Colombia se endeuda para financiar asuntos de biodiversidad y cambio climático: el 93 % del financiamiento destinado a estos temas en 2023 fue a través de préstamos. Aunque el Acuerdo de París responsabiliza a los países desarrollados —que más contaminan— de financiar la mitigación y la adaptación frente al cambio climático en los países del sur global —los más afectados—, muchos de estos recursos generan deuda para los Estados que los obtienen.

 Además, el dinero que actualmente sí se recibe para acciones de adaptación en forma de donación, desde fondos creados por organismos como la conferencias de las partes sobre cambio climático (COP), no se aprovecha completamente en los territorios debido a retos que aún persisten en distintos niveles: los organismos internacionales, el Estado receptor —en este caso, Colombia— y las comunidades locales. Enfrentar estas dificultades permitiría que los fondos que hoy se implementan tengan los resultados esperados y sean sostenibles en el tiempo, así como preparar a las comunidades para el financiamiento directo que se viene discutiendo en escenarios como las COP.

La financiación para la adaptación es un acto de justicia 

Colombia no es uno de los grandes emisores de CO2 ni de otros gases causantes del cambio climático global. De hecho, son los países desarrollados los que más han generado daños en el medio ambiente y, por lo tanto, quienes tienen mayor responsabilidad de restablecer la salud e integridad de la Tierra, como lo indica el Principio 7 de la Declaración de Río sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto también lo reafirma la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que señala, además, que los países desarrollados tienen el deber de apoyar a los más vulnerables para hacer frente a los efectos del cambio climático.

En el territorio nacional, los impactos económicos del cambio climático y de la variabilidad climática son evidentes. Por ejemplo, en 2010 y 2011, Colombia vivió la fuerza del fenómeno de La Niña. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las lluvias e inundaciones generaron pérdidas por 11,2 billones de pesos, afectaron a 3,2 millones de personas y concentraron el 82 % de los daños en vivienda e infraestructura. El evento dejó en evidencia la profunda vulnerabilidad del país y la falta de estrategias de adaptación frente a fenómenos extremos.

Desde entonces, fenómenos exacerbados por el cambio climático —como los incendios y la sequía de 2024— muestran la urgencia de fortalecer capacidades locales e involucrar a las comunidades en la prevención y atención de desastres, mediante acciones de adaptación. Aquellas que ayudan a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático

Pero esto requiere recursos y, de acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2025 de GFLAC, el 93 % del financiamiento internacional que ha recibido Colombia para biodiversidad y cambio climático ha creado endeudamiento; solo el 7 % corresponde a donaciones. 

La COP30 y el dinero para la adaptación

El tema de financiamiento climático, especialmente las cantidades de dinero que deben aportar los países desarrollados a los países en desarrollo para acciones de adaptación, entre otras, es uno de los principales puntos de discusión durante las conferencias de las partes. En la pasada COP30, realizada en noviembre de 2025 en Brasil, se lograron avances importantes en financiación climática, aunque sin romper la tendencia dominante: la mayor parte de los recursos internacionales sigue llegando en forma de préstamos que incrementan la deuda de los países en desarrollo. María Paula González Espinel, abogada de Ambiente y Sociedad, indica que solo se hizo un llamado a trabajar en la posibilidad de que el financiamiento tenga mejores condiciones que las tasas del mercado o exista una mayor opción de subvenciones, pero no quedó como una obligación para las Partes. 

En la COP30 se definieron por primera vez indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA), orientados a medir avances en resiliencia —desde el acceso al agua hasta la mortalidad por calor extremo—, que permitirían identificar brechas en la inversión, sectores con mayor financiamiento y grupos poblacionales más expuestos (mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades locales e indígenas). Sin embargo, muchos fueron modificados a última hora, quedando incompletos o técnicamente inviables; por lo que seguirán siendo discutidos en las negociaciones previas que se realizan cada año, en Bonn (Alemania), antes de la próxima COP, y no es claro si los países estarán dispuestos a comenzar a utilizarlos.

La conferencia concluyó con el compromiso de triplicar la financiación para adaptación hacia 2035, lo que significa destinar unos 120 mil millones de dólares anuales a adaptación dentro del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG), adoptado desde la COP29. Sin embargo, esta cifra sigue muy por debajo de las necesidades reales, pues el IHLEG estima que solo las economías emergentes y en desarrollo –incluída Colombia– requerirán 400 mil millones anuales exclusivamente para adaptación, dentro de un total de 3,2 billones necesarios para el clima y la naturaleza. En respuesta a esta brecha, la Hoja de Ruta Baku to Belém plantea movilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiamiento externo para los países en desarrollo para 2035, aunque su cumplimiento dependerá del compromiso de las Partes y de una mayor cooperación internacional. Además, la financiación para la adaptación continúa dependiendo casi totalmente del sector público, ya que muchos proyectos esenciales —como la protección costera frente a inundaciones— ofrecen poca rentabilidad y no atraen inversión privada.

Mientras estas discusiones siguen latentes en el escenario internacional, con el pequeño porcentaje que llega a los países del sur global en forma de donaciones —o dinero que no debe devolverse— ya se están financiando proyectos de adaptación al cambio climático. Estas experiencias permiten comprender el proceso de financiación desde el planteamiento hasta la llegada a los territorios, así como los retos presentes en cada nivel para garantizar el cumplimiento de los objetivos y su permanencia en el tiempo.

Un proyecto de adaptación en el lago más grande de los Andes colombianos

Según la Tercera Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático, Boyacá ocupa el puesto seis a nivel nacional en amenaza por este fenómeno, luego de departamentos como Cesar, Norte de Santander y Valle del Cauca; y por encima de departamentos como Cundinamarca, Chocó y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La amenaza por cambio climático representa la posibilidad de afectación en seguridad alimentaria, recurso hídrico, biodiversidad, salud, hábitat humano e infraestructura por aumento de temperatura o aumento/disminución de las lluvias al 2040. De acuerdo con este informe liderado por el IDEAM para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), existe una marcada tendencia de posibilidad de amenaza sobre la región Andina colombiana.

Por esto, el Proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes (AICCA), priorizó en Colombia al Lago de Tota, el más grande de los Andes colombianos, el segundo lago navegable más alto de América del Sur, fuente del 13,55 % de la reserva hídrica del país y sustento de cerca de 250.000 personas.

AICCA fue financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), uno de los fondos creados por la COP desde 1994 para facilitar el flujo de dinero de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Actualmente, el GEF es una familia de seis fondos que financia temas como adaptación, biodiversidad, productos químicos y residuos, bosques, ecosistemas de agua dulce, degradación del suelo, mitigación y salud oceánica. Gran parte de sus recursos se otorgan como subvenciones o donaciones, especialmente cuando son recibidos por el gobierno nacional.

Acceder a los recursos del GEF toma tiempo. El proyecto AICCA fue presentado ante este fondo en 2013 y recibió aprobación en 2017. Un año después se inició su implementación en Boyacá. El dinero del GEF fue recibido por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), una de las agencias autorizadas para este propósito. El proyecto tuvo una duración de cuatro años y fue ejecutado por el Consorcio para el Desarrollo de la Ecorregión Andina (CONDESAN).

AICCA tenía el objetivo de comprender la relación entre el sector agropecuario y el ciclo del agua en zonas altoandinas, para promover medidas de adaptación frente al cambio climático. Esto es de gran importancia en Colombia, ya que, según las proyecciones 2011–2040, el 47 % de las áreas de economía campesina podrían verse afectadas por disminuciones en las precipitaciones.

Para esto, AICCA evaluó algunos aspectos técnicos en la cuenca del Lago de Tota. De acuerdo con Lorena Martínez, profesional técnica local, se realizaron proyecciones de escenarios de variabilidad climática para el periodo 2026-2050, teniendo en cuenta las variables de precipitación y temperatura, con el fin de identificar en qué partes específicas de la cuenca es necesario adaptarse a aumentos en la temperatura o disminución en las lluvias, así como a heladas más frecuentes e intensas. Con toda esa información científica se logró identificar la necesidad de crear unas medidas de adaptación frente a estos fenómenos rastreados. Algunas de ellas fueron: sistemas apícolas, cosechas de agua y riego, restauración ecológica, comunidades de conocimiento, monitoreo meteorológico comunitario y participativo, colaboración con programas rurales para mejorar las prácticas agrícolas en el monocultivo de cebolla, red fenológica de aves y turismo sostenible.

Tres años después de finalizado el proyecto, algunas de estas medidas de adaptación siguen en pie gracias a que la comunidad ha continuado fortaleciéndolas. Tal es el caso de los invernaderos implementados para diversificar los cultivos del sector, producir sin necesidad de agroquímicos y hacer uso de los sistemas de cosecha de agua y riego. La Asociación de Mujeres Campesinas Proactivas de Aquitania agrupa a quienes actualmente cultivan en los invernaderos lechuga crespa y espinaca para la venta, haciendo uso de los sistemas de riego con agua de lluvia para su huerta, tanto dentro como fuera de los techos de plástico.

Sin embargo, no todas las medidas de adaptación han logrado permanecer en el territorio después de estos años. Octavio López narra que el proceso de restauración ecológica ha tenido muchas dificultades: solo el 50 % de las plantas nativas sembradas en la isla San Pedro, la más grande del Lago de Tota, han sobrevivido. López indica que esto se debe a la falta de seguimiento y acompañamiento a la comunidad. Resalta, además, que no hay voluntad política en la administración municipal ni en Corpoboyacá —la autoridad ambiental de la zona— para continuar estos procesos.

Retos y aprendizajes que dejó el proyecto AICCA

El proyecto AICCA también buscaba integrar el cambio climático y la variabilidad climática en instrumentos de planeación territorial, como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT). Sin embargo, hasta la fecha, solo uno —Cuítiva— de los cuatro municipios impactados por el proyecto —Aquitania, Tota, Sogamoso— ha presentado la actualización de su instrumento de planeación, incluyendo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, esto de acuerdo con Giovany Viasus, Subdirector de Planeación y Sistemas de Información de Corpoboyacá. 

Para este reportaje, se contactó a las alcaldías y secretarías de planeación de los cuatro municipios para conocer cómo los resultados de AICCA les habían sido útiles en la formulación de sus instrumentos de planeación territorial. La única respuesta obtenida fue de la Secretaría de Planeación de Sogamoso, que afirmó que “oficialmente a planeación no llegó información de este proyecto” y que, al consultar a la Secretaría de Hábitat —encargada de temas ambientales—, tampoco encontraron registro. Ante lo cual, tanto los líderes del proyecto como la comunidad indicaron que todos los insumos sí fueron entregados en cada alcaldía.

Por esto, los aprendizajes que resalta Miguel Vera, quien fue el líder técnico nacional del proyecto, están relacionados con el fortalecimiento de la capacidad técnica municipal para diseñar, ejecutar y dar continuidad a medidas de adaptación, así como el mantenimiento de espacios permanentes de gobernanza local, como comités de adaptación y mesas técnicas, ojalá pasando de ser simples espacios consultivos para generar roles vinculantes de la comunidad en las decisiones territoriales.

Por su parte, la comunidad resalta la importancia de que el equipo técnico de AICCA fue cercano y se preocupó por fortalecer procesos que ya se venían realizando en el territorio, incluso apoyando la formalización de emprendimientos para que fueran ellos mismos quienes pudieran ser contratados dentro del proyecto y no personas ajenas a la comunidad. Esto sigue siendo un gran reto aún por superar: de acuerdo con Luz Helena Hernández, quien fue la profesional social de AICCA, todavía persisten altos niveles de desconfianza institucional para que las comunidades administren recursos. Además, reconoce que las organizaciones intermediarias —quiénes reciben los dineros de los fondos— no quieren perder control del “negocio” del financiamiento climático, lo que se convierte en un obstáculo adicional dentro de una arquitectura ya de por sí compleja para acceder a estos recursos y que termina excluyendo a quienes más los necesitan.

Para ir superando estos retos, Luz Helena menciona la importancia de pasar de la intención a la acción en la creación de mecanismos efectivos de financiamiento directo para las comunidades locales, aprovechando herramientas que ya existen en Colombia, como el Corredor de Financiamiento Climático; promover modelos más autónomos —como el Banco Indígena—; aprender de referentes con mecanismos más efectivos, como el de FILAC y Tenure Facility; y garantizar la presencia y participación efectiva de negociadores de comunidades locales en escenarios como las COP.

Otra manera de garantizar la participación de las comunidades en la gestión de estos recursos y su veeduría es asegurar el acceso a información clara y transparente sobre los dineros internacionales que llegan al país. Según María Paula González Espinel, es necesario fortalecer la trazabilidad y la transparencia de la información sobre estos recursos —especialmente en mecanismos que ya existen, como el sistema de monitoreo de financiamiento climático (MRV)— y formar a las comunidades en los procesos y términos técnicos para que tengan mayores posibilidades de acceder a ellos de manera directa. 

Precisamente, según Luz Helena, la financiación directa para las comunidades fue uno de los temas centrales en la COP30. Este reclamo —reiterado también en la 6ª Semana de Financiamiento Climático y Sostenible de GFLAC— puso en evidencia una brecha crítica: menos del 1 % del financiamiento climático llega directamente a quienes protegen los ecosistemas, mientras la mayor parte se queda en intermediarios. Así, mientras en los escenarios globales se negocian cifras y metas de financiación entre países desarrollados y en desarrollo, en el ámbito local persiste un desafío urgente: fortalecer a las comunidades y a los gobiernos locales para que los proyectos no se agoten con los recursos, sino que exista posibilidad real de que las comunidades cuenten con autonomía, recursos y decisión allí donde el impacto del cambio climático es cotidiano y profundo: en los territorios. 

Hoy, mientras el mundo discute miles de millones de dólares en cumbres y documentos internacionales, la resiliencia se construye lejos de esos escenarios, en lugares como la cuenca del Lago de Tota. Allí, mujeres, campesinos, recicladoras y técnicos sostienen los procesos de adaptación que lograron echar raíces. Sin embargo, los desafíos siguen siendo profundos: lograr que los proyectos incidan de manera real en los instrumentos de política local, evitar que los aprendizajes y los insumos técnicos se diluyan con cada cambio de gobierno y garantizar continuidad en territorios estratégicos. 

En un ecosistema clave como el Lago de Tota la adaptación climática no es una opción futura, sino una urgencia presente. Lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino la capacidad de Colombia para proteger su agua, su biodiversidad y a las comunidades que la resguardan.