Desde hace un año, las comunidades del sur de Bolívar lanzaron una alerta por el avance del Clan del Golfo en la zona. “Se nos están metiendo los paracos”, han clamado de distintas formas, luego de haber abandonado sus caseríos y de que Narciso Beleño, un histórico líder de la región, fuera asesinado el 21 de abril de este año. 

Esta situación la constató la Caravana Humanitaria por la Vida y la Permanencia en el Territorio, una iniciativa de observación internacional para evidenciar las violaciones de derechos humanos, que durante un mes recorrió cinco regiones: Antioquia, sur de Bolívar, Arauca, Chocó y Cauca. En su informe de cierre lanzó una alerta donde identificó como patrón en todas ellas: la presencia y fortalecimiento de estructuras paramilitares. 

El problema es que el estado actual del conflicto hace difícil definir qué es exactamente una estructura paramilitar y a qué intereses responde. Por eso, en algunos lugares como Arauca, las organizaciones sociales las equiparan con las disidencias de las Farc, y en otros como Chocó o sur de Bolívar las reconocen con el nombre de Clan del Golfo. El común denominador, según las comunidades de estos territorios, consultadas por Mutante durante el acompañamiento a la Caravana Humanitaria, son las prácticas de violencia como el asesinato de liderazgos, desplazamientos y ataques con explosivos, dirigidas especialmente hacia las comunidades y organizaciones sociales. En este contexto, la concreción de la Paz Total sigue pareciendo lejana, al menos para quienes viven entre el fuego. 

Además de las mesas de diálogo y negociación más pequeñas entre el Gobierno y grupos armados ilegales, hay al menos dos mesas congeladas (ELN y Segunda Marquetalia), dos avanzando (facciones del Estado Mayor Central y Comuneros del Sur), y dos por iniciar (Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada). 

Mutante conversó con Iván Cepeda, presente en el cierre de la Caravana en la ciudad de Cali, el pasado 23 de agosto. El senador, quien ha participado activamente de los diálogos con el ELN en el actual gobierno, habla sobre los retos de lograr la paz en medio de la emergencia humanitaria. 

Natalia Duque: Una de las alarmas centrales que encendió la Caravana fue la consolidación de grupos paramilitares en los distintos territorios ¿Esta reconfiguración ya se tenía mapeada desde el Gobierno? 

Iván Cepeda: En esos lugares hay enfrentamientos entre distintas fuerzas, pero la dinámica de los medios de comunicación, de lo que se ha impuesto hegemónicamente en el mundo político y de la opinión pública, es que pareciera que solamente existen algunos. 

Lo voy a ejemplificar de la siguiente manera: acaba de ocurrir un paro armado en Chocó y los medios de comunicación han señalado que esa responsabilidad está encabezada por el Ejército de Liberación Nacional. Entonces pareciera ser que no hay nadie más en el territorio causando una serie de situaciones de mucho riesgo y peligrosidad a la seguridad de las comunidades, como es el Clan del Golfo. 

Entonces, creo que lo meritorio de esta iniciativa es que pone bajo el reflector ese otro aspecto silenciado, invisibilizado..

ND: Para muchas personas, justamente, resulta difícil pensar en una negociación con el Clan del Golfo. Teniendo en cuenta su poder territorial, ¿qué se podría esperar de un proceso de negociación con este grupo?

IC: Ahí hay una muy importante discusión y compromiso que deben adquirir si es que aspiran a tener algún tipo de beneficios jurídicos. Porque este es un proceso que gira en torno a lo que el Gobierno ha llamado un diálogo, no una negociación de carácter socio jurídica, es decir: que haya verdad. 

Cómo es posible que una estructura tan poderosa esté presente en 21 departamentos del país, como ellos lo han proclamado, controlando economías ilegales, que tengan un impacto considerable en cada uno de sus territorios, pero pareciera ser que no están, que no existen, que no se judicializan, que no tienen vínculos con el resto de la sociedad y concretamente con sectores muy poderosos que hay en esos territorios. Comenzando por la justa inquietud y pregunta de la fuerza pública en esos lugares: ¿Qué está haciendo? ¿Los está combatiendo? ¿Está combatiendo todas las estructuras de la misma manera? ¿O hay algún tipo de situación selectiva que se está aplicando? 

Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, espero que así lo sea, en la cual las víctimas, la sociedad, pueda interpelar esa estructura tan poderosa y, si tiene una voluntad genuina de avanzar en un proceso de desmantelarse como estructura, pues que lo demuestra con hechos.  

ND: Paramilitares, neo paramilitares, bacrim, ¿cómo cree usted que sería la manera de nombrar estos grupos?  

IC: No sé. Yo creo que esa es una discusión que tiene relevancia para algún tipo de propósito, pero quiero partir de la consideración de que el paramilitarismo desde el año 2018 se convirtió en una figura constitucionalmente prohibida. En el año 2018 agregamos a la Constitución un artículo, a raíz de los Acuerdos de Paz que se hicieron en 2016 [con las FARC-EP], que prohíbe claramente cualquier forma de apoyo, connivencia, financiación, justificación de estructuras que funcionen reemplazando al Estado, especialmente en las funciones de control de orden público y también de monopolio de las armas. 

Entonces, ¿qué nombre les vamos a dar? Podemos ver que hay distintas generaciones de este fenómeno. […] Ahora tenemos estas otras estructuras en las que hay que encontrar qué continuidades y qué discontinuidades tienen con esa tradición, pero que juegan un papel, sin lugar a dudas, violatorio de los derechos de la población, de coerción, de implantación de un control en los territorios, de ejercicio de sistemas para lograr acumulación de riqueza o de poder político.  

N: ¿Qué lugar debería tener la discusión por el accionar de la fuerza pública y, en general por la doctrina militar, en esta conversación? 

IC: Yo creo que es muy importante que esa discusión siga. En estos años en el país hemos generado una serie de hechos, sobre todo las víctimas han generado una serie de hechos, que han ido permitiendo una discusión cada vez más franca sobre estos fenómenos. 

La parapolítica fue un momento crucial, como lo fueron también los juicios que se han hecho dentro de determinados sistemas de justicia transicional. Hemos venido avanzando en esclarecer esos fenómenos y a la fuerza pública, por supuesto, le compete esta discusión.

Hay otros poderes más allá de los oficiales que han estado involucrados en esto, sin lugar a dudas. La pregunta no solamente es quién dio la orden desde las posiciones más encumbradas de las fuerzas militares, sino también por el poder político y económico. 

Hay que recordar que de los procesos que se hicieron en Justicia y Paz hay una compulsa de copias de miles de casos para que empresarios, gente que está muy ligada a grandes negocios, grandes explotaciones de recursos naturales, responda, y esa compulsa no ha tenido ningún efecto. Solo en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, con el caso de la multinacional Chiquita. 

Entonces, por supuesto que está pendiente esa discusión con los militares. Yo espero que esa sea una discusión abierta, franca, constructiva, como también con otros sectores que se han lavado literalmente las manos.  

ND: ¿Qué aprendizajes se podrían extraer del proceso de diálogo que se hizo con las Farc, de cara al contexto actual en el cual sus disidencias representan una de las grandes preocupaciones para las comunidades?

IC: Yo creo que son dos momentos distintos. Con las Farc había una agenda, se llegó a un acuerdo y ese acuerdo fue incumplido en muchos de sus aspectos. Hubo una parte de esas estructuras de las Farc que no entraron al proceso y que se apartaron, especialmente en los Llanos Orientales, y otras estructuras que se descompusieron en el negocio del narcotráfico, hay que decirlo claramente. 

Entonces allí hay que hacer diferencias y hay que entender claramente qué representa cada una de esas estructuras y si están abordando de manera seria un proceso de paz. 

El problema que ha surgido es el asesinato sistemático de quienes firmaron el Acuerdo de 2016, con una cifra de prácticamente 450 personas. Al parecer buena parte de esos asesinatos los están cometiendo estos grupos que quedaron. 

También lo que está pasando con los movimientos sociales que están siendo amenazados, el asesinato de los líderes sociales; hay un proceso de sustitución forzada de los movimientos sociales. Hemos visto que en ciertos territorios aparecen de la nada nuevos movimientos que se proclaman como los movimientos históricos de los territorios y que le dicen a quienes han defendido los territorios desde incluso centenares de años, como es el caso de los pueblos indígenas, que ya no deben estar allí. Eso también tiene que ser parte de ese diálogo. 

ND: ¿Esto también hace parte de los diálogos con el ELN?

IC: Con el ELN, por supuesto, también tenemos un diálogo que pasa por responsabilidades, por el diseño de una participación que ya está ahí. Por eso hemos convocado al ELN a que nos sentemos en la mesa a avanzar en esa agenda.  

ND: El 3 de agosto se terminó el cese al fuego con el ELN, el más largo que se ha logrado con esa insurgencia, pero no se renovó. El Gobierno también ha pactado ceses al fuego con otros actores armados como el Estado Mayor Central, pero en la opinión pública existen diversas críticas frente a este método. ¿Sigue siendo usted defensor de los ceses al fuego?

IC: Sí, por supuesto, por una razón muy sencilla. Algunos creen que eso es un problema que tiene que ver con una metodología de negociación que es mejor o más conveniente en cierto momento de los diálogos para presionar a quien está sentado en la mesa del otro lado. Pero la realidad es que ahí no hay una concepción ética del problema. Para nosotros ese no es meramente un método de negociar, son las comunidades las que están ahí de fondo. 

Hoy ha cambiado el panorama. Hoy no es solamente el Estado enfrentando a unos grupos, sino que hay un múltiple enfrentamiento de distintos actores que muchas veces termina convirtiendo a la población en su víctima predilecta. Antes ocurría también, pero hoy ese fenómeno es todavía más frecuente. 

Se ha creado un mito en el sentido de decir que los ceses al fuego lo que hacen es fortalecer los grupos armados y maniatar a la fuerza pública, pero todo nos indica que esa es una falsa premisa. Y la manera de demostrarlo es que durante el anterior gobierno, en el que no hubo ningún cese al fuego, estos grupos crecieron de manera exponencial. Es más, muchos de estos grupos crecieron sin que hubiera diálogos porque el gobierno anterior no hizo ningún diálogo de paz. Entonces vemos que esa afirmación es un mito, es una falsificación de la realidad. 

En nuestro gobierno las Fuerzas Militares deben combatir, proteger a la población, bajo unos preceptos en los cuales privilegian la vida y la protección de la misma, sin duda. Pero decir que el cese al fuego es el culpable, o digamos, el factor culpable de que los grupos crezcan en los territorios, no creo yo que sea una explicación correcta. Esos grupos están creciendo porque hay unas economías, porque hay unas connivencias de distinto tipo, no por el alto al fuego.

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