A dos años del Estallido Social, un acontecimiento que marcó un hito en la historia de las movilizaciones sociales en Colombia, la justicia no solo es esquiva sino casi inexistente para aquellas personas que resultaron asesinadas, heridas, acosadas, torturadas o privadas injustamente de su libertad. 

Se suman dos años de impunidad o, en el mejor de los casos, de dilación y aplazamientos en los estrados judiciales frente al esclarecimiento de los hechos que tuvieron lugar en el Paro Nacional del 2021. Recordemos, solo para dimensionar la magnitud de lo ocurrido, las cifras nacionales que presenta la Campaña Defender la Libertad: 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 116 lesiones oculares, 343 agresiones a personas defensoras de derechos humanos y 106 denuncias por violencias basadas en género.

Haciendo un zoom en uno de los puntos de resistencia sostenidos, en la Ciudad de Cali, llegamos a Siloé, la Comuna 20 de la capital del Valle del Cauca. Por eso, durante un mes y a partir de este 3 de mayo, nos unimos al Tribunal Popular de Siloé para honrar la memoria de los 16 caídos en este sitio, pero también de las demás víctimas y sus familias cuyas vidas se dividieron en dos, por las heridas físicas, emocionales y mentales que dejó el desproporcionado accionar de la Fuerza Pública.