora de Alianza Coca para la Paz, estas iniciativas “no van a ser exitosas en la medida que el Ministerio de Justicia vaya por un lado y el Ministerio de Ciencias vaya por otro. La idea sería que se sienten con el Ministerio de Salud, que finalmente es el ente regulatorio, y lleguen a acuerdos para ampliar la posibilidad de trabajar con coca”.

En un derecho de petición enviado por Mutante al Consejo Nacional de Estupefacientes, la entidad dijo que, desde el año 2000 hasta la actualidad, se han otorgado cuatro permisos para el uso de semillas y cultivos de coca con fines de investigación. Todas ellas fueron concedidas a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Cundinamarca, Putumayo, Tolima y Nariño entre los años 2001 y 2012. 

Mutante también solicitó información al Ministerio de Salud sobre las licencias que ha expedido relacionadas con la coca. Sin embargo, para la fecha de publicación de este artículo aún no ha respondido el derecho de petición radicado el 19 de julio. 

Es decir, a la fecha y según la información aportada por las entidades responsables, el único actor que en este momento puede cultivar y usar la coca con fines médicos e investigativos es la Policía Nacional, y no otras entidades estatales con misionalidades más afines, ni tampoco las iniciativas de los privados. 

La Dirección de Antinarcóticos de la policía le respondió a Mutante en un derecho de petición que los cultivos que tenía la institución actualmente, buscan “mediante el establecimiento de plantaciones con fines experimentales y producción y procesamiento de la hoja de coca a clorhidrato de cocaína en aras de determinar el potencial de producción en el país… Con el objetivo de fortalecer la lucha contra cultivos ilícitos en el territorio nacional”.

La “coca legal”: un objetivo difícil de alcanzar

Un primer paso para que la coca tenga un mercado legal en Colombia, según Dejusticia, sería excluir a la hoja de la lista de estupefacientes que tiene el Ministerio de Salud. 

Para esta misma organización, también sería necesario simplificar la cantidad de requisitos que debería tramitar una comunidad para obtener una licencia ante el Invima, “lo que podría encarecer su participación en un mercado regulado”.

A esta acción se podría sumar la expedición del decreto del Ministerio de Justicia para regular la posesión, el cultivo y el uso de semillas con fines médicos, científicos e industriales.  Sin embargo, al consultar al  MinJusticia sobre cuándo estaría listo el decreto, dijo que “…dada la relevancia e impacto de los asuntos a regular, se ha continuado el análisis tanto del alcance del contenido como de la pertinencia de someter el proyecto de acto administrativo a un proceso consultivo, lo cual ha conllevado a la realización de trabajo, reuniones, ajustes y validaciones de las propuestas propias de un proceso de generación normativa de esta envergadura”.

Además de mayor claridad sobre los procesos de regulación, también debe haber un mercado que permita el desarrollo de las distintas iniciativas. “Se necesitan las condiciones económicas para que germinen los mercados legales de hoja de coca y sus productos, eso significa crear una demanda. En Colombia aún es muy escasa”, asegura Ciro.

Las experiencias de países cercanos podrían señalar aprendizajes para este proceso en Colombia. En Perú, por ejemplo, el comercio de la coca legal está en manos de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), encargada de comprar la coca de los productores registrados en esta misma empresa. Sin embargo, el narcotráfico sigue siendo un actor importante debido a deficiencias de Enaco en la regulación del precio de la coca y débil presencia, tanto institucional como de infraestructura (a través de acopios), según señaló la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas (Devida) en el informe ‘Análisis de compra-venta de hoja de coca en el Perú’. 

Por su parte, en Bolivia existe una ley que define 22 mil hectáreas como el área legal para el cultivo de coca en el país, donde su uso tradicional está contemplado en la constitución. Existe además una ‘Ley general de la coca’, expedida en 2017, a través de la cual se regula el cultivo, la producción, comercialización, transporte y consumo de la planta.

Con varias propuestas sobre la mesa y un decreto congelado que aún no tiene una fecha de radicación, el plan de este gobierno por abrir un mercado legal para la hoja de coca sigue teniendo obstáculos. Mientras la regulación sea la misma de hace cuarenta años y  la hoja de coca sea considerada como un estupefaciente, la sustitución de las economías ilegales ligadas a la coca por economías legales “sigue siendo solo un discurso. Todavía no hay ningún proyecto productivo marchando, elemento que debería ser el indicador del éxito de la política de drogas”, afirma Ciro. 

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