En la sala de la Comisión VII del Senado la tensión era evidente, tanto en el área de los observadores, como en el semicírculo reservado para los intervinientes. La senadora del partido Colombia Justa Libres, Lorena Ríos Cuéllar, sentada junto al óleo de Jorge Eliécer Gaitán, presidía la Audiencia Pública para discutir el proyecto de ley de su autoría, denominado Con los niños no te metas. A su izquierda estaba el otro único senador presente; Wilson Arias, del partido Polo Democrático. Las demás asistentes a la discusión, ese lunes 27 de noviembre de 2023, eran ciudadanas —profesionales de salud, científicas, madres— que acudieron a esgrimir sus argumentos sobre la prohibición de los tratamientos de reafirmación de género para niñas, niños y adolescentes trans que propone el proyecto de ley. 

La temperatura en el recinto fue subiendo, tanto por el tono de la discusión, como por la presencia de un número cada vez más grande de personas. La sala que parecía espaciosa de repente se tornó chica. Al final eran casi cien personas que escuchaban o participaban de un debate entre dos frentes que marcaban claramente sus posturas. 

De un lado, quienes respaldan el proyecto de ley, decían: “A los niños no se les hormona, no se les mutila, no se les manipula. Las infancias trans no existen” (este tipo de expresiones desconocen sentencias de la Corte Constitucional como la T-447 de 2019, que reconoce que niños, niñas y niñes tienen el derecho y la autonomía de reconocerse como personas trans). Del otro, las madres de menores con experiencia de vida trans, respondían: “Las infancias trans no son un peligro; están en peligro. Todo adulto trans fue un niño trans”.

Funcionarios de los ministerios del Interior y de Salud hicieron presencia y pidieron que el proyecto de ley se archivara antes de arrancar formalmente su curso entre los legisladores, por considerarlo inconstitucional. 

Durante más de dos horas de discusión intensa, pero con palabras respetuosas, 16 personas intervinieron. Al final de la tarde aún quedaban 25 más por hablar, y la senadora Ríos declaró: “Para nosotros es muy importante escuchar todas las voces de las organizaciones, de las comunidades médicas, científicas y de los colegios de psicólogos. El 4 de diciembre vamos a continuar en un auditorio más amplio”.

Fue un hecho sin precedentes. Por primera vez el Congreso de la República —el lugar llamado a crear las leyes que garanticen la igualdad de derechos para toda la ciudadanía— abría sus puertas a deliberaciones sobre lo que necesitan las infancias y adolescencias con experiencia de vida trans en el país. El Legislativo no había abierto muchos espacios para estas discusiones antes. Y cuando lo había hecho, habían sido experiencias desafortunadas por el pobre nivel de los discursos y el tipo de lenguaje utilizado por los honorables congresistas. 

La representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, recuerda las deliberaciones que se realizaron entre 2012 y 2013 para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En ese entonces era activista por los derechos de la población LGBTIQ+, asistió al Congreso y fue testigo de lo poco que se avanzó en esta materia a través del Legislativo. Jamás olvidaría las palabras del entonces senador del Partido Conservador Roberto Gerlein, quien invocó el Génesis del Antiguo Testamento y dijo que el sexo entre hombres era “excremental”:

“Ahí yo dije: por acá no vuelvo —dice la representante Giraldo—, inventémonos otra cosa porque por acá no es”. “Y desde entonces el movimiento social no había tenido mayor acercamiento directo al Congreso, porque no había garantía de protección. Ni siquiera de uso respetuoso del lenguaje”, señala Alejandro Gómez, abogade especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la organización Colombia Diversa.

Pero algo empezó a cambiar desde la legislatura pasada, cuando un mayor número de personas abiertamente lesbianas, gays, bisexuales y trans llegaron a ocupar un asiento en el cuerpo bicameral. Y en este periodo, al verse tantos, crearon una Comisión Accidental por la Diversidad para respaldar los proyectos de ley originados por esta población. Son siete los congresistas LGBT que la integran: Susana Boreal, Angélica Lozano, Jorge Andrés Cancimance, Alejandro García, María del Mar Pizarro, Carolina Giraldo y Támara Argote (primere congresista trans no binarie)”.

Lo que se vivió hace unos días al interior de la Comisión VII no tiene precedentes en Colombia, porque durante más de 40 años el reclamo sobre los derechos de las personas con experiencia de vida trans se dio en otros escenarios, o más bien ante una sola institución: la Corte Constitucional. Con la nueva Constitución Política, el incipiente movimiento social trans —organizado más formalmente ya entrados los 2000— encontró en el litigio estratégico el camino y la corte se convirtió prácticamente en la única entidad garante de sus derechos.

En tres décadas, el alto tribunal puso al país a la vanguardia —en relación con sus vecinos más cercanos— con el reconocimiento del derecho fundamental a la identidad, el acceso a terapias de reafirmación de género a través del sistema de salud y la extensión de estos derechos a las personas no binarias y a los menores de edad.

Aún así, los colectivos trans sostienen que la igualdad sigue sin estar garantizada y han buscado nuevos escenarios de reconocimiento. Del mismo modo, quienes ven en la validación de las identidades trans un peligro, especialmente para las infancias, encaran la resistencia. El lugar donde ahora se da ese pulso, finalmente, es el Congreso, donde hacen curso seis proyectos de ley que se refieren, directa o indirectamente, a los derechos de las personas con experiencia de vida trans. 

Justamente tres de los proyectos de ley en curso relativos a las personas trans fueron originados por partidos y parlamentarios progresistas en defensa de los derechos de la población LGBTIQ+. Los otros tres surgieron de partidos conservadores que quieren evitar los procesos de transición en niños, niñas y adolescentes. Y es ahí donde están los puntos de choque: en las infancias y adolescencias trans y la educación sexual que reciben los menores de edad.

La visión conservadora de la protección* de las infancias 

Los congresistas Óscar Mauricio Giraldo y Luis Miguel López (Partido Conservador) son los autores de los proyectos Niños, no experimento y Los padres eligen. El primero sostiene que la disforia de género es un fenómeno social y que el exceso de información y los intereses de los médicos y la industria farmacéutica han llevado a que cada vez más menores de edad inicien procesos de transición de género de los que luego se arrepienten. Pese a que ha sido demostrado que quienes detransicionan lo hacen no porque se arrepientan de su identidad de género elegida, sino porque no encuentran aceptación en la sociedad.

Para impedir que esto siga sucediendo, el proyecto establece en sus artículos 3 y 4 que no podrán realizarse cirugías de afirmación de género y/o terapia hormonal en menores de 18 años. No menciona, sin embargo, que en Colombia los procedimientos quirúrgicos son raramente recomendados y raramente realizados en menores de edad, y que dado que el Ministerio de Salud sigue sin establecer lineamientos oficiales, la Corte Constitucional se ha basado en guías internacionales, como las de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, sus siglas en inglés) que recomienda que las cirugías se realicen cuando la persona haya cumplido la mayoría de edad legal. La terapia hormonal sí se permite.

Los padres eligen, por su parte, busca fortalecer la presencia de los padres en la educación de sus hijos obligando a los colegios a informar qué tipo de educación sexual dan, según explicó el representante López en el podcast A Fondo con Maria Jimena Duzán. Permitiría, además, que los padres puedan sacar a sus hijos de las clases cuando consideren que les enseñan cosas que, a su parecer, no deberían aprender, y sanciona a las instituciones educativas que incumplan con lo establecido por el articulado.

El último proyecto de este sector es Con los niños no te metas, cuya audiencia pública narramos al comienzo. También busca “prevenir la disforia” y prohibir los tratamientos de “reasignación de género”, una pretensión que desconoce que según la Organización Mundial de la Salud ni la disforia ni la incongruencia o discordancia de género son patologías que puedan ser prevenidas o modificadas. 

El proyecto además aspira a prohibir los bloqueadores de pubertad, el tratamiento hormonal cruzado y la cirugía de afirmación en menores de 18 años, y que se pueda hablar de estos temas. El artículo 42 del proyecto, por ejemplo, señala que “en el desarrollo del principio del interés superior del niño y de la prevalencia de sus derechos sobre los demás, se prohíbe a las personas naturales y jurídicas hacer uso de los medios de comunicación para fomentar, publicitar o recomendar reasignación de género mediante los métodos de bloqueadores de pubertad para tratar la disforia de género en menores de 18 años. Tampoco podrán realizarse eventos de difusión pública y masiva que tengan como finalidad la persuasión de someterse a reasignación de género para tratar la disforia de género en menores de edad”.

Estos proyectos patologizan las experiencias de vida trans y consideran que debe protegerse a niños, niñas y adolescentes de la ‘ideología de género’, término que ganó popularidad en Colombia durante las discusiones del Plebiscito por la paz de 2016. En ese entonces, se dijo que el Ministerio de Educación estaría repartiendo unas cartillas que mostraban a dos hombres desnudos en la cama con las que se estaría “adoctrinando en identidad de género” a los menores. La información era falsa, pero aún así el asunto terminó en marchas contra la llamada ideología de género. 

A partir de ese momento, dice Danne Aro, directora de la Fundación GAAT, “se instaló en la sociedad colombiana la idea de que hablar de temas de educación sexual estaba prohibido”. Giraldo coincide con Aro: “Lo que tiene que ver con la infancia, no solamente con temas de orientación sexual e identidad de género, sino en general con educación a la infancia, son temas en donde hay una línea roja y generan controversia”. 

Ahora bien, sobre el futuro de estos proyectos de ley, solo Los padres eligen ha conseguido pasar el primer debate. Y, dice Gómez, “hay tranquilidad en el movimiento social LGBTIQ+ de que, de convertirse en leyes, estas no superarían el control constitucional”, tanto por tratarse de normas que violarían el principio de no discriminación, como porque irían en contra el de progresividad y no regresión que impide que sobre los asuntos juzgados por la corte se eliminen derechos ya garantizados. “En términos sociales, sin embargo, es fuerte. Con los niños no te metas representa un retroceso en términos de patologización y criminalización de las identidades trans”, agrega Gómez sobre el tono que pueden tomar las discusiones en el Congreso. 

Mutante intentó conversar con los congresistas Giraldo, Ríos y López para conocer su visión sobre la discusión de estos proyectos. Hasta el momento de publicación de este artículo, solo obtuvimos una respuesta de  parte de la senadora Ríos: “estamos en etapa temprana de audiencias públicas para el primer debate, estamos enfocados en esa etapa antes de anunciar declaraciones públicas, justo porque queremos escuchar y tener los insumos acertados para abordar la discusión habiendo escuchado a todos los actores”.  

La protección de los derechos de las personas trans

En la otra ala de la discusión en el Legislativo también hay un proyecto de ley sobre la educación sexual que reciben los menores. Se llama Igualdad de género en la educación y fue presentado por la representante por Sucre del Partido Liberal, Karyme Cotes. 

En un video publicado en sus redes sociales, la representante señaló que este no crearía una nueva cátedra, sino que en las existentes en el plan de estudios incluiría “la eliminación de estereotipos de género [y el] respeto hacia la diversidad desde muy tempranas edades en los entornos escolares”.

 

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Por otro lado, la representante por Bogotá del Partido Verde, Katherine Miranda presentó por segunda vez el proyecto Situación militar de las personas transgénero. Según el equipo de asesoría jurídica de la representante, “busca que se exonere de la prestación del servicio militar obligatorio a los hombres trans”. Actualmente en Colombia solo quienes tengan en su documento de identidad el marcador de sexo “Femenino” están exentos de prestar el servicio militar. Es decir, personas a quienes se les asignó el sexo de hembra al nacer y las mujeres trans que hicieron la correción de género en sus documentos.

Los hombres trans —personas asignadas mujeres al nacer pero que no se identifican con el género femenino y deciden transicionar hacia el masculino— y las personas no binarias no están exentas de prestar el servicio militar y deben resolver su situación. De modo que la tarjeta militar se convierte en un requisito que genera barreras para que hombres trans y personas no binarias accedan a la educación y al trabajo. 

El proyecto pasó su primer debate, pero como fue acumulado con otros, incluido uno con impacto fiscal, no podrá avanzar hasta que el Ministerio de Hacienda dé su concepto.

El último proyecto de esta tríada es el denominado Inconvertibles, que busca prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” que pretendan cambiar las orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La representante Giraldo es la autora del proyecto de ley en su segunda pasada por el Congreso. La primera vez fue presentado por el representante Mauricio Toro, pero, según contó a Mutante, este fue “torpedeado por un grupo de congresistas pertenecientes a iglesias cristianas que partían de la base de que la orientación sexual es una enfermedad curable y como tal, cualquier persona tenía el derecho a ser curado”.

De acuerdo con Giraldo, este fue uno de los dos proyectos priorizados para ser impulsados por la Comisión por la Diversidad y se cimenta en tres pilares: la despatologización de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, la eliminación de los prejuicios y violencias en su contra y la incorporación en la legislación penal colombiana de medidas que permitan sancionar conductas de terapias de conversión.

El proyecto pasó el primer debate sin mayores contratiempos y contó, incluso, con el apoyo de sectores religiosos que, según Giraldo, entendieron que esto no es una cuestión de la diversidad sino de la eliminación de las violencias. Para la representante esto es una muestra del cambio en el ambiente del actual congreso con respecto a los períodos legislativos anteriores.

Ahora, buscan tener una ponencia radicada antes del 16 de diciembre para llegar a debatir a comienzos del siguiente semestre y realizar dos debates más antes de mediados del 2024.

Una ley integral trans

Así como lo han hecho España, Argentina, Dinamarca, Malta, Irlanda y Portugal, el siguiente paso para Colombia sería tener una ley trans. “Porque para reducir las brechas sociales y para hacer las acciones afirmativas que se necesitan para mejorar la situación de las personas trans, que han sido históricamente excluidas de la sociedad, se necesitan leyes, —sostiene Josephine Fernández, coordinadora de comunicaciones de la plataforma de la Ley Integral Trans—, “la Corte Constitucional no puede hacer eso y sigue habiendo mucho trecho para ser iguales en la sociedad”.

En enero de 2023, más de 100 organizaciones, lideradas por la Liga de Salud Trans, Colombia Diversa y Profamilia, se reunieron para conversar sobre las necesidades que tenían como población. Se constituyeron como plataforma y “hacia mayo teníamos un proyecto de ley trans muy extenso que debatimos en un encuentro nacional. Desde entonces y hasta este momento, hemos trabajando en hacer un articulado más reducido y más apto para las dinámicas del Congreso”, cuenta Fernández.

La denominan una ley “integral” porque, dicen, contempla a todas las instituciones estatales que necesitan hacer acciones afirmativas para esta población. Pero tiene un fuerte enfoque en cuatro derechos: identidad, salud, trabajo y educación.

 

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Aún no hay una fecha determinada de cuándo la presentarán pero dicen que lo harán cuando sientan que existe un clima político para dar la discusión. “Apenas se empiezan a debatir estos temas se comienza a generar una presión sobre la población trans en el país”, señala la directora de la Fundación GAAT. Y agrega: “Hemos puesto muchas muertas, muertos y muertes y ya no queremos más eso. Tenemos que apostarle entonces a un proceso integral de transformación”. El aterrizaje de estas discusiones en el Congreso de alguna manera ya lo es.

*Nota de las editoras: En una primera versión de este artículo, tanto en el sumario como en una de las frases se dijo que los grupos conservadores buscan la “protección” de los niños, niñas y adolescentes, sin atribuirles esta afirmación. Fue una imprecisión que corregimos y quisimos aclarar: todos los proyectos de ley, sean defensores de los derechos de las personas con experiencias de vida trans o sean conservadores, invocan la protección de las infancias y adolescencias:  unos desde la restricción del acceso a procesos de reafirmación de género y los otros desde la garantía de la autodeterminación de su experiencia de vida trans.

** Segunda nota de las editoras: Dos organizaciones de la comunidad trans nos enviaron varios comentarios a la primera versión de este artículo. Señalaron  imprecisiones y pedían un mayor contexto sobre algunas de las iniciativas que representan un retroceso en  los derechos alcanzados. Luego de analizar y revisar sus comentarios decidimos hacer las siguientes modificaciones al texto original para aportar mayor contexto, precisión e información relevante:

• En la escena inicial, agregamos un paréntesis aclaratorio sobre las sentencias de la Corte Constitucional, como la T-447 de 2019, “que reconocen que niños, niñas y niñes tienen el derecho y la autonomía de reconocerse como personas trans”.

• En uno de los resaltados añadimos la siguiente frase para ofrecer más datos sobre los procesos de detransición, que según las cifras del estudio citado, son una minoría: “sólo el 0,6% de las mujeres transexuales y el 0,3% de los hombres transexuales que se sometieron a gonadectomía fueron identificados como arrepentidos”.

• En la primera versión dijimos que los procedimientos quirúrgicos no estaban permitidos para menores de edad. Esto no es cierto. Sí están permitidos, pero para mayor precisión y contexto añadimos: “en Colombia los procedimientos quirúrgicos son raramente recomendados y raramente realizados en menores de edad, y dado que el Ministerio de Salud sigue sin establecer lineamientos oficiales, la Corte Constitucional se ha basado en guías internacionales, como las de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, sus siglas en inglés) que recomienda que las cirugías se realicen cuando la persona haya cumplido la mayoría de edad legal”. 

• También decidimos precisar (en un nuevo resaltado) que la terapia hormonal sí se permite, pero bajo seguimiento médico-clínico y según tres premisas específicas: consentimiento informado del menor y consentimiento informado de los representantes legales comprendiendo los cambios esperables del proceso; criterio de elegibilidad (es decir, exámenes médicos previos con el fin de prevenir efectos adversos según la edad); y el compromiso de seguimiento o revisiones periódicas cada mes y luego cada tres meses, con el fin de verificar el funcionamiento y el estado general de salud del menor.

• En otro apartado añadimos que, “según la Organización Mundial de la Salud ni la disforia ni la incongruencia o discordancia de género son patologías que puedan ser prevenidas o modificadas”.

• Por último, decidimos aclarar los términos “disforia” o “incongruencia de género”, diagnósticos que son exigidos por el sistema de salud colombiano para acceder a ciertos tratamientos, pese a que las guías internacionales abogan por la autodeterminación de la identidad de género.