Hace 48 meses Colombia vio a la juventud asesinada en las calles a través de las redes sociales. La indignación que resultó después de la brutal represión policial con la que el gobierno de ese entonces, liderado por Iván Duque, abordó el Paro Nacional de 2019-2021, fue crucial para la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia de 2022. 

Durante su campaña y los primeros meses de gobierno, Petro hizo múltiples promesas que, según las organizaciones de víctimas y sobrevivientes del estallido, no ha cumplido. 

La última —y quizá la que despertó mayor ilusión— ocurrió el 10 de mayo de 2024, cuando se comprometió a crear la Comisión de la Verdad del Estallido: un sueño para los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, detenidos arbitrariamente o heridos durante las protestas de 2019, 2020 y 2021. 

Al menos 31 organizaciones de víctimas y sobrevivientes se reunieron en Bogotá entre el 23 y 26 de abril para exigir alguna respuesta o pista sobre el estado de esa Comisión, pero no tuvieron éxito. Según sus cuentas, al menos 169 jóvenes fueron asesinados y 970 personas fueron victimizadas durante las protestas, entre 2019 y 2021. 

“El gobierno de Gustavo Petro actúa como el Alka-Seltzer. Hace propuestas llamativas en momentos de efervescencia, pero después ninguna de ellas tiene una ejecución o seguimiento real”, dice Berenice Celeita, directora de la Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomadesc), y defensora de derechos humanos del Suroccidente del país.

Mutante conversó con Celeita sobre la relación de las organizaciones del suroccidente del país con el gobierno de Petro y sobre las expectativas que tienen alrededor de una instancia que les permita, finalmente, acceder a la justicia.

Mutante: ¿Cómo describirías la relación que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro con las organizaciones que emergieron y se articularon alrededor del estallido social del 2021?

Berenice Celeita: El estallido generó una conciencia más generalizada del estado de terror y del estado de cosas inconstitucionales que estábamos viviendo en Colombia, y el gobierno actual de Gustavo Petro es consciente de esa situación. Tan es consciente que en su Plan Nacional de Desarrollo recoge varias de esas reclamaciones.

El estallido generó también otras formas de organización, como por ejemplo, la fuerza de los jóvenes. El gobierno de entrada —incluso en su discurso, tanto previo a llegar a la presidencia como al inaugurar su mandato— planteó un lugar importante para las víctimas y para los jóvenes del estallido social.

Ahora, dentro de las promesas que se hicieron hay algunas que no se han cumplido totalmente. Y esas que no se han cumplido tienen que ver, principalmente, con las personas privadas ilegalmente de la libertad. Todos sabemos lo que implica perder la libertad, pero además en las condiciones carcelarias de Colombia.

No habría sino que anotar el caso de Tuluá para entender lo dramático que es que una cárcel se incendie, y que uno de estos jóvenes del estallido, víctima de agresión policial y detenido arbitrariamente, termine su vida en medio de esa situación. Tal vez, si se hubiese cumplido que los jóvenes privados de la libertad iban a tener un tratamiento con celeridad de la justicia y una revisión a fondo de los casos para mirar las arbitrariedades, Jonathan Sabogal estaría vivo.

Con eso no quiero decir que no se han hecho intentos. Hay una Mesa de Alternatividad Penal que continúa y revisa casos. 

Mutante: Con esto que me cuentas, entonces, ¿podríamos decir que el gobierno ha incumplido con lo prometido a las víctimas y los jóvenes del estallido social?

BC: Sentimos que los paliativos que se han dado para los jóvenes que sobrevivieron a estos hechos, y que fueron caracterizados como jóvenes de primera línea, no son los que solicitaron porque en su momento, en una mesa, ellos pidieron la superación de las causas estructurales que generaron el estallido.

Por ejemplo, el acceso a la educación no ha cambiado. El tema de salud para los jóvenes tampoco. Se han construido algunas rutas de trabajo temporal, como las huertas, como el programa Jóvenes en Paz, pero eso no ataca las causas de fondo. 

Además, porque si bien hubo unas primeras líneas conformadas por jóvenes, también hubo muchos otros sectores que se sumaron al Paro Nacional que terminó en el estallido. Entonces, creo que, en concreto, el relacionamiento ha sido diverso, pero no ha tocado las capas de la sociedad más afectadas por esa deuda social histórica.

Casi que podríamos decir que, desde 2021 hasta hoy, no ha habido un cumplimiento de lo pactado.

Mutante: En mayo del año pasado durante una reunión en Cali, Petro prometió la Comisión de la Verdad y delegó al Ministerio del Interior para que armara, por lo menos, la estructura. Si tú dices que no se ha avanzado desde 2021, ¿dónde están los principales problemas que impiden avanzar hacia la verdad y la reparación?

BC: Yo creo que hay un problema concreto en el Ejecutivo, y es el seguimiento a los compromisos que hace. Para mí, el bache está ahí: en el seguimiento. Es como si actuáramos con efecto Alka-Seltzer. En momentos de efervescencia, se envía el mensaje correcto: que sí se entienden las solicitudes alrededor de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, y se propone una Comisión de la Verdad.

Pero esa orden presidencial al Ministerio del Interior no tiene seguimiento. El Ministerio la toma, hace dos o tres reuniones y la deja. Como si no hubiese habido un compromiso ante la sociedad, en un espacio abierto, público, donde toda la ciudadanía clamaba justicia.

Entonces, hay una falta de compromiso real por parte de las instancias del Ejecutivo —en este caso, el Ministerio del Interior— para desarrollar esa orden presidencial. Y han pasado tres ministros desde entonces que han evadido las preguntas de las organizaciones.

Y lo que sucede es que con evasivas, y con esas leguleyadas que este país ha usado históricamente, se dice que “se está trabajando en ello”, pero no han avanzado en nada.

Entonces, creo que el tema del seguimiento y del cumplimiento de acuerdos sigue siendo un obstáculo para acceder a la justicia.

Mutante: ¿Cuáles consideras que serían los aportes de la Comisión de la Verdad al esclarecimiento de lo ocurrido durante las movilizaciones  del 2019 y 2021?

BC: El sistema judicial paquidérmico permite que los victimarios continúen arropados por el manto de la impunidad. Y no es que falten elementos probatorios porque se han hecho muchas cosas, incluso esfuerzos de los mismos familiares para conseguir pruebas. Pero el sistema judicial tampoco ayuda.

Desde la perspectiva ética y de reparación frente a esa ausencia de justicia, la Comisión de la Verdad era un elemento clave. Tú lo has dicho: desde mayo del año pasado hasta hoy… ¡Ya era hora de que existiera! Por lo menos, una base, una estructura mínima para documentar mejor lo ocurrido, para presentar ante tribunales nacionales e internacionales y para que se entienda la dimensión real de lo que sucedió en 2021.

Porque es que hay mucha gente que no lo vivió y no puede dimensionarlo. ¿Cómo así que fueron más de sesenta muertos? ¿Cómo así que hubo más de trescientos detenidos ilegalmente? ¿Y personas desaparecidas, posiblemente en sitios clandestinos de detención? O cuando los abogados iban a buscar a personas dadas por desaparecidas y no había ninguna autoridad que facilitara esa identifica ción. 

Fueron hechos sistemáticos. Mientras en Siloé asesinaban jóvenes, también lo hacían en Yumbo, en Buga, en Pereira, en Bucaramanga, en Bogotá… Eso no puede ser coincidencia. Era un aparato articulado para reprimir totalmente la posibilidad de expresión y de manifestación de quienes estaban activos en los puntos de encuentro.

MUTANTE: ¿Todos estos casos entrarían a la Comisión de la Verdad?

BC: Cuando se reclama una Comisión de la Verdad, es una comisión para los hechos más graves, pero también para otros hechos que, desde nuestra perspectiva, son violaciones a los derechos fundamentales. Como sucedieron actos inhumanos y degradantes —abuso sexual, tortura, ejecuciones extrajudiciales…—, hay otros actos que parecen mínimos, pero no lo son. 

Lo que ocurrió fue una agresión a la ciudadanía que tiene consecuencias aún hoy: psicosociales, económicas, especialmente en Cali. 

Yo insisto mucho en la parte psicosocial, porque veo muchos daños irreparables en los jóvenes y en las familias. Y eso nunca se muestra. Esos daños ocultos también deben ser reparados, y la mejor manera es encontrando justicia.

Mutante: Si se lograra que ocurra la Comisión, y teniendo tan fresca la experiencia de la Comisión de la Verdad del conflicto armado, ¿qué elementos crees que debe tener presentes o debe hacer mejor esta nueva Comisión sobre el estallido?

BC: Yo creo que toda represión histórica —aquí y en el mundo— apunta a romper el tejido social, a destruir lo que junta a las comunidades, a los pueblos, a los sectores. Volver a tejer sobre esas rupturas es muy difícil, pero no imposible. Esa vocación de ave fénix la tiene el movimiento social colombiano: renacer de las cenizas e insistir en los principios de justicia y verdad.

Lo primero es que los victimarios reconozcan lo que han hecho y que en una Comisión de la Verdad se documenten todos los casos. Que quienes cometieron esos crímenes sean juzgados, no solo desde lo ético y lo moral, sino también desde lo jurídico.

No se puede premiar a los victimarios. Como decía el maestro Eduardo Umaña: “Para ellos no hay ley de gravedad: caen para arriba”. Por ejemplo, Bonilla, responsable del asesinato de Johnny Silva, sigue en total impunidad, ya van veinte años y ha sido premiado con ascensos.

Las víctimas no solo tienen que vivir la pérdida, sino ver cómo sus victimarios ascienden, mientras ellas siguen atrapadas en la búsqueda de justicia. 

Casi que esto de reclamar justicia ya nos invoca que no existe democracia porque en una democracia lo primero que tiene que funcionar es el sistema judicial y aquí no funciona y eso nos debe hacer preguntarnos: ¿qué tipo de sistema de gobierno queremos tener?

Mutante ¿Qué impacto tendría la Comisión en las organizaciones y en los sectores sociales que se movilizaron?

BC: En este momento no hay no hay confianza y cuando no hay confianza hay ruptura y si hay ruptura pues es muy complejo generar acciones de transformación colectiva. Entonces por ahora el gobierno tiene que reconstruir las confianzas, demostrar realmente que tiene un interés en reconstruir la verdad y aplicar justicia a quienes cometieron estos hechos que no pueden volver a repetirse. Yo creo que todos sabemos que si no hay verdad y no hay justicia, tampoco hay posibilidad de que haya garantías de no repetición.

Mutante: A propósito de eso, el caso que está más avanzado en términos judiciales es el de la masacre del 3 de mayo, ¿no?

BC: Exactamente. Hay imputación de cargos al comandante del GOES y al comandante de la Policía, pero está en etapa preliminar. Se espera que este año avancen las audiencias, pero la estrategia de impunidad utilizada por los abogados de los responsables ha sido dilatar: cambian de abogado, dicen que no conocen el expediente, y así dilatan el proceso.

MUTANTE: Aunque ahí hay algo importante, ¿no? Porque al final la imputación es por omisión y no por acción…

BC: Sí, aparentemente es por omisión, porque ellos omitieron controlar los disparos contra los jóvenes. Pero claro, eso también hace parte de los mecanismos de impunidad. En los casos de heridos, por ejemplo, la adecuación típica se ha dicho que fue “intento de homicidio” y no “homicidio por acción”, cosas así.

Entonces, son esas piñuelas jurídicas que siguen siendo muy elocuentes, ¿no? Consideramos que sí es un avance tener la imputación, pero los mecanismos de impunidad siguen operando.

Como decía el maestro Umaña: se teje una telaraña. 

Por un lado, una telaraña jurídica que lleva a las víctimas y a sus representantes de un lado a otro, buscando pruebas —porque la carga de la prueba se revierte a la víctima, y eso no puede ser así—. Y por otro lado, una tenaza política, porque muchos testigos han sido amenazados, y eso bloquea también la posibilidad de avanzar.

Mutante: Finalmente, ¿tú crees que en este año y medio que le queda al gobierno sí sea posible algún avance con relación a la Comisión de la Verdad del Estallido?

BC: Claro, estamos convencidos de que puede haber un avance; es más, creemos que se pueden sentar las bases jurídicas para dar continuidad en el próximo gobierno. Es una tarea ardua, complicada y hay que iniciarla lo más pronto posible, pero vemos que este gobierno puede y debe sentar las bases para que esa comisión de la verdad se proyecte a tres, cuatro años y dé un informe.

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