El barrio Santafé ha sido el epicentro de estos hechos en Bogotá. De los pagadiarios, — hoteles de bajo costo que cobran día a día un monto fijo por ofrecer hospedaje — han desalojado a varias familias venezolanas por no poder pagar la suma diaria que les garantiza su permanencia.

El 31 de marzo fueron expulsados 200 migrantes del refugio Maloka en Bogotá, como forma de evitar la aglomeración dentro de las instalaciones y evitar la propagación del Covid-19. A pesar de que a las personas desalojadas se les ofreció una ayuda para que consiguieran otro lugar donde quedarse, conseguir un nuevo espacio en época de cuarentena es casi imposible.

En municipios fronterizos como Pamplona y Cúcuta se ordenó el cierre de comedores y albergues, — y desalojaron a las personas que allí se hospedaban — , por no cumplir con las medidas necesarias para la prevención de contagio del Covid-19. Además, a partir del cierre de todos los pasos fronterizos el 17 de marzo, la Alcaldía de Pamplona habilitó a la policía para impedir el ingreso y permanencia de migrantes en situación de irregularidad. Según denuncias de la Red Humanitaria de Caminantes, un grupo de organizaciones humanitarias y personas voluntarias que atienden cerca de la frontera a caminantes provenientes de Venezuela, esta decisión condujo a un trato abusivo por parte de la policía. Detuvieron los buses que ingresaban al municipio, verificaron documentación, bajaron a todas las personas en condiciones migratorias irregulares y las obligaron a volver caminando a Venezuela por el Páramo de Berlín.

El desalojo también ha significado para esta población la posibilidad de ser deportados. Como declaró Migración Colombia a través de Twitter y en un comunicado de prensa, en las últimas dos semanas han hecho 3.400 verificaciones de cumplimiento del aislamiento preventivo a población migrante que ha terminado en 130 personas deportadas, 94 inadmitidas y 59 a las que se les suspendió el permiso de ingreso y permanencia.

“Se ha hablado mucho de regresarnos a Venezuela, porque significa, al menos, que nadie nos va a desalojar”, cuenta Jomir Castro, una venezolana que vive con su familia en Medellín. La imposibilidad de continuar con sus actividades del día a día — que les permitía pagar las pensiones de las que están siendo desalojados, pese a la prohibición decretada por el gobierno — y la dificultad para acceder a ayudas como Familias y Jóvenes en Acción, ha creado un ambiente de zozobra entre los migrantes más desprotegidos.

“Y tampoco es que me den un arriendo gratis porque si no puedo salir a producir plata… y yo vine fue a eso, prefiero devolverme a mi país en donde tengo mi casa propia y no me va a correr nadie de allá. Lo mismo que voy a hacer aquí, luchar por la comida, lo hago allá. Allá no se puede salir, aquí tampoco. Prefiero estar con mi familia”, dice Javier Sotomayor, otro migrante venezolano que dice que lo que espera no es precisamente una “obra de caridad”.

A Colombia le ha costado darle a los migrantes “un tratamiento con enfoque de derechos humanos, donde no solo sean vistos como migrantes económicos”, explica Lucía Ramírez, investigadora de la ONG Dejusticia; es decir, donde no sean vistos como a quienes el Estado debe resolverles apenas sus necesidades básicas, sino su ciudadanía plena.

¿Cuál es el panorama al que se enfrentan los y las migrantes durante la emergencia decretada por el Covid-19? Durante la última semana, nos dedicamos a conversar con venezolanos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil desde nuestros lugares de aislamiento, para dar con la respuesta. Esto fue lo que encontramos.

PRIMER GRAN PROBLEMA: LA POBREZA

De acuerdo con el Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia y su estudio Panorama laboral de los migrantes venezolanos en Colombia 2014–2019, en la actualidad solo el 25% de venezolanos y venezolanas en el país tienen un contrato de trabajo, esto significa que el 75% laboran en la informalidad.

Con aquellos con quienes hablamos concuerdan en que su mayor preocupación durante la cuarentena es: ¿cómo van a costearse la vida?

“Temo porque esto se prolongue y no encontremos quién nos ayude”, cuenta Glenys Pérez, quien actualmente vive en Barranquilla con la familia de su hermana. Se refiere, en especial, a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la posibilidad de prorrogarla hasta junio. “No tenemos cómo pagar servicios, comida o arriendo. Esta emergencia mundial nos agarró desprevenidos a todos”, añade.

Gran Acuerdo Venezuela, una plataforma que reúne a 190 organizaciones de la sociedad civil compuestas por población migrante venezolana en Colombia y población colombiana retornada, está gestionando donaciones. Han recibido alrededor de 10.000 solicitudes de apoyo, en palabras de Aimara Sánchez, quien maneja las comunicaciones de la campaña. “Tuvimos un formulario abierto la semana pasada durante tres días para registrar las solicitudes de ayuda, y recibimos más de 7.000 en todo el país. Pero han seguido llegando a través de redes sociales y del correo. Muchas ni siquiera las hemos podido registrar”.

La condición migratoria irregular de muchas familias venezolanas agrava el asunto. Ester Peña, venezolana y madre de dos menores de edad que estudian en un colegio distrital de Bogotá explicó que sus hijos “tienen el pasaporte vencido, por eso están de manera irregular en Colombia. Como no tienen documentos, no les ha salido lo de los refrigerios escolares. Les dieron un código para inscribirlos y recibir los refrigerios, pero en la página no me acepta ese código de la Secretaría de Educación”. Tampoco este recurso, con el que contaban familias venezolanas para la alimentación de sus hijos, está garantizado en estas circunstancias.

El problema es de dimensiones inabarcables, como lo hizo evidente la aglomeración de decenas de venezolanos haciendo fila en la entrada de la Alcaldía de Medellín el 24 de marzo, luego de que rotara una cadena de información falsa que afirmaba la entrega de un subsidio de 60.000 pesos por parte de esta entidad. Lo evidencian también los grupos de Facebook y de Whatsapp, convertidos en los medios predilectos de comunicación entre venezolanos y venezolanas en Colombia: abundan los mensajes que piden información sobre organizaciones que puedan ofrecerles ayuda humanitaria u otros que simplemente ruegan por alguna donación para alimentar a sus familias.

Según datos del 2018 del DANE, la pobreza entre la población venezolana migrante en Colombia alcanzaba el 40%. Aunque aún no hay cifras actualizadas con la situación desatada por la pandemia, probablemente la reducción de ingresos que ha generado la cuarentena haya aumentado estas estadísticas.

EN MATERIA DE SALUD, LOS RIESGOS SUPERAN AL CORONAVIRUS

Los expertos coinciden en que la principal preocupación son los migrantes irregulares, o sea, aquellas personas que no cuentan con los documentos necesarios, entre otras cosas, para afiliarse a una EPS o al Sisbén. Al 31 de diciembre de 2019, según información de Migración Colombia, había 1.771.237 ciudadanos venezolanos viviendo en Colombia, de los cuales 1.017.152 correspondía a migrantes irregulares: o sea, el 58%.

De cara al Covid-19, y en el papel, la solución existe. La reglamentación en Colombia exige a las entidades e instituciones prestadoras de salud que todo migrante con estatus irregular tenga atención médica de urgencias, de ahí que, en principio, si alguien en este grupo de personas tiene síntomas o resulta contagiado, no debería tener ninguna barrera para acceder a mecanismos para que se detecte el virus o recibir asistencia médica si su condición se complica.

Esto lo refuerzan los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud el pasado 31 de marzo, en los cuales se condensan una serie de recomendaciones a entidades territoriales, EPS, IPS y centros de albergue. En conclusión, el gobierno nacional ordena un tratamiento igualitario ante la crisis desatada por la pandemia, sin importar el estatus migratorio. Incluso, sugiere una atención integral: divulgación de información sobre la enfermedad, atención en salud mental, medidas de alojamiento.

Pero… ¿qué pasa en la realidad?

Laura Dib, asesora de la clínica jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, cuenta que las urgencias médicas han sido un tema constante de consulta durante estas últimas semanas por parte de los migrantes. Aunque no han recibido casos puntuales de Covid-19, “personas que necesitan recibir tratamiento para enfermedades como el cáncer o el VIH tienen sus servicios suspendidos”, enfatiza.

Esto acentúa la idea de que la pandemia se convirtió en una suerte de barniz que tumbó la primera capa de pintura de una pared resquebrajada. Se trata de problemas que no son nuevos, pero que dado el inminente colapso del sistema de salud agudizan la dificultad de los migrantes para ocupar un lugar allí.

“Tuvimos un paciente — a quien llamaremos Emilio* — que de verdad estaba muy mal. Tenía un sangramiento por la orina y cada vez que iba a urgencias lo remitían al especialista. Aunque él ya es portador de salvoconducto — un documento que garantiza temporalmente su estadía, es decir que le da vía libre a la afiliación al Sisbén o a una EPS — no ha podido afiliarse porque no le han hecho la encuesta del Sisbén; tenía la cita para el mes de abril y con esta emergencia ya no sabemos cuándo podrá ser”, cuenta la abogada. En Colombia, hay cerca de cinco mil personas que han solicitado el estatus de refugiado, de acuerdo con datos de R4V, que estarían en la misma situación que Emilio.

En Twitter, Felipe Muñoz, asesor presidencial para la crisis migratoria, nos remarcó que la medida tomada por el Ministerio de Salud “es de avanzada comparada con muchos países y evidencia la decisión de inclusión”. Sin embargo, Julián Fernández Niño, doctor en epidemiología, advierte que los lineamientos planteados por el gobierno, “pese a ser coherentes con las recomendaciones de organizaciones internacionales como la OIM y Acnur”, necesitan tener en cuenta una serie de riesgos específicos a los que están expuestos los migrantes irregulares por estos días. Algunos de ellos: conocen menos la operación, estructura y rutas de acceso al sistema de salud; podrían tener miedo de consultar y someterse así a medidas de expulsión; tienen bajos ingresos, viven en condiciones de hacinamiento o en la calle, y muchos son trabajadores informales.

Ana Margarita González, abogada de Women’s Link, sostiene que esto no solo debe preocupar a los migrantes, debido a la necesidad que tienen todos los países de detectar, aislar y monitorear a las personas contagiadas. “Si hay personas migrantes con miedo de ir al médico, en caso de que tengan sospechas de portar el virus, porque están en situación migratoria irregular, va a ser muy problemático para la salud pública en el país”, aseguró.

Para Lucía Ramírez, investigadora de Dejusticia, la respuesta tiene que ser de raíz. Mientras se siga asociando la posibilidad de acceder a derechos a la diferencia entre regulares e irregulares, no habrá manera de enfrentar los desafíos a largo plazo de un fenómeno como la migración.

Ella también sugiere que no es tan cierto que tengamos necesariamente que costear su salud. De acuerdo con información del Ministerio de Salud, a corte del 30 de junio de 2018, del total de venezolanos afiliados al sistema de salud, con Permiso Especial de Permanencia (PEP), el 93% pertenecían al Régimen Contributivo y el 7% al Régimen Subsidiado. Es justo por eso que Ramírez se pregunta “¿qué pasaría si abrimos más posibilidades para que los migrantes puedan regular su estatus?”.

EL PRIVILEGIO DE PERTENECER Y SER CIUDADANO

Buena parte de las personas que atiende por estos días Laura Dib en la clínica jurídica, tienen el mismo problema: o su salvoconducto venció o había sido aprobado, pero la imposibilidad de reclamarlo ha prorrogado su situación irregular.

La abogada hace un llamado, casi a manera de grito de auxilio, a que las autoridades y distintas instituciones relacionadas con la migración en el país recuerden y apliquen lo que ordena el decreto 491 del 28 de marzo del 2020, donde se deja claro que: “Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado […], se entenderá prorrogado automáticamente hasta un mes”.

Esto significa que, en línea con las disposiciones del gobierno nacional, la cuarentena no debería ser una amenaza de expulsión para los migrantes.

Pero, mientras el acceso a la salud y a otros derechos siga estando atado al PEP o a un salvoconducto, seguirán existiendo quienes en el territorio colombiano sean consideradas personas de segunda categoría. ¿Hasta cuándo la ciudadanía será un privilegio?

Este asunto se agrava si le sumamos lo explicado por Dejustica en su charla virtual Coronavirus y desigualdad: no es fácil regularizar la situación para cualquier migrante. La opción del PEP, que es la más común, no está abierta permanentemente; al 24 de febrero de 2020 solo 679 mil personas habían accedido a esta medida, es decir el 40% de los venezolanos. Tampoco los salvoconductos están disponibles — como lo denuncia Laura Dip — . El único camino que les queda en este momento es el Permiso Especial de Fomento al Trabajo, pero para eso necesitan la voluntad de su empleador para hacer el trámite y, antes de eso, una oferta de empleo, asunto que no es muy promisorio en estos tiempos.

Esto es a lo que se están enfrentando los y las venezolanas en Colombia. Un panorama nada alentador, alimentado por el crecimiento de discursos xenófobos y de exclusión, empeñados en la distinción entre colombianos y venezolanos de cara a una emergencia sanitaria mundial que no precisa esa separación. De este absurdo no se escapó la alcaldesa liberal Claudia López, cuando le pidió a Migración Colombia que se haga cargo de los venezolanos, desconociendo que esta entidad no tiene funciones humanitarias y mientras que el Ministerio de Salud le devuelve la responsabilidad al ordenar a los entes territoriales destinar espacios y recursos a la inclusión de los migrantes. Entonces ¿quién responde?